Política

Miedos y el tiro por la culata

octubre 22, 2017

La nota de contraportada de ayer daba cuenta del programa de retiro gradual de tropas federales para inducir a los gobiernos estatal y municipales, civiles, a hacerse cargo de su propia seguridad pública. La realidad parece insistir en definirse por la violencia en estallidos intermitentes. Al respecto, el senador José Yunes respondió que el convenio de seguridad debe ampliarse.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que las denuncias por extorsión se triplicaron mientras que los secuestros prácticamente se duplicaron y las escenas macabras de cadáveres mutilados siguen apareciendo por la geografía del estado.

No son casuales, pues, las conclusiones del Orfis en el sentido de que Veracruz no es atractivo para la inversión como tampoco lo es que los índices de competitividad se hayan precipitado.

La seguridad pública debe ser administrada por las autoridades civiles. Si en buena parte del país no ha sido así, obedece por un lado a que durante casi dos sexenios la responsabilidad y capacidades de las autoridades civiles fueron inhibidas por la presencia y las operaciones militares. Pero este largo periodo especial –militarizado– no sólo no sirvió para asegurar parámetros de seguridad aceptables, sino que inhibió a las autoridades civiles que fueron llanamente enajenadas de la responsabilidad.

El resultado es que parte muy importante de las autoridades y burocracias municipales no tienen idea, ni redes, ni elementos de decisión para hacerse cargo de la tarea. Dicho de otro modo, la militarización ha trabajado en contra del conocimiento y experiencia de las autoridades civiles en la delicada tarea de la responsabilidad.

El sostenimiento de la solución efectista de un gobierno ilegítimo ávido de justificación en 2006 socavó en mucho las habilidades, conocimientos y redes de operación de los civiles para hacerse cargo de la tarea. De ahí su inseguridad.

Dice el senador que el convenio de coordinación con los cuerpos federales debe mantenerse. No le falta razón si nos atenemos a los números básicos del horror. Pero entonces ¿Qué han hecho las autoridades durante todos los años de militarización de la seguridad pública?

Si se amplía o no el convenio está por verse, pero las autoridades que debieron haber asumido la tarea de reconstruir y ampliar la confianza de los cuerpos policiacos municipales deben dar la cara y rendir cuentas de su quehacer.

La calamitosa circunstancia de la seguridad a nivel municipal y la infección con el crimen organizado debe ser ventilada públicamente. ¿Qué hicieron? ¿Qué dejaron de hacer? ¿Quién evalúa su responsabilidad y resultados?

Los delitos que cometieron funcionarios del gobierno anterior van mucho más allá de la apropiación patrimonialista del dinero público. Mucho tienen que ver y mucho más daño hicieron por delitos de omisión o llano desinterés. Esto debe ser revisado no sólo en el nivel de las ex autoridades estatales, sino también en las municipales.

La evaluación debe hacerse no sólo para saber qué pasó, sino para saber dónde estamos parados, cuáles son nuestras capacidades y qué podeos hacer con ellas.