Política

Desobedecer, resistir, preservar

octubre 18, 2017

Hace cinco años, las empresas mineras canadienses pagaban entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada. Hoy pagan lo mismo y sin ningún costo por la destrucción que causan. El país les es atractivo no sólo por la existencia de oro y plata en el suelo y subsuelo nacionales, sino particularmente porque el marco jurídico es estúpidamente laxo. A ejecutivos y legislativos –panistas y priístas– parece importarles un carajo los daños irreversibles de su impacto. Porque no es sólo la deforestación sino el envenenamiento por mercurio que infringen a la tierra por la lixivación.

Son miles las denuncias internacionales en Latinoamérica, África y Asia por sus terribles impactos; existen cientos de estudios, documentos, folios, académicos y científicos que documentan a detalle la irreversibilidad de su impronta en los países huéspedes y, sin embargo, siguen presentes y creciendo porque los gobiernos nacionales y locales han sido criminalmente permisivos al respecto.

Es verdad que la atribución de las concesiones mineras corresponde al Gobierno Federal y que los estatales poco tienen que ver en la decisión, pero con las evidencias de su devastación tan en la mano, se antoja que los gobiernos locales debieran desobedecer, rebelarse ante la concesión de explotaciones a cielo abierto en sus territorios.

Por lo pronto, si no lo hacen los gobiernos, la sociedad es la que debe movilizarse, desobedecer y resistir la agresión. Está visto que es posible, como sucedió hace un par de días en Boca del Río cuando un par de perturbados a sueldo del estado intentaron detener y llevar presa a una mujer. En el mejor de los casos.

Las autoridades estatales y municipales también deben resistir ante la agresión porque la ley, como está, es laxa, permisiva y estúpida. En Filipinas, en marzo de este año, el gobierno anuló 75 concesiones a mineras por el daño ecológico que infringían al país desde 2004. Costa Rica lo hizo desde el 2010.

No es difícil imaginar las ingentes cantidades con las que esas empresas canadienses untan la mano de los gobiernos. Tampoco es difícil suponer que las actuales autoridades mexicanas son receptivas a los ofrecimientos. Basta remitirse al caso Lozoya-Odebrecht, tan eficientemente sofocado luego de los escándalos mayúsculos en Brasil y otros varios países del sur del continente.

La presencia de la minería canadiense a cielo abierto agrede mortal al suelo, a la población y a los intereses colectivos nacionales. Desobedecer a quien somete a los gobernados a esa agresión es moralmente obligado, políticamente correcto y humanamente cabal.