Política

Indefensión. Terror al Estado

octubre 17, 2017

Ayer, Veracruz –y el resto del mundo– se enteraron en vivo del intento de secuestro de una mujer, médico de profsión, por parte de dos policías ministeriales.

La señora Araceli Serralta González barruntó alguna irregularidad peligrosa y no hizo caso de la indicación de parar. Decidió buscar refugio en algún lugar donde hubiera testigos oculares y llegó, huyendo, al café La Parroquia. Los agentes ministeriales entraron por ella al café, la sacaron conduciéndola por ambos brazos mientras la señora clamaba voz en cuello por ayuda por tratarse de un secuestro. No hay ninguna razón para pensar que no fuera así, aun cuando el vehículo que usaban los presuntos policías tenía, por el dicho y video del periodista Marcos Miranda Cogco, placas gubernamentales.

Sólo uno de ellos accedió –a medias– a mostrar su identificación; no así el subordinado que lo acompañaba.

El video es explícito y clarísimo, los agentes ministeriales intentaron detener a la señora sin haber verificado con precisión su identidad. Balbucearon que la vieron salir de su casa, cosa que suele hacer cualquier persona que tiene la fortuna de vivir en una; como si salir de una casa fuera método suficiente para verificar su identidad. El video completo circuló ampliamente en redes fue reproducido en muchas páginas personales redes sociales. No hay duda posible de la arbitrariedad y el terror que infunden los agentes del estado. Tampoco la hay de la crasa impreparación de éstos.

La señora fue sacada del establecimiento y forzada a subir a una camioneta estaquitas de doble cabina. Los gritos, entre el terror y la protesta, llamaron la atención de quienes se encontraban en ese momento en el café, la intervención oportuna del colega periodista y de otros testigos y transeúntes obligaron a los agentes a soltarla.

Sentada en una mesa exterior al establecimiento y protegida por clientes, la señora desahogaba su terror mientras que los agentes insistían en pedirle que se identificara.

¿Cómo? ¿Eso quiere decir que los agentes del estado no estaban seguros a quién detenían y aterrorizaban? Sin duda que así fue, en el mejor de los casos y suponiendo la ofensiva impreparación de éstos, porque estando protegida por ciudadanos insistían en que se identificara.

¿Entonces el protocolo de detención es primero subir al vehículo, luego esposar y sólo después, eventualmente, verificar la identidad de quien detienen? ¿Es eso presunción de inocencia? ¿Quién puede asegurar que los agentes no llevaban una orden falsificada para facilitar la obediencia?

Cuando el supuesto agente al mando se identifica a petición de una ciudadana comensal, lo hace ocultando con los dedos su identidad. ¿Es ése el procedimiento oficial? ¿El protocolo de detención autoriza amedrentar con arma de fuego a quien va a ser detenido, incluso cuando tal persona no va armada ni hay ningún motivo que justifique sacar el arma? Es claro que no y el fiscal Winckler lo aceptó poco tiempo después de que el asunto se extendiera en redes sociales. Dijo que sancionaría a los elementos de la Policía Ministerial exhibidos. ¿Cuál es la sanción para la arbitrariedad, la prepotencia y la incompetencia? ¿Cómo es posible que agentes ministeriales desconozcan o actúen como si así fuera, las leyes, procedimientos y las garantías individuales? ¿Hasta dónde llegará la sanción?

¿Cuál es la garantía que el gobierno y el fiscal ofrecen a la sociedad de que tales elementos no actúan en colusión con el crimen organizado? ¿La hay? ¿Cuál es el nombre de los agentes?

Éstas son preguntas que la autoridad debe responder a la sociedad para dar credibilidad a las intenciones manifestadas por el gobierno.

Hay, sin embargo, una evidencia y lección esperanzadora: a la sociedad la salva la sociedad, nadie más.