Política

A la ilegalidad de Yunes Linares, rapiña de Duarte

octubre 14, 2017

Dicen y dicen bien que entre ladrones no hay jerarquías; y como afirma Maquiavelo: el fin justifica los medios. Así que no nos asombremos si en un régimen de leyes, democrático y de derecho, como el que presumimos que existe en nuestro país, se violenta la norma que precisa que la ilicitud con que se obtiene una prueba lleva a la nulidad de todo lo actuado y, en consecuencia, como ya se ha dicho, sólo es mediático y escandalizante, pues conduce a que no se imparta la justicia que la sociedad demanda. Por el contrario, se desprestigian las instituciones.

Ello es así, a resultas de lo que se nos informa que la fiscalía de Veracruz, en la desesperación de dar resultados en el corto tiempo, trastoca el artículo 16 constitucional que señala clara y contundentemente: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento", de ahí que si no existe una orden judicial sobre la incautación de los bienes que se encontraron en un domicilio, supuestamente del cautivo gobernador Javier Duarte de Ochoa, es nulo de pleno derecho y la nulidad no prescribe.

No existe ninguna necesidad de violentar los derechos de nadie si el propósito es impartir justicia, porque los ordenamientos jurídicos vigentes señalan los parámetros para que la autoridad –la más obligada a observar la ley–, privilegie el respeto a los derechos humanos, pues hacerlo de manera distinta sólo contribuye a que la corrupción y la impunidad sigan siendo norma de conducta en el país y que jamás se supere la inseguridad, la criminalidad y la incertidumbre, que es el caldo de cultivo en la conducta de quienes ejercen funciones públicas.

Si las reformas constitucionales ordenan: "Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad", y si además obliga al Estado a "prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos", ¿qué sentido obscuro encierra transgredir el orden jurídico que no sea la mera notoriedad?

En la lista de los diversos objetos que se publican en la Gaceta Oficial del Estado para que quienes se consideren con algún derecho acudan a reclamarlos en un lapso de tres meses, no es suficiente para tener por consentido por ese solo hecho, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que esos edictos no causan estado, es decir, en cualquier tiempo se puede reclamar, aunado a que no existe autorización judicial –al menos se desconoce– para ese propósito, pues aunque se sospeche que corresponden al cautivo exgobernador, no se acredita si fue materia de la extradición los bienes de la bodega de Córdoba.

Podrá decirse que esos objetos fueron adquiridos con recursos del Gobierno del Estado, pero tendrá que demostrarse de manera fehaciente y está sabido que nadie puede hacerse justicia por propia mano, sino que serán los tribunales los que la impartan "de manera pronta, completa e imparcial" y con el escándalo mediático no se garantiza que habrá éxito, pues el nuevo sistema penal es oral y contradictorio, donde las partes gozan de los mismos privilegios –víctima y victimario–, es decir, la igualdad es plena.

Si la justicia en nuestro país tiene su tiempo, no se considera que le alcance al gobernador dos añeros ver acariciado el propósito de consumar, a plenitud, su obra de llevar a prisión a todos los que saquearon a la entidad, unos por acción y otros por omisión, o bien que se le pase la cuenta que actuó selectivamente y que nos sale debiendo.

limacobos@hotmail.com / Twitter: @limacobos1