Política

El gobierno impasible

octubre 14, 2017

La narrativa del horror que vive el país desde hace más de 10 años parece excesiva, hasta que se la compara con lo que pasa en Veracruz. Las autoridades no la reconocen ni mucho menos aceptan que lo que hacen al continuarla es someter a la población civil justo a los traumas e incertidumbres de guerra. De una guerra civil donde la víctima principal es la población no combatiente, como siempre.

¿No es contradictorio que México pague los costos de una guerra declarada en los años 70 justo cuando en la mayor parte de los estados de la Unión Americana han legalizado el uso de la mariguana? Que es, por cierto lo que más consume el mercado. México es desde hace más de una década un magnífico cliente de la industria armamentista estadounidense; uno de los lobbies más poderosos y con mayor influencia en el Congreso. Mantener la guerra contra las drogas no beneficia a la población de ese país y mucho menos a la de México. Pero es difícil contener a quien incluso ha logrado que, con base en una enmienda del siglo XVIII, cuando las armas eran de tiro por tiro, alimentadas con bayoneta desde la boca del cañón (avancarga), se permita a cualquier vecino poseer e incluso caminar por las calles con un arma de repetición, un rifle de asalto. El comercio mundial de armas se ha incrementado pero mientras que en Latinoamérica y África las importaciones han declinado, México va a contrapelo; de 2011 a 2015 la compra de armas creció en 331 por ciento (comparada con 2006 a 2010) según los datos difundidos por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Desde hace años The New Yorker sostuvo que México vivía una "guerra civil de baja intensidad" librada principalmente en pueblos y ciudades de la que no se salva la población civil. Citó entonces los casos del incendio en el Casino Royal, registrado en Monterrey, Nuevo León; la matanza de Boca del Río, Veracruz, y los granadazos en Morelia, Michoacán, la noche de un 15 de septiembre, entre otros muchos hechos.

La aproximación violenta y armada al tráfico de drogas obedece no tanto a los intereses del gobierno de Estados Unidos como a los intereses de su industria armamentista.

Es a esta "racionalidad" a la que obedece la fallida política mexicana contra las drogas y es esta política la que ha significado para los mexicanos el horror.

Ayer, las mujeres y hombres del Colectivo Solecito fueron enterados de que 12 de los más de 300 cuerpos hallados en fosas clandestinas pertenecen a hijos de familias del Colectivo Solecito. Sorprendentemente, las autoridades impidieron la entrada a la reunión entre Campa Cifrián y Jorge Winckler.

No hay nada menos privado que las decisiones que los gobiernos tomen en cuanto a la seguridad y reparación de los daños de las víctimas de la violencia en México.

¿Qué ocultan o por qué ese afán por el secretismo y la confidencialidad ad náuseam en un asunto tan marcadamente sensible y precisamente con el Colectivo Solecito, al que la sociedad veracruzana le debe tanto? ¿Por qué no informar directamente a las víctimas familiares? ¿Cuál es la secrecía que desdibuja la obligación más elemental del gobierno de atender a las víctimas familiares de la violencia armada? ¿Los secretos delicadísimos que escondan no son problema de los gobernados? Lo que ellos piden es saber sobre sus hijos. ¿Cuál es el impedimento para atenderlos e informarles? Es responsabilidad gubernamental para con las víctimas de una política repudiada por todos.