Política

Reconstrucción y transformación

octubre 08, 2017

Los fenómenos hidrometeorológicos, químicos, geológicos y socio-organizativos están y estarán presentes en nuestra vida cotidiana y por consiguiente, también están y estarán presentes los funestos impactos socioeconómicos que ocasionan. Los efectos de este tipo de fenómenos naturales y antrópicos tendrán una mayor o menor magnitud en función de las condiciones de vulnerabilidad que tengan las zonas afectadas por los desastres.

Las medidas preventivas permitan evitar o mitigar los impactos de los incidentes anteriormente mencionados; entre estas medidas se pueden mencionar: la identificación de los riesgos, la cultura de previsión del riesgo, atlas de riesgos, ordenamientos territoriales, los reglamentos de construcción, sistema de alertas, mecanismos de transferencia de riesgos, así como el desarrollo de planes y programas que permitan enfrentar las contingencias. Este tipo de medidas son esenciales para proteger la integridad física de los individuos.

En el caso de la Ciudad de México, las acciones en materia de prevención de los desastres efectuadas a partir del sismo de 1985 permitieron enfrentar de una mejor manera las labores de emergencia que se realizaron en el sismo del 19 de septiembre de 2017, aunque se detectaron algunos problemas –susceptibles de mejoramiento– en este tipo de acciones; estas se relacionaron con algunos problemas de liderazgo, organización, coordinación, falta de aplicación de los reglamentos de construcción, etcétera. A su vez, las medidas de emergencia desarrolladas en las entidades federativas siniestradas pusieron al descubierto la desigualdad en las respuestas que se tuvieron en el centro y la periferia, así como la débil cultura de la prevención que tienen las zonas con menor nivel de desarrollo económico del país.

Una vez que finaliza la fase de atención de emergencias, se requiere llevar a cabo medidas relacionadas con la restauración de las condiciones de vida de las comunidades afectadas. La restauración y reconstrucción comprende medidas enfocadas a la restauración o reconstrucción de la vivienda, los edificios, los hospitales, las escuelas, las vías de comunicación, la electricidad, entre otras. Paralelamente, se deben emprender acciones que restauren las condiciones económicas, sociales y ambientales de la sociedad, así como de las condiciones materiales de vida de los individuos (empleo, ingreso, alimentación, vestido, etcétera) y de la salud emocional de estos.

Algunos de los planes de reconstrucción que han tenido éxito en los países que han padecido desastres naturales presentan las siguientes características: 1) Planes orientados a la disminución de las vulnerabilidades al riesgo que representan los desastres; 2) Fuentes de financiamiento adecuadas; 3) Liderazgo y coordinación institucional en los diferentes niveles de gobierno; 4) La participación ciudadana; 5) El profesionalismo y la experiencia de los encargados de los trabajos técnicos y 6) La transparencia en todos los actos realizados.

Para enfrentar los impactos socio-económicos de los sismos del 7 y del 19 de septiembre, el gobierno emprendió la tarea de levantamiento de un censo sobre los daños y pérdidas materiales; paralelamente a las actividades realizadas en materia de emergencia, se contabilizaron los decesos y una vez que dispuso de datos preliminares de los daños físicos y de los damnificados se realizó el cálculo de los requerimientos financieros, los cuales ascienden a una cifra aproximada de 37 mil 500 mdp. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado oficialmente el monto de recursos que se dispondrán para realizar las acciones de reconstrucción. La información disponible permite contabilizar los recursos provenientes de las aportaciones privadas, del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y de aquellos que se obtengan del ajuste presupuestal de 2018.

En cuanto a las acciones de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los siniestros, el gobierno propuso un plan de reconstrucción orientado a la restauración o reedificación de los bienes inmuebles, como viviendas, edificios, escuelas, hospitales y patrimonio cultural. A estas acciones se incorporaron algunos programas de empleo temporal y el apoyo a los micro y pequeños negocios. Hasta el momento, el gobierno ha enfrentado problemas financieros por lo cual no se ha dado la respuesta urgente que los damnificados necesitan.

El plan de reparación y de reconstrucción de los inmuebles que ha propuesto el gobierno mexicano no implica el desarrollo de mayores capacidades para enfrentar nuevos desastres; para construir sociedades con mayor capacidad de respuesta a los desastres naturales o antrópicos se requiere la reducción de la vulnerabilidad de éstas a los riesgos que ellos representan. En lugar de reproducir las mismas vulnerabilidades a los desastres, se deben desarrollar las condiciones que permitan una mejor capacidad de respuesta y de superación de los siniestros. Este tipo de respuesta no es otra cosa que dotar a las entidades federativas de instrumentos que les permitan construir un desarrollo sostenible.

Finalmente, los legisladores deberían estar discutiendo la pertinencia de los planes y estrategias para enfrentar los actuales y futuros desastres, las posibles fuentes de financiamiento, la normatividad relativa a la previsión de desastres y su aplicación, entre otras acciones a desarrollar. Lo más cómodo para ellos, ha sido avalar y aprobar los planes y programas de austeridad neoliberal que ha venido desarrollando el gobierno como respuesta a las crisis y desastres naturales y antrópicos que ha padecido el país.