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Renuncié "para limpiar mi imagen": médico acusado de golpear a abogada

octubre 05, 2017

Mientras el médico, ex jefe de Planificación Familiar en el "Hospital Regional Luis F. Nachón José", Miguel Hernández Ortega, daba su versión ante los medios de comunicación, Sara Cano Corros, le gritó ¡cobarde! y lo acusó de haber golpeado a su hija, Alejandra González Cano, la madrugada del 19 de septiembre.

La madre de Alejandra acudió a una rueda de prensa, convocada por el doctor, para escuchar su versión y dar su postura al respecto y aseguró que el médico está protegido por un alto mando de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

"La licenciada Nora Gómez es la pareja sentimental de este sujeto y que no es la primera vez que lo denuncia. La señora me dijo que tenía temor a denunciar porque al parecer este sujeto está relacionado con un alto mando de la policía".

También se dice que el padrastro del doctor es familiar de Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de la SSP, quien está preso en el penal de Pacho Viejo, Coatepec, desde el 3 de febrero, pues enfrenta dos procesos judiciales: uno por tráfico de influencias y abuso de autoridad, y otro por enriquecimiento ilícito.

La madre de la víctima aseguró que Hernández Ortega ha sido denunciado penalmente varias veces por agredir físicamente a mujeres, "la pareja sentimental del doctor está amenazada, no lo digo yo, ella lo dijo en declaraciones ministeriales".

En tanto el doctor señaló que Alejandra se encontraba en estado de ebriedad la noche en que fue golpeada y quedó inconsciente sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a lo que Sara Cano dijo "mi hija escribió mensajes de texto, no se encontraba en estado de ebriedad, no habría podido escribir bien".

Pero ambas partes, la madre y el doctor cayeron en contradicciones sobre los lugares, los horarios de los mensajes, la hora en que se llevó el incidente, y sólo dejaron ver versiones contradictorias en el caso.

Se ampara médico del Hospital Civil acusado de golpear a abogada

El médico general Miguel Hernández Ortega buscó un amparo ante un juez federal, tras la denuncia de lesiones y omisión de auxilio que interpusieron en su contra ante la Fiscalía General del Estado, por la supuesta golpiza que propinó a la abogada Alejandra González Cano el 19 de septiembre.

En conferencia de prensa, el médico dijo que renunció al cargo público como "Jefe de Planificación Familiar" en el Hospital Regional "Dr. Luis F. Nachón" para aclarar públicamente las acusaciones que hay en su contra.

Miguel Hernández refirió que el lunes 18 de septiembre estaba en un restaurante desde las 16 horas con Nora Gómez Hernández, cuando Alejandra González llegó al lugar alrededor de las 22 horas para saludarlos.

Posterior salieron los tres del restaurante y cada quien se fue por su lado: "Yo estaba con la licenciada Nora Gómez, cuando Alejandra habló que quería hablar con ella. Yo niego que la golpeé, yo quiero que lo aclare la Fiscalía y que nos apeguemos. Tenemos miles de testigos de que la licenciada Cano llegó en estado de ebriedad. Cuando llegó efectivamente no iba golpeada", dijo.

Dijo que el problema se volvió mediático porque es un "asunto político" que quieren afectar al hospital civil, al secretario de Salud y al gobernador.

El médico se negó a mostrar documentos oficiales de supuestas denuncias, del amparo y de su labor como médico. "Alejandra quería que me despidieran del hospital, pero no me despidieron, yo sólo renuncié el viernes pasado y pedí la renuncia para que todo esto se aclare y limpiar mi imagen", refirió.

Veracruz falló en acatar las recomendaciones de la Conavim

El estado de Veracruz ha fallado en acatar las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en torno a las deficiencias jurídicas, de políticas públicas y operativas sobre los derechos de las mujeres.

Activistas, académicas y miembros del grupo de trabajo en el Gobierno del Estado, demandaron que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, acate las recomendaciones que hasta ahora ha desatendido y que, por ende, en los poderes Legislativo y Judicial se haga lo propio pues hasta ahora no hay avances o estos no son significativos.

Las autoridades en el estado tenían seis meses para acatar y responder positivamente a las observaciones que realizó la Conavim ante la violación y vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero una vez concluido el plazo, ni siquiera se cumplió con uno de los objetivos principales: la reforma al Código Penal para aumentar las causales y término para el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Sin prórroga para gobierno

La vocera de la asociación civil Equifonía, promovente de la solicitud de alerta, Araceli González Saavedra, consideró que, dada la falta de compromiso por parte de las autoridades estatales para atender las recomendaciones de la Conavim, no se debe otorgar una prórroga de seis meses más para atender el tema.

Y es que una de las principales recomendaciones era que el titular del Poder Ejecutivo, Miguel Ángel Yunes Linares, presentara al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal del estado a fin de establecer el concepto de aborto bajo el concepto de que es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación.

"Que el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio", y no con la "concepción" como hasta ahora aparece en la ley.

Además, modificar el texto legal para eliminar la sanción a las mujeres que "provoquen o consientan que se les practique un aborto", y que se apliquen medidas que respeten sus derechos humanos, conforme a Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, en un plazo no mayor a dos años.

El gobernador tiene la responsabilidad de presentar la reforma para que se eliminara la punibilidad del aborto y en cambio se establecieran excluyentes de responsabilidad penal para las mujeres que se lo practiquen.

Lo anterior, en los casos de embarazos por imprevisión, cuando sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida; cuando de no provocarse, la mujer embarazada quede en peligro de muerte o en riesgo su salud a juicio del médico y con la opinión de otro facultativo, siempre que ello fuere posible y la demora no aumente el riesgo; o a juicio de dos médicos, exista razón suficiente de que el producto padece una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves y se practique con el consentimiento de la mujer embarazada.

O bien por causa involuntaria de la mujer embarazada, debido a factores externos y biológicos.

No obstante, esta primera recomendación no ha sido acatada y, por el contrario, el Gobernador no sólo no ha enviado la iniciativa al Congreso local, sino que tampoco se ha pronunciado sobre este tema.

Por ello, la activista dijo que la prórroga que en algunos casos otorga la Conavim no es pertinente en tanto el Gobernador del estado no se comprometa a enviar la iniciativa.

"En otros estados cuando el gobierno ha presentado avances en cada una de las recomendaciones se considera dar una prórroga de seis meses, aunque no esté dentro del reglamento; sin embargo, para nosotras no tendría caso la prórroga si el titular del Ejecutivo no se compromete a presentar la iniciativa".

Fiscalía, opaca

Desde hace más de un mes y medio, las integrantes de la asociación Equifonía solicitaron una reunión con el fiscal general Jorge Winckler Ortiz, a fin de que les informara sobre los trabajos para atender las observaciones que hizo a este ente autónomo la Conavim; sin embargo, hasta ahora no las ha recibido.

La vocera de la organización civil, Araceli González Saavedra, dijo que, si bien la Fiscalía General del Estado (FGE) ha estado capacitando a su personal y en la mejora de la coordinación con la Secretaría de Salud para la atención de víctimas de violencia sexual, hay pendientes que no han sido atendidos.

"Tenemos más de mes y medio buscando una reunión con el fiscal y se supone que debieron darnos una respuesta, pero hasta el momento no hemos podido reunirnos con él (…) Nos dicen que tiene interés pero que no ha tenido tiempo".

Las recomendaciones incluyen remitir inmediatamente a las mujeres víctimas de violación sexual a los servicios de salud para que reciban la profilaxis contra infecciones de transmisión sexual, anticoncepción de emergencia y, en su caso, se les practique una ILE.

Además, crear un registro que especifique el sexo y edad de las personas acusadas o en prisión por el delito de aborto y por homicidio en razón de parentesco. Registrar el delito de homicidio en razón de parentesco cuando se trata de un producto nacido y es menor a 72 horas de vida.

Es por ello que, hasta ahora la Fiscalía no ha informado sobre el avance o incumplimiento en torno a estas recomendaciones.

Por su parte, la coordinadora del Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Olivia Aguilar Dorantes, advirtió la Fiscalía maneja con opacidad la información sobre los delitos relacionados con mujeres.

"Estamos ante una grave situación de opacidad porque no hay información, ni las instituciones cuentan con ella para poder tomar sus decisiones y focalizar sus programas, organizar sus prioridades. Hay total opacidad y eso no abona a las condiciones del ejercicio de nuestros derechos, hay un agravio al ejercicio de nuestros derechos por eso decimos que es por agravio comparado porque mientras en otros estados sí tienen acceso a esos derechos, las veracruzanas no lo tienen como si hubiera diferencias entre una y otros".

Congreso incumplido

Si bien el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares es la autoridad que debe mandar la iniciativa para reformar el Código Penal en el estado, las especialistas en el tema advierten que el Poder Legislativo ha desviado la atención del desechamiento sin discusión de la iniciativa presentada por la diputada Tanya Carola Viveros para ampliar las causales y extender el plazo para la ILE.

Entre las modificaciones que la Conavim hizo al Poder Legislativo se incluyó la modificación del artículo 149 del Código Penal para no considerar como delito la interrupción voluntaria del embarazo llevada a cabo, cuando menos, durante las primeras 12 semanas de gestación, así como agregar la causal de riesgo para la salud y mantener las de imprevisión, violación sexual o inseminación artificial no consentida (sin restricción temporal), peligro de muerte para la mujer embarazada y alteraciones físicas o mentales del producto.

Para el grupo de trabajo de la Conavim, la criminalización de las mujeres por el delito de aborto y, en algunos casos, por el delito de homicidio en razón de parentesco o infanticidio, continúa siendo una realidad preocupante en el estado.

Ante esto, la coordinadora del proyecto "Asesinatos de Mujeres y Niñas" de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados González, advirtió que en el Congreso del estado se desechó la iniciativa presentada por la legisladora de Morena, a pesar de que no dieron argumentos válidos.

Lamentó que el discurso político se haya privilegiado por sobre los intereses de las mujeres en la entidad, pues a la sesión extraordinaria en que fue desechada la propuesta solo votaron los diputados panistas y perredistas, ya que los priistas, de Morena y del grupo mixto Juntos por Veracruz, decidieron no asistir. Ni siquiera Viveros Cházaro acudió a defender su iniciativa.

"Encontré un discurso de los legisladores, lo que siempre hay, de descalificaciones entre partidos, pero no una reflexión y una argumentación puntual sobre las razones del porqué la iniciativa no era pertinente".

Dijo que esto permite observar un panorama con una inminente declaratoria de una segunda alerta de violencia de género por las omisiones tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo.

"El Ejecutivo tenía una recomendación puntual y quien vino a poner sobre la mesa la posibilidad del cumplimiento de esa recomendación fue el Poder Legislativo".

Esta opinión fue compartida por Araceli González que señaló que, al vencimiento del plazo, el Congreso el que no ha cumplido con una sola de las recomendaciones para realizar las reformas al Código Penal.

Secretaría de Salud ,sin avances significativos

La coordinadora del Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Olivia Aguilar Dorantes, señaló que los requerimientos necesarios para que el Estado garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no han sido atendidos.

En el caso del Sector Salud, recordó que una de las recomendaciones del a Conavim consiste en que implementar la NOM 046 (en casos de atención a víctimas de violencia sexual) para garantizar el acceso a la ILE, pero hasta ahora dijo que solo tienen conocimiento de que esto se hizo efectivo en tres casos.

Los Servicios de Salud también están obligados a elaborar un programa estatal de ILE y publicarlo en la Gaceta Oficial del Estado, capacitar al personal de atención, integrar una base de datos para conocer el número de solicitudes y efectivo acceso a la ILE por violación, así como registrar los abortos médicos llevados a cabo por tipo de causal legal.

De la misma forma garantizar que en todas las regiones del estado se cuenten con centros de salud en los que se provean los servicios para la ILE, que cuenten con personal de salud no objetor de conciencia, capacitado en los métodos de interrupción legal del embarazo, tanto médicos como quirúrgicos; que el personal de salud salvaguarde el secreto profesional para proteger la privacidad de las mujeres que acuden a que se les brinde este servicio y así evitar su criminalización.

Esto aunado a la difusión sobre el reconocimiento de la ILE como un servicio de salud al que las mujeres tienen derecho, sin la necesidad de presentar denuncia ni contar con una autorización previas en los casos de violación sexual, que hasta ahora no se ha podido observar ya que ni siquiera se ha destinado recurso para tal efecto.

A pesar de que la Conavim advirtió que en Veracruz se encuentra obstaculizado el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y esto genera una inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la NOM-046 en esta materia, nada ha cambiado desde que se dieron a conocer las observaciones en marzo pasado.

"En el estado de Veracruz las mujeres continúan enfrentando una regulación restrictiva, en la que destaca la ausencia de la causal de riesgo para la salud de la mujer en el Código Penal. Ello, en opinión del grupo, contribuye a la alta tasa de muerte materna en el estado", dice el documento de análisis de la Conavim.

Poder Judicial responde lentamente

La vocera de la asociación Equifonía, Araceli González Saavedra, aseguró que hay entre 8 y 14 mujeres que siguen encarceladas por delitos relacionados con el aborto y que en algunos casos fue tipificado como homicidio en grado de parentesco, a pesar de que fueron abortos espontáneos.

"Se mantiene en la revisión de expedientes que esperan sentencia por casos de aborto como aquellas que están encarceladas y está catalogado como homicidio cuando hemos documentado que son abortos espontáneos, pero al ser embarazos de tercer trimestre se enjuician".

No obstante que el grupo de trabajo de la Conavim determinó que el Poder Judicial debe garantizar la reparación integral del daño para las víctimas de violaciones a derechos humanos por la falta de acceso al aborto legal, no se ha cumplido a cabalidad.

Y es que aunque la reparación del daño incluye que la persona pueda recobrar las condiciones en las que estaba antes de la injusticia y se le brinde atención médica, psicológica, acompañamiento no solo a ella sino a los familiares y la reparación económica, este último punto no ha sido acatado.

González Saavedra dijo que aunque se han excarcelado a algunas mujeres, la reparación del daño depende de qué tipo de medidas enfrenten las mujeres porque incluso hay casos en los que se agotaron los recursos legales para ser absueltas y lo que queda es la liberación anticipada.

"En este caso no hay un derecho a la reparación, puesto que fueron juzgadas, se les dictó sentencia y la cumplieron; hay otros casos en que se promueven amparos y se establece su liberación inmediata porque hubo fallas en el debido proceso o porque no hubo evidencia suficiente para ser considerada culpable y ahí sí se considera la reparación".

Además de estos pendientes, el Poder Judicial, a cargo del magistrado presidente Edel Humberto Álvarez Peña, debe garantizar que se investiguen y resuelvan en un plazo razonable, los expedientes y carpetas de investigación iniciadas por los delitos de aborto y homicidio en razón de parentesco, bajo una perspectiva de género y los más amplios estándares internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres.

Debe también capacitar al personal de impartición de justicia para juzgar con perspectiva de género y generar un registro de las sentencias y el diagnóstico de casos revisados.

Gobierno ,sin compromiso con las veracruzanas

A raíz del incumplimiento del estado de las recomendaciones de la Conavim, las especialistas lamentaron que existe una falta de seriedad en el tema, y que no son prioridad para el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

La coordinadora del Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Olivia Aguilar Dorantes, dijo que dada la falta de seriedad y compromiso de parte del Gobierno del estado de atender las recomendaciones, hasta ahora el balance es negativo.

"Si no hay un avance en el aspecto medular de las recomendaciones de Conavim, que es la iniciativa (para la reforma del Código Penal) no podemos decir que hay avances significativos.

"Sabemos que la división de poderes que debería haber, no la hay; si el Ejecutivo hubiera mandado la iniciativa (al Congreso local) tal cual lo recomendó la Conavim, hubiera sido aprobada, pero no ocurrió".

Dijo que es evidente la falta de seriedad para atender los temas y las problemáticas de las mujeres en el estado y que esto ha sido un común denominador de esta administración.

"Desde el primer día que rindieron protesta hemos visto una tras otra vez que el tema de las mujeres no es prioritario".

La académica de la UV, Estela Casados González, dijo que es necesario que se emita la alerta de género por agravio comparado, pero siempre y cuando el Gobierno federal otorgue un presupuesto y una serie de regulaciones.

"Bien detalladas, una metodología de la aplicación de la declaratoria porque en todos los estados en donde se ha decretado la alerta el gobierno federal no ha hecho una aportación presupuestal- Las acciones para defender los derechos y las vidas de las mujeres necesitan un presupuesto específico que permitan echar a andar todas las acciones".

La investigadora consideró que al Gobierno federal se le olvida que el estado de Veracruz tiene una crisis financiera terrible que está costando vidas a las mujeres.

"Muchas veces la falta de un presupuesto bien etiquetado o la ausencia de este no ha permitido que se salvaguarden la vida de las mujeres".

Para Aguilar Dorantes en las próximas semanas se decretará la segunda alerta de género y Veracruz será pionero negativo en la violación de los derechos humanos de las mujeres.

"Exigimos que el Gobierno del estado cambie sus prioridades y una de ellas sea la salud, la justicia y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres".

Aún no hay fecha para veredicto de Conavim

La vocera de Equifonía, Araceli González Saavedra, indicó que aún no hay fecha para que la Conavim dé su veredicto sobre la solicitud de alerta de género por agravio comparado, ya que no laboró durante dos semanas por los daños que presentaron las instalaciones durante el terremoto del pasado 19 de septiembre.

"Se retrasó la entrega de las evidencias durante dos semanas, pero el corte de lo que deben informar es al 30 de septiembre, lo que se retrasó fue la fecha de entrega de las evidencias".

Dijo que el resultado depende de los tiempos de quienes integran el grupo de trabajo porque se entrega la documentación, se analizan y tras esto se dictaminan, y recordó que en la pasada alerta el grupo de trabajo tardó cuatro meses en dar el resultado.

"Esperamos que sea en octubre o a más tardar en noviembre cuando la Conavim informe acerca del análisis del grupo".