Política

Lavida emite carta para intentar que MAYL detenga obra minera

septiembre 22, 2017

Integrantes de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) entregaron una carta al gobernador con el fin de que el gobernante emita una opinión negativa en contra la explotación de oro en el predio La Paila (antes Caballo Blanco) y en El Cobre, pues ésta será determinante para detener la instalación de la minería tóxica en Veracruz, así como será un gesto simbólico del compromiso de su gobierno con el bienestar de la ciudadanía.

En la misiva la organización defensora del medio ambiente ennumeró los daños que provocaría la minería, con los proyectos "La Paila" y "El Cobre", desarrollados, en terrenos comprendidos entre los territorios de los municipios de Alto Lucero y Actopan, por las empresas trasnacionales Candelaria Mining y Almaden Minerals, respectivamente.

En atención a las necesidades de los frágiles ecosistemas de este territorio, le pidieron que haga un pronunciamiento público inequívoco en el cual señale los riesgos asociados a estos proyectos, recomiende a las empresas involucradas desistirse de las concesiones otorgadas y establezca que, en el ámbito de las competencias establecidas por la Constitución y normas secundarias, el estado de Veracruz no otorgará permiso alguno que coadyuve al desarrollo de estas actividades de extracción de los bienes minerales en estos municipios.

En el documento entregado ayer en las oficinas del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, exponen que el estado ocupa el tercer sitio a nivel nacional en cuanto a biodiversidad, sólo después de Chiapas y Oaxaca, con una flora calculada entre las 7700 y 9136 especies, asimismo se encuentra entre los nueve estados con mayor número de endemismos. Al igual abordaron la riqueza del agua con la que cuenta la entidad veracruzana.

El polémico proyecto de explotación minera a cielo abierto, antes denominado "Caballo Blanco", con ubicación en los municipios de Alto Lucero y Actopan, ha regresado con algunos cambios, por ejemplo, ahora su nombre es el de "La Paila" y pertenece a la empresa Minera Caballo Blanco, S.A. de C.V., que es una subsidiaria de la empresa canadiense Candelaria Mining.

"Lo más importante que debe saber es que el 17 de agosto de 2017 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en la Gaceta Ecológica un extracto del proyecto al cual le asignó la clave 30VE2017M0136, con lo cual se hizo público que el proyecto está siendo evaluado en materia de impacto ambiental y que su Gobierno tiene otra vez en su manos la posibilidad de convertirse, como lo fue en 2012, en el gran amparo de las personas y biodiversidad que habitamos este territorio".

El nuevo proyecto, al igual que en 2012, representa un riesgo inaceptable para la sociedad veracruzana y los ecosistemas donde vive por varias razones como: la presencia de la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV) y sus líneas de alta tensión –las obras de estos proyectos mineros pretenden realizarse a menos de 2.5 kilómetros de la nuecleoeléctrica al interior del Plan de Emergencia Radiológico

Además está la presencia de ductos de Pemex, y la amenaza cilmatológica, cambio climático –el proyecto eliminaría importantes barreras orográficas que protegen al centro de Veracruz frente a la llegada de huracanes y tormentas tropicales provenientes del Golfo—. Asimismo el proyecto representa una amenaza a los derechos humanos al medio ambiente sano, la salud y al agua de las comunidades aledañas al proyecto porque supone: la destrucción de cícadas milenarias y encinares tropicales –especies endémicas protegidas—;una de las principales regiones de generación de germoplasma para los bosques tropicales de Veracruz; pérdida de fertilidad, erosión y contaminación de suelos a partir de dispersión de sustancias tóxicas por vía eólica o por medio de drenaje ácido.

Al igual se prevé pérdida de empleos en actividades asociadas a la ganadería y el turismo –pobremente compensados por empleos en la mina para trabajadores no calificados oriundos de la región— y pérdida de fuentes de abastecimiento de agua limpia para poblaciones vecinas al proyecto minero –con costo al erario al mediano y largo plazo, debido a la necesidad de generar infraestructura que cubra estas deficiencias.