Política

Morena promueve amparo contra la reestructura y créditos por 38 mmdp

septiembre 22, 2017

El grupo legislativo de Morena promovió un juicio de amparo indirecto contra el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y el propio Congreso del Estado, por la aprobación de los decretos número 258 y el 317, emitidos por el Poder Legislativo estatal en el que aprobaron refinanciar o reestructurar la deuda pública de la entidad con una contratación de créditos hasta por 38 mil millones de pesos, asimismo la emisión de la convocatoria y las bases de la licitación pública que equivalen al monto total de los saldos pendientes de cubrir con cargo a las ya de por sí afectadas participaciones federales.

El día de ayer fue recibido el juicio constitucional promovido por los 12 legisladores locales de Movimiento de Regeneración Nacional, ante el Poder Judicial de la Federación, toda vez que se violenta el "decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios", aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 26 de mayo de 2015.

En contravención a esta reforma constitucional a los artículos 25, 73, fracciones VIII, XXIX, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución, así como el "Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental", que fue publicado el 27 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo número 79/2016, del secretario de Hacienda y Crédito Público, así como los "Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos".

En ellos el Congreso de la Unión establece la forma y las limitaciones en que habrá de contratarse la deuda pública de estados y municipios en función de su capacidad de pago, pues la gran mayoría de los recursos públicos que reciben son de participaciones federales y para que los créditos no sobrepasen la capacidad de operación y funcionamiento de las entidades públicas; así pues, el decreto número 258 viola los artículos 14, 16 y 117, fracción VIII, constitucionales, en lo relativo al análisis de la capacidad de pago; el monto y destino de los financiamientos; el plazo de los financiamientos, la celebración de los financiamientos bajo las mejores condiciones de mercado y el quórum especial para llevar a cabo la autorización del citado decreto.

Tampoco el Congreso del Estado tenía facultades para emitir el citado decreto, pues esta es una competencia del Congreso federal y por eso invade las funciones de la Unión, con el beneplácito del Ministerio Público Federal, y mucho menos facultades para autorizar a un tercero ajeno a la administración pública para asumir créditos en nombre del estado de Veracruz, con instituciones financieras.

Los legisladores de Morena consideran que los decretos violentan el marco constitucional pues la principal crítica de este gobierno a los regímenes priístas ha sido la opacidad y el endeudamiento, pero la administración panista-perredista está repitiendo la misma estrategia y está tendiendo una cortina de humo de combate a la corrupción, cuando en el fondo se trata de "un gobernador priísta pintado de azul y amarillo".