Política

El INE, ante las elecciones, mendiga caridad a Peña

septiembre 13, 2017

Es muy doloroso, por decir lo menos, que un país que presume y alardea de democrático y de derecho como el nuestro, que el organismo que se encarga de vigilar que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo sea "mediante elecciones libres, auténticas y periódicas" –artículo 41 constitucional– tenga que mendigar al presidente Peña Nieto que cuide las elecciones y que no intervenga, pues su participación puede ser "un disruptivo, como ya sucedió en 2006".

La advertencia –que es grave– no proviene de cualquier hijo de vecino sino del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdoba, ante la amarga experiencia del pasado en que "el Instituto Federal Electoral (IFE) llegó a determinar que un presidente de la república había violado la Constitución; me refiero a Felipe Calderón, y no pasó nada, porque tenemos un sistema inacabado de responsabilidades de los servidores públicos", en concreto, el "demócrata" panista, con las mismas mañas de Fox Quesada –provienen del mismo establo– impidieron el ascenso de López Obrador en 2006 y en 2012, a la presidencia de la república.

Esta denuncia, por sí sola, debe ser razón suficiente para que este pueblo miserable se rebele para que jamás se utilicen los recursos públicos para que estos delincuentes electorales sigan medrando –que debe calificarse de delito grave, más grave que los que ahora señala el artículo 19 constitucional, como son " delincuencia organizada, homicidio doloso,. Violación secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud, pues en sí mismo se niega validez a los principios rectores de "certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad "artículo 41 fracción V de la Constitución Política del país.

La conducta de los presidentes de la república como la de los gobernadores, esencialmente, además de los poderes fácticos, enturbian los procesos electorales e inhiben la participación ciudadana y la mejor demostración está en las elecciones recientes donde el presidente de la república, por ejemplo, en el Estado de México impuso, en primer término, a su primo como candidato del Partido Revolucionario Institucional y es público y notorio que los recursos del estado fluyeron de manera por demás descarada y así, con las dádivas que da el populismo que tanto condena, sacarlo adelante con trastupijes y mil artimañas.

Si el presidente del órgano electoral hace este señalamiento enérgico y lo apoya en el hecho de que como jefe de Estado, la figura presidencial tiene "una responsabilidad mayúscula en cuidar las elecciones y no intervenir". Eso no lo digo yo, sino la constitución y vale para el gobierno federal y los locales. Por eso hay límites, prohibiciones, y es una pena que el legislador no haya cumplido con su trabajo de regular en la ley buena parte de las directrices que impone la constitución a todo funcionario público, a todo gobierno.

Como podrá verse, la denuncia está presentada a tiempo y ante los inminentes destapes de los candidatos para presidente de la república, gobernadores, senadores y diputados en donde, por cierto, Peña Nieto, al no tener ningún freno ni contrapeso en su partido, hará lo que le dé su regalada gana, designando a sus candidatos y, aunque sabemos que el legislador está al servicio del presidente de la república, por ser mayoría ya se vio la mini crisis parlamentaria en que , para evitar que su carnal Procurador General de la República tuviera ascenso inmediato como fiscal anticorrupción por nueve años, se obligó al gobierno a comprometerse a reformar el artículo transitorio respectivo, y permitir el funcionamiento de la mesa directiva.

Tal parece que tenemos a un presidente del INE mendicante, pero a estas alturas del partido y ante la lucha electoral que se avecina de pronósticos reservados, Peña Nieto podrá hacer con su partido lo que le venga en gana, sin embargo, la advertencia es clara, y aunque el legislador ha sido omiso en realizar su tarea en cuanto a las sanciones claras, precisas y contundentes, Córdoba tendrá que estar a la altura de las circunstancias, pues de lo contrario, ese organismo quedará sepultado para siempre, sin credibilidad ni respeto y como rémora del sistema corrupto y corruptor n