Política

Discernir en México (no) es un privilegio

septiembre 08, 2017

A propósito de la creciente inseguridad que padecemos a nivel nacional, la desorganización de los partidos políticos que hacen tambalear a las cámaras del Congreso, un presidente que aprovecha al máximo los cinco días que la ley le permite promocionar su quinto informe de gobierno después de su entrega, metiéndonos spots hasta por debajo de las uñas, y otras cosas que lastiman, preocupan e incomodan a la ciudadanía, le recomiendo leer el ensayo de Maruan Soto Antaki, "Reserva del vacío". Su envidiable prosa lo dejará sediento y absorbido, con la cual describe a la muerte como una mera invención literaria: "así como el amor, la muerte no es más que lo nosotros queramos que sea". Le aseguro que será un agradable e ilustrativo escape momentáneo de los tópicos tan socorridos de esta semana.

Sin embargo, mi comentario también es con la intención de que preste singular atención al prólogo de dicha obra, pues la prologuista, de cuyo nombre quisiera acordarme en este momento, nos invita a reflexionar de forma extraordinaria sobre la libertad de expresión. Dice, y estoy de acuerdo con ella, que nuestro derecho a decir lo que se nos venga en gana, no está limitado por nada. Ni siquiera por el hecho de que con nuestras palabras podamos ofender a otros. Por ejemplo, la teoría de la evolución tal vez ofende a miles de creyentes, empero, no es razón suficiente para censurar la ciencia. Si limitamos todo aquello que ofende, nos quedaremos sin discurso.

¿Podemos insultar a alguien por su ideología política o afinidad partidista? Claro que podemos. No obstante, algo distinto es decidir si nos gusta ofender a otros. En mi particular caso, estimado lector, no me gusta y por ello no lo hago, pues la moral individual es la única limitante a la ofensa. Claro que, a estas alturas, seguramente se pregunta por qué traigo a colación todo esto, y la razón es simple: en nuestro país, la libertad de expresión puede ser fácilmente censurada y en muchas ocasiones le cuesta la vida a quienes la ejercen. A pesar de no ser un tema que encabece la agenda de los últimos días, sí es algo que se encuentra dentro de los retos que tenemos como sociedad y como nación.

En tal sentido, no he podido obviar lo que hace un par de días leí sobre unos militantes de Morena en el estado de Sinaloa. El caso es que Jaime Palacios, hasta hace unos meses presidente del partido de AMLO en dicha entidad, declaró que, en octubre de 2015, en un mitin en el auditorio dela Torre médica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), López Obrador nombró a Jesús Estrada Ferreiro como Promotor de la soberanía nacional, o lo que es lo mismo, candidato a la gubernatura de Sinaloa para los comicios de 2016.

La noticia fue recibida con singular desencanto por los militantes de Morena, pues Estrada Ferreira no contaba con buena fama pública; se le acusaba de estar ligado con el PRI y no haber realizado "trabajo territorial" alguno. Una vez más, López Obrador había ignorado la voluntad de sus seguidores e impuso al candidato que quiso. Y no satisfecho con lo anterior, el político tabasqueño, en medio de gritos y abucheos, señaló a los inconformes como empleados de la mafia del poder. Qué novedad.

Pero la cosa no acabó allí. Lo más grave vino después, cuando "los protagonistas del cambio verdadero" que protestaron en contra de la decisión de AMLO fueron sancionados y en algunos casos expulsados del partido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Entre los expulsados estuvo Huberto Aramberri, un estudiante de economía de la UAS que, con 21 años, se desempeñaba como Secretario de Jóvenes de Morena en Sinaloa.

Aunque no minimizo este suceso, en el que varias personas, incluido un estudiante universitario, fueron víctimas de las represalias de uno de los políticos más reconocidos e intolerantes del país, sólo por expresar ideas distintas y mostrarse inconformes, existen casos más graves de censura.

Desde hace más de 10 años, los periodistas en México son objeto de una aberrante realidad. No son ni más ni menos importantes que los cientos de miles de mexicanos que han muerto por la ola de violencia desatada en lo que va del siglo. Pero cobra relevancia el que un periodista es asesinado por el simple hecho de ser un periodista. Esto atenta no sólo contra una persona en especial, sino contra el derecho de todos los mexicanos a la libertad de expresión. Crea una sensación gigantesca de impotencia y vulnerabilidad.

En lo que va del sexenio, suman 36 comunicadores asesinados por el ejercicio de su profesión. Cándido Ríos, periodista veracruzano, actualizó la cifra cuando, aún bajo la tutela del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fue asesinado junto a dos personas cuando terminaba de redactar las notas del día y regresaba a su hogar. La lista de periodistas finados se vuelve más larga: ya son 10 en 2017.

La crisis moral del Estado mexicano es aún más preocupante. Los periodistas que han muerto por dar a conocer información sobre el crimen organizado y los casos de corrupción que permea el quehacer de algunos funcionarios, significan también un retroceso para nuestra democracia. Las instituciones que han nacido ante la exigencia de que no queden impunes estos homicidios, han sido improductivas, por no decir inútiles.

Por otro lado, existen instancias como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), cuya intervención ha rayado en lo patético en algunas ocasiones. Este órgano, más al pendiente de que el país se conduzca de acuerdo al criterio de las minorías, en vez de convocar a que todas las voces y pensamientos convivan de forma respetuosa, ha protagonizado intromisiones en la labor de algunos periodistas, evidenciando aún más que la libre expresión en México, en realidad está sujeta a la decisión de unos cuantos.

Si no me cree, recordemos el asunto del intelectual y ex director de TV UNAM, Nicolás Alvarado. Su columna sobre la muerte de Juan Gabriel, en la que opinó de forma distinta a los cientos de miles de seguidores del Divo de Juárez, despertó una impresionante polémica, ya que, en su artículo de opinión publicado en Milenio, Alvarado se refirió a las lentejuelas de Juanga como "jotas" y "nacas". Vaya que si se le fueron encima n

Consulte el artículo completo en el sitio web: www.jornadaveracruz.com.mx

Aun cuando expertos del CIDE y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Máxima Casa de Estudios del país, realizando un minucioso análisis del texto, coincidieron en que Nicolás Alvarado no publicó dicho artículo como funcionario público (lo cual hubiese sido peor), y que el propio autor, dando una cátedra de antropología del lenguaje, aclaró que esas palabras no fueron empleadas de forma discriminatoria o peyorativa, sino como una estrategia de apropiación del lenguaje, tema que ha estudiado a lo largo de 27 años de trayectoria académica, el Conapred actuó como lo hubiese hecho la mayoría de las sensibilidades heridas: dictaminó medidas precautorias, no facilitó audiencia alguna con el posible discriminador y le pidió que ofreciera una disculpa pública. ¿Censura? A mí me parece que sí.

Ya sea empleando los estatutos de un partido político, la fuerza física o la violencia institucional, la libertad de expresión no es una práctica plena en México. La facilidad con que una persona o puñado de unos cuantos, determina qué podemos decir o no, es algo inadmisible si queremos alcanzar un país realmente plural y equitativo. Creo que el primer paso debe ser un esfuerzo común para evitar que personajes con actitudes antidemocráticas, que a todas luces no son abiertos al diálogo, sean los protagonistas de la vida pública en México. Y créame, 2018 es el escenario para dar ese paso.