Política

Migrantes y testaferros

septiembre 03, 2017

Hace un par de días se dio a conocer que en el norte del estado la Policía Federal habrá de reforzar la presión que se ejerce sobre los traficantes de indocumentados. Esto, a raíz del rescate reciente de 43 migrantes centroamericanos que viajaban en condiciones infames en la caja de un tracto camión.

El enfoque de combatir la mafia pollera es infinitamente más productivo que el de cebarse sobre los migrantes como hasta ahora han hecho los gobiernos propiciatoriamente por instrucciones de los Estados Unidos. México no tiene por qué hacer en su territorio el trabajo sucio para E.U., que es lo que consistentemente han hecho los gobiernos mexicanos. Tanto en el nivel federal como estatal.

La migración ilegal que entra en los Estados Unidos lo hace mayoritariamente de forma legal. Entran con visa y permanecen. La migración por tierra puede ser notoria pero es mucho menor en términos de éxito y permanencia.

Los gobiernos mexicanos han cedido a las presiones estadounidenses sin el menor intento de resistir o de usar esa herramienta como instrumentos de presión en favor de los intereses nacionales. Hace muchos años que nuestras administraciones abjuraron de sus compromisos populares y justos para con el resto del subcontinente latinoamericano.

En la definición de políticas migratorias debe ocupar un lugar preponderante el reconocimiento de los problemas de orden estructural en los países de la región. Esto es sustantivo y tan elemental que los gobiernos simplemente lo omiten. Las causas y circunstancias de las migraciones centroamericanas hacia los Estados Unidos no han mostrado cambios sustantivos a lo largo de los últimos cien años y es claro que tienden a profundizarse. Entre éstas: el recurrente y acendrado proceso de concentración de la riqueza en pequeños grupos o élites nacionales, como el fondo de un añejo problema agrario regional.

A pesar de las iniciativas de reforma agraria (en sus distintos niveles y grados de alcance), éstas no han sido suficientes para asegurar el acceso a la base material de vida de amplios sectores de población de vocación agrícola. Paralelamente existe una ausencia extendida y generalizada de políticas de desarrollo rural y manufacturero que limita la diversificación productiva, el acceso a la tecnología agrícola, a los mercados internacionales en el contexto de la globalización actual y de la puesta en operación de diversos acuerdos comerciales. Las limitaciones de orden estructural se agravan ante la ausencia de políticas que favorezcan la redistribución de la riqueza.

Lo demuestran palmariamente los índices de desarrollo humano en la región, reflejo de esa notable dificultad poco atendida. En los últimos años los problemas de orden estructural se han profundizado por las políticas de ajuste y reforma estructural que han debilitado aún más los Estados nacionales. En el contexto de un período de democratización que en todo caso requeriría del fortalecimiento de los Estados para la construcción de la mentada democracia que, en tales condiciones, no pasa de ser un mero deseo. Las altas tasas de crecimiento poblacional presionan a su vez sobre los magros empleos, en la lógica del mercado ojete tan del gusto de los gobiernos neoliberales. El interés nacional exige tomar distancia del interés estadounidense y rechazar la presión para vigilar migrantes, pero perseguir a la mafia del tráfico de personas es obligado.