Política

SSP pide disculpa forzada a padres de Playa Vicente; "encubre a Bermúdez"

septiembre 02, 2017

Playa Vicente, Ver.- El secretario de Seguridad Publica, Jaime Téllez Marié, ofreció disculpas a los padres de los cinco jóvenes desaparecidos de manera forzada por policías estatales, con un simple discurso y sin un compromiso real de parte del estado de castigar a todos los implicados, incluyendo a la cadena de mando que llega hasta Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En cuatro ocasiones se canceló la reunión solicitada por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, ya que les decían que el gobernador, Miguel Ángel Yunes, tenía interés en estar presente.

Sin embargo, de manera intempestiva los padres de los jóvenes José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz, Bernardo Benítez Arroniz y Susana Tapia Garibo fueron notificados que se les requería para trasladarse a Boca del Río, donde se realizaría la reunión de manera cerrada.

Los padres de los jóvenes que fueron desaparecidos forzadamente en enero de 2016, se negaron a moverse de sus hogares y al final no se presentaron ni Campa Cifrián, ni Yunes Linares.

Los que sí llegaron a la reunión fueron el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, el Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, y representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), todo ellos con el propósito de darle cumplimiento a la recomendación 5VG/2017, que se le hiciera al gobierno de Veracruz.

El primer punto de la recomendación es una disculpa de carácter institucional, la cual se pretendía hacer a puerta cerrada, pero por decisión de los agraviados permitieron el ingreso de la prensa a su propiedad.

Téllez Marié leyó un mensaje donde el estado reconocía la detención, tortura y ejecución arbitraria a los cinco jóvenes, realizada por elementos de la SSP y se comprometió a mejorar la capacitación de los elementos.

"Ofrezco una disculpa institucional, de carácter publica a los familiares de las víctimas: Bernardo, José, Mario Arturo, José Alfredo y Susana, medida de satisfacción que prevé la Ley General de Víctimas, no obstante que se trata de hechos ocurridos en la administración anterior, esta disculpa pública incluye el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades".

El gobierno del estado de Veracruz reprobó los hechos ocurridos en Tierra Blanca y manifestó su "compromiso de llevar todas y cada una de las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a la recomendación integrada en aras de la reparación integral del daño a las víctimas".

Téllez Marie aseguró que se toman las medidas para que en esta administración no se vuelvan a presentar casos de desapariciones forzadas. La reunión apenas duró unos 20 minutos, ya que tanto el secretario como el Fiscal se negaron a trabajar en una agenda de puntos pendientes que tienen los familiares de las víctimas y sus abogados; de manera educada permitieron que leyeran su mensaje y después les pidieron que se retiraran".

Gobierno de Yunes protege a Bermúdez

Los padres de los cinco jóvenes decidieron cortar la reunión, ya que los funcionarios del estado señalaron que sólo iban a realizar el acto protocolario y no estaban dispuestos a dialogar ni establecer ninguna agenda de trabajo con ellos, ya que eso le correspondía a la Secretaría de Gobernación (Segob).

Celestino Espinoza Rivera, abogado de estas familias, confirmó que la petición de ellos es que se le dé seguimiento por parte de la Fiscalía a la denuncia contra Arturo Bermúdez Zurita, y a toda la cadena de mando de la SSP, quienes sabían de la operación de los elementos para la delincuencia organizada en esa zona.

Detalló que en la investigación, el ex secretario de Seguridad Pública confirmó que tuvo conocimiento de la desaparición de los jóvenes y no actúo, por lo que tiene responsabilidad en la desaparición forzada, aunque la Fiscalía les exige una declaración que lo inculpe para darle curso a la investigación.

El abogado señaló que hay una clara intención del estado para proteger a Arturo Bermúdez en esta nueva denuncia, luego de que el ex titular de la SSP se ha vuelto el testigo clave en la investigación de Javier Duarte de Ochoa.

También las familias han solicitado a la Fiscalía General del Estado (FGE) que entregue el expediente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), para que ellos lleven la investigación, alegando que la oficina que dirige Jorge Winckler, "no cuenta con recursos para sacar copias".

Con el mismo argumento, les han negado copias del expediente, por lo que existe el temor que en el corto tiempo puedan alcanzar un amparo a los implicados, aseguró José Benítez.

Señaló que las actitudes de las autoridades los dejan enojados, ya que existe una alta posibilidad que Marcos Conde, ex delegado de la SSP y los policías que están detenidos puedan alcanzar su libertad, por la mala integración del expediente y violaciones al procedimiento.