Política

Orfis o contralorías, tapaderas de corrupción e impunidad

septiembre 01, 2017

Ningún sentido tienen las famosas contralorías internas de los gobiernos, sea federal o estatal, o bien, la Auditoria Superior de la Federación y Orfis (Organo de fiscalización superior), cuando no sea para crear más burocracia y simular que existe vigilancia de los recursos públicos, cuando más bien constituye el centro de solapamiento y tapadera para la corrupción e impunidad, pues hasta la fecha no existe un servidor público encausado o procesado y, lógicamente, eso no acontece, cuando el Ministerio Público es amanuense del presidente o gobernador en turno, y en el caso de Veracruz, a sotto voce , se dijo que Mauricio Audirac –responsable del Orfis, ahora imputado– al través de su despacho privado, limpiaba los ayuntamientos para evitar que fueran sancionados.

Causa un profundo dolor y malestar, además de encabronamiento e indignación –porque sin duda nos ven la cara de idiotas, por no decir otra cosa por respeto a quienes nos leen– cuando observamos que el presidente Peña Nieto revive la Contraloría de la federación, que estaba sepultada, por la falta de credibilidad y constituía una farsa, para que lo investigue por corrupción y nombra a su titular que, después de ese espantoso ridículo lo envía al banco del gobierno –Bansefi– para aquello de que vivir fuera del presupuesto es" un error", y no pasa nada.

Ahora, después de ese cinismo asombroso y deleznable, el presidente es encausado y la sociedad lo aplaude porque dejó el gobierno; en tanto, la nueva secretaria de esa dependencia, Arely Gómez, que fue procuradora de la República, logró esclarecer, de manera científica y clara, que los asesinatos de los 43 maestros de Iguala, Guerrero, como los enfrentamientos con el ejército en Tlatlaya, Estado de México y Nonato en Michoacán, están resueltos y que los responsables, plenamente identificados, están sujetos, de acuerdo con el nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y oral, a los juicios respectivos, respetándoles los derechos de presunción de inocencia y debido proceso, vaya, el país está en la modernidad, esto en el imaginario de la consolación.

Por ello, ridículo mayor resulta este propósito ingenuo, en tanto no acontezca lo que vemos en Guatemala, donde las Naciones Unidas han propiciado la creación de un Ministerio Público o fiscalía especial, que profundiza, sin límites algunos en las investigaciones, dado que la corrupción alcanza a todos y consecuentemente, los países, si no es así, jamás encontrarán que la justicia se imparta sin complicidades y componendas y México no es ni será la excepción.

El mejor ejemplo lo tenemos con la empresa corruptora más importante en el continente americano, Odebrecht, que en México no dejó títere con cabeza, pues desde Calderón –el autor de los crímenes más nefandos en México, hasta Peña Nieto–, les mojó la mano, no sólo para ganar elecciones sino para enriquecerlos impunemente.

Ahora se explica uno por qué el temor de Peña Nieto de que el fiscal anticorrupción o quien integre el Ministerio Público no sea Raúl Cervantes Andrade, quien, además, no ha revelado los trastupijes que el director de Pemex y el presidente hicieron con la empresa brasileña porque, en tanto en Perú y demás países, se señalan directamente a los presidentes, aquí el silencio llega al asombro infantil, es decir, nadie va a denunciar penalmente al presidente, y menos quienes han estado y están a su servicio, pues dudo que Medina Mora, ministro de la Corte propuesto por Peña Nieto, vaya a emitir un voto en su contra si viene precisamente de la complicidad de Calderón que lo hizo procurador y toleró el atropello contra la francesa Florences Casez.

De otra suerte, no estaríamos enterados de que el presidente del PAN ha enriquecido a su familia aprovechado su papel protagónico en la política, sin embargo, al resultarle respondón, en los días subsecuentes la guerra en contra de Anaya seguirá hasta someterlo, pues no es poco lo que está en juego, de tal manera que "calumnia que algo queda".

Por ello, ningún sentido tiene capacitar a los funcionarios de las contralorías o los orfis, cuando no sea para que tengan más capacidad y experiencia para tapar la corrupción, pues como afirmaba López Arias, "los contadores desaparecen un elefante sin rastro alguno", y si ésa es la intención de fondo, los nuevos juicios penales obligarán a los abogados a estar preparados y certificados para tener éxito.