Política

El presupuesto del INE y el financiamiento de los partidos políticos

agosto 27, 2017

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un presupuesto de 25 mil millones de pesos para el año electoral 2018; de este monto, 18 mil 256 millones de pesos se destinarán a gasto operativo y 6 mil 778 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes. Los partidos políticos recibirán un total de 4 mil 296 millones de pesos para gasto ordinario, mientras que para las actividades de campañas electorales contarán con 2 mil 148 millones de pesos. La aprobación del mencionado presupuesto del INE implicaría un aumento del 100%, así como un incremento del 121% del financiamiento de los partidos políticos durante el período de 2000 a 2018.

El presidente del INE sostuvo que para el otorgamiento del financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes para el período electoral de 2018, los consejeros se guiaron por lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué establece la Constitución Política de México en esta materia? La fracción II del artículo 41 de la Constitución ordena lo siguiente:

"El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 35 de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70 por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior".

A partir del fragmento copiado del artículo 41 de la Constitución se puede inferir lo siguiente: 1) en el modelo de financiamiento de los partidos políticos tiene un peso preponderante el financiamiento público; 2) el financiamiento tiene una tendencia al crecimiento, debido al proceso de crecimiento de la población y 3) esta tendencia al crecimiento del financiamiento público se encuentra reforzada por el incremento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); esta unidad de medida aumenta de acuerdo al incremento en el nivel de precios.

Ante esta situación, existe una polémica entre los defensores y detractores del financiamiento públicos a los partidos políticos y candidatos independientes. Los defensores del financiamiento público de los partidos políticos utilizan los siguientes argumentos: 1) el financiamiento público limita la influencia de fuentes de financiamiento con intereses particulares; 2) el financiamiento público permite una mejor fiscalización de los recursos utilizados por los partidos políticos y 3) condiciones adecuadas de equidad en la competencia electoral.

Por su parte, los detractores destacan las distorsiones que provoca este tipo de financiamiento, como: 1) los partidos políticos se han convertido en partidos rentista, que viven a costa de los impuestos que paga la ciudadanía; 2) la monopolización por parte de las dirigencias centrales de los recursos públicos se traduce en escaso o nulo financiamiento para los candidatos a la diputación y a las presidencias municipales; 3) los partidos políticos se apropian de recursos públicos que pueden canalizarse hacia la atención de las necesidades prioritarias de la población.

Los actos de corrupción (casa blanca, saqueo de gobernadores, etc.), el gasolinazo y la desconfianza que tiene gran parte de la población sobre el actuar de los políticos, se han convertido en factores que han obligado a los partidos políticos a presentar iniciativas de ley tendientes a la reducción al financiamiento de los partidos políticos y a su forma de distribución.

Por lo que hace a la reducción del monto de financiamiento de los partidos políticos se han presentado dos propuestas: 1) en lugar de utilizar el padrón electoral se propone la utilización de los votos válidos emitidos como elemento a multiplicarse por la UMA y 2) que el valor de la UMA se reduzca del 65% al 50%. En cuanto a la distribución del monto de recursos se tienen las siguientes propuestas: 1) que se mantenga la misma distribución porcentual de los recursos públicos; 2) que el porcentaje se divida en 50% de forma igualitaria y 50% de acuerdo a los votos obtenidos y 3) que el monto del financiamiento de los partidos políticos se distribuya de manera igualitaria.

En las pasadas elecciones del Estado de México, Coahuila y Veracruz, se pusieron al descubierto las estructuras paralelas de financiamiento y el desvío de recursos públicos de los gobiernos estatales hacia las campañas electorales. En estas elecciones también se constató que el modelo de fiscalización del INE resultó ineficaz para frenar la introducción de recursos monetarios por encima de los topes establecidos por los institutos electorales. Para las próximas elecciones se tienen expectativas de que este tipo de prácticas se repitan; en tanto que los partidos políticos ya aprendieron a evadir la ley y las decisiones de los árbitros electorales no han tenido la objetividad que se esperaría de ellos en el momento de aplicación de la ley.