Sociedad y Justicia

Cerca de la mitad de trabajadores no tiene Seguro Social: dirigente

agosto 21, 2017

Orizaba, Ver.- El modelo económico neoliberal no sólo dejó sin acceso a la seguridad social a por lo menos la mitad de la población económicamente activa de México, sino que, además, colapsó al sistema mexicano de pensiones, al grado de convertirlo en una estructura sin dinero y dependiente de la débil estabilidad economía del país, señala Juan Hernández Mercado representante del Movimiento del Adulto Mayor

De hecho, señala que, según la Auditoria Superior de la Federación, el sistema de pensiones mexicano enfrenta dos problemas centrales: la insuficiente cobertura, que deja fuera al universo de trabajadores informales y la escasa suficiencia de los recursos, que dependen de la dinámica económica y de la oferta y calidad del empleo, expone.

En México, dice, "sólo el 20 por ciento de las personas en edad productiva aportan a su cuenta individual de retiro. Este indicador, según la ASF, depende de la educación financiera y de los incentivos fiscales y privados al ahorro. En la misma línea, sólo el 41 por ciento de la población ocupada (21, 2 millones) trabaja en la formalidad, mientras que el 57,9 por ciento (29, 1 millones) se desempeña en la informalidad"

Con base en esos números, explica, "aproximadamente la mitad de trabajadores de la población ocupada no tiene acceso a la seguridad social. Este problema está generado por el desempleo, el empleo informal y la inestabilidad laboral. En 2012, el 44,1 por ciento de los hombres no cotizaba –y nunca lo había hecho– y tampoco el 52,7 por ciento de las mujeres. Ello tiene mayor incidencia en los mayores de 65 años, trazada también por una amplia brecha de género; el 80 por ciento de la población femenina mayor de 65 años nunca había cotizado".

En el mismo sentido, subraya, "el porcentaje de trabajadores remunerados que cuentan con seguridad social creció cuatro puntos porcentuales, desde el 46,7 por ciento hasta el 51,1 por ciento, entre 2005 y 2014, aunque el nivel de cobertura continúa siendo bajo. México tiene una tasa de cobertura de la población económica activa (33,1 por ciento) cercana a la mediana de los países latinoamericanos".

Pero la estadística mexicana, si se compara con otros países del continente, "resulta más de treinta puntos porcentuales inferior a naciones más avanzadas en la materia, como Uruguay (66,8 por ciento) y Costa Rica (66,5 por ciento). Por tanto, casi el 70 por ciento de la población económicamente activa de México no cuenta con seguridad social en el presente y no contará con pensiones en el futuro. Además, el país se ubica en el último lugar de cobertura entre los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico).

Por ese mismo escenario el gobierno federal pretende eliminar el salario mínimo como unidad de referencia y por ello revela "en un punto de acuerdo, presentado por la diputada federal, Araceli Damián González del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se exhorta tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social como al Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado, a continuar utilizando el salario mínimo como unidad de referencia en lo relativo a pensiones y a cualquier otro tipo de prestaciones de seguridad social".

Asimismo, precisa, "la Secretaría de Hacienda y al resto de autoridades federales responsables a garantizar que las prestaciones análogas al salario, tales como becas, transferencias y otras similares, continuarán referenciándose, en su caso, con base en el salario mínimo debido a que los sistemas de pensiones constituyen una de las piezas esenciales en cualquier esquema integral de protección social"

La garantía de seguridad durante la vejez históricamente se ha erigido como una de las bases fundamentales de convivencia en sociedades avanzadas y democráticas. En el mismo sentido, la conquista del derecho a una jubilación digna figura entre los logros más destacados del movimiento obrero internacional", señala.

"El horizonte de edificación de los estados sociales y de bienestar, basados en las libertades públicas y en los derechos sociales, está marcado por la necesidad de lograr configurar sistemas de pensiones integradores y ambiciosos. En ese sentido, las pensiones están destinadas a desempeñar funciones económicas y sociales de primera magnitud".