Política

Un recuento claro ante la crisis financiera de la Universidad Veracruzana

agosto 11, 2017

La memoria es selectiva. Recuperamos del pasado aquellos aspectos que cuadran con nuestras impresiones, posicionamientos y preferencias. Esto es algo ya señalado por Willhem Dilthey en su inacabada Crítica a la razón histórica, obra imprescindible para quienes se dedican al análisis histórico. Si a esta consideración agregamos situaciones de contienda política, los sucesos que resaltamos del pasado, los recuerdos, pero también las omisiones, desvíos o interpretaciones selectivos cobran importancia a la luz de las luchas de las facciones en sus disputas por el poder o el mantenimiento del statu quo.

Esta consideración resulta relevante en el actual panorama de contienda por la rectoría de la Universidad Veracruzana. Las personas ordenan acontecimientos y protagonistas según esa memoria selectiva, presentando interpretativamente los "hechos". En la reciente guerra de tinta en los medios entre los que están a favor de la reelección de la Dra. Ladrón de Guevara y los que se pronuncian porque esto no suceda, por un lado se destaca su figura en términos aguerridos y contundentes en la defensa del adeudo que la pasada administración del Gobierno de Veracruz tenía con la institución. Así también en la interposición de dos denuncias penales y una demanda de amparo para reclamar los dos mil y pico de millones de pesos que Duarte de Ochoa no había transferido a la Universidad y, por último, se le señala como artífice en la obtención de la autonomía financiera que el pasado 20 de julio otorgó el Congreso del Estado a la Universidad de forma progresiva hasta el 2023.

Sin embargo, se olvida que inicialmente la autonomía financiera fue propuesta por un grupo de académicos y estudiantes que levantamos la voz para convocar a la comunidad universitaria a pronunciarse contra este adeudo. La rectora Ladrón de Guevara sabía la situación de quebranto que vivía la casa de estudios desde que tomó sus riendas y el incremento constante del adeudo, sin comunicarlo a la comunidad universitaria sino hasta dos años después durante una sesión de Consejo Universitario General (CUG), sin hacer ningún llamado a la comunidad universitaria y procurando no meter ruido al entonces gobernador del estado. Este grupo de universitarios nos conformamos como Colectivo en Defensa de la Universidad Veracruzana e iniciamos una serie de acciones para difundir la grave situación, además de recabar firmas, dar ruedas de prensa y comunicar ampliamente a la sociedad la situación en que se encontraba las finanzas universitarias. Asimismo, convocamos a la primera marcha del 26 de febrero de 2016. Después de un análisis de las finanzas de la UV, demandamos que se otorgara el 5% del presupuesto del estado para cumplir con el mandato social de proporcionar educación gratuita y de calidad, así como el pago inmediato de la deuda. Si bien es cierto que la Dra. Ladrón de Guevara presentó denuncias penales y demanda de amparo contra quien resultara responsable de la "no entrega" de los recursos, no pidió a la comunidad que se manifestara, argumentando que la máxima autoridad era el CUG y que sin su mandato no podía actuar. A la vez y en doble discurso, como en otros aspectos que prevalecen, acentuadamente en el presente proceso de elección rectoral, desde la estructura se vienen inhibiendo posturas que puedan comprometer personalmente a la Rectora con las autoridades del Gobierno del Estado. Posteriormente debido al éxito de esa primera convocatoria a tomar las calles, las autoridades organizaron la marcha del 10 de marzo, y en el posterior CUG se retomó la postura del Colectivo, sin mencionar su procedencia, de solicitar el 5% para la autonomía financiera universitaria. Sin embargo, en esa misma sesión del CUG se exigió la llamada veda electoral, la cual prohibía a las y los universitarios manifestarse públicamente debido al proceso electoral en puerta, como si hubiera una relación entre ambos acontecimientos y para no incomodar a las figuras y partidos entrantes-salientes, aunque la normatividad electoral sólo lo prohíba a los funcionarios públicos y no a la comunidad universitaria ni a la sociedad. Ante esa mordaza, el Colectivo en Defensa de la Universidad Veracruzana organizó, de sus propios bolsillos, por su cuenta y riesgo, dos mesas de opinión con candidata y candidatos a la gubernatura, así como con algunos de las y los candidatos a diputados, para discutir la situación financiera de la UV. Estas movilizaciones rindieron frutos en la iniciativa que se presentó en enero de 2017 para que se otorgara la tan ansiada autonomía financiera, que fue votada en el Congreso del Estado a partir del 2.58% del presupuesto estatal que iría incrementándose paulatinamente hasta llegar al 4% en el año 2023, previa aprobación de un porcentaje mayor al 50% de cabildos municipales. La rectora reconoce el logro de la autonomía financiera, que aún requiere mucha batalla, montándose flagrantemente en una autoría que no le pertenece. En términos académicos esto sería plagio de su parte y desinformación igualmente grave de quien en los medios le asigne tal logro.

Este recuento nos sirve para poner en su justa medida el papel que cada uno de los actores ha tenido en la contienda por la autonomía presupuestaria para no imaginar justas heroicas y no maximizar el papel de las diferentes partes en esta situación. Nadie niega que a la rectora le tocó un difícil panorama al frente de la UV, pero también es cierto que fue empujada por las fuerzas universitarias a tomar una posición al respecto. Recordemos que en las votaciones del Congreso del Estado que incluyen la autonomía financiera de la UV, a la que acuden sólo un puñado de funcionarios, las autoridades no han pedido el respaldo de una comunidad movilizada, ni el aval del CUG para manifestarse, como se pretextó en la inmovilidad de febrero de 2016.

No obstante, no todo es halagüeño ni para la rectora ni para el futuro de la Universidad. Es preciso ahora preguntarse qué ha pasado por ejemplo con las demandas que se interpusieron: es justo que la comunidad universitaria conozca cuál es el estado que guardan estas demandas y cómo están evolucionando o por qué no han procedido. También es indispensable que la universidad conozca de qué manera negoció nuestra rectora con el Gobierno del Estado, cómo se va a cubrir ese porcentaje diferencial aprobado en segunda vuelta frente al 3.1 que se planteó en enero de este año. Otro aspecto central es la manera en que se está negociando la enorme deuda al SAT que ya ha empezado a costar a la UV en forma de financiamientos ganados pero no recibidos por los adeudos impositivos. Por último, necesitamos conocer cuál es la perspectiva de las finanzas para este segundo semestre. Todo ello habla de opacidad y falta de comunicación entre las autoridades y la comunidad universitaria.

Dejamos para otra entrega la exponencial burocratización de la institución en la presente administración, de la que hay elementos suficientes, y que la comunidad universitaria padece en el día a día, generando una ruptura y desconexión de las autoridades rectorales con la comunidad universitaria, propiciando el rezago en el capital y potencial académico, con mayores costos de prolongarse cuatro años más, que lo que implicaría un relevo rectoral.

No olvidamos tampoco los tibios posicionamientos y ausencia de soluciones ante los crímenes que sistemáticamente sufrimos como comunidad universitaria: la golpiza a nuestros estudiantes, los secuestros y asesinatos que padecemos a diario n

*Unidad de Servicios de Apoyo en Resolucióm Analótica, UV. Investigadora Nacional, nivel I.