Política

¿Qué hay de nuevo en el proceso de reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública estatal?

agosto 09, 2017

El día 26 de julio de 2017 la LXIV Legislatura aprobó el decreto que autoriza al gobernador de la entidad veracruzana la contratación de uno o más refinanciamientos por conducto de uno o más fideicomisos públicos sin estructura, en los cuales: 1) los respectivos fiduciarios cumplan como acreditados; y 2) se afecten irrevocablemente como fuente de pago de tales refinanciamientos, un porcentaje de las participaciones federales que les corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones.

Para comprender qué aprobó el Congreso del Estado, se definirá el fideicomiso y sus partes integrantes. Al fideicomiso se le define como un contrato por virtud del cual una persona, física o moral, denominada fideicomitente, transmite y destina determinado patrimonio (bienes o derechos) a una institución fiduciaria encomendándole la realización de fines determinados y lícitos en beneficio de una tercera persona o en su propio beneficio.

Las partes que intervienen en el contrato de fideicomiso son: 1) Fideicomitente: la persona que destina bienes o derechos para constituir el fideicomiso; 2) Fideicomisario: la persona que recibe el beneficio derivado del fideicomiso, puede ser el mismo fideicomitente y 3) Fiduciario: Institución con autorización para llevar a cabo operaciones fiduciarias y quien recibe los bienes del cliente (patrimonio) para realizar los fines lícitos determinados por el fideicomitente.

En el caso de los fideicomisos con estructura, el fideicomitente es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el caso de los fideicomisos sin estructura el fideicomitente es aquel que entrega recursos públicos para un fin lícito a otra persona llamada fiduciario para que realice el fin a que se destinaron los mismos. En el caso propuesto por el gobierno de Veracruz, el fideicomitente y fideicomisario es la entidad federativa y el fiduciario es Banobras o cualquier otra institución fiduciaria.

Para legitimar esta forma de refinanciamiento de la deuda pública se argumentó que la creación del fideicomiso sin estructura no implica el incremento de la deuda pública. Además, se manejó que se reduciría el monto de las participaciones federales que se destinan al pago de deuda; este monto asciende actualmente al 70.9%, así como de la reducción de la sobretasa de interés, la cual se estima que oscile entre el 0.25% y el 3%. De esta manera, se estima que la tasa de interés a la que se refinanciará la deuda, oscilará entre el 7.63% (TIIE + 0.25%) y el 10.38% (TIIE + 3.0%); por su parte, la tasa promedio ponderada de la deuda pública de Veracruz era del 8.3% al 31-03-2017.

Para conocer el incremento que sufrirá el monto de la deuda se tomarán en cuenta los siguientes escenarios: 1) Monto de deuda: 45 mil 64 mdp; tasa de interés promedio actual de la deuda de Veracruz de 8.3% y un plazo promedio de 14 años; 2) Monto de deuda: 45 mil 64 mdp; tasa de interés del 7.63% (TIIE + 0.25%) y un plazo 30 años y 3) Monto de deuda: 45 mil 64 mdp; tasa de interés del 10.38% (TIIE + 3.0%) y un plazo de 30 años. De acuerdo a las condiciones actuales se pagaría una deuda de 73 mil 115 mdp (45 mil 64 mdp de deuda pública y 28 mil 51 de pago de intereses); con la sobretasa más baja, el pago de la deuda aumentaría a 100 mil 375 mdp y con la sobretasa más alta, el pago de la deuda se elevaría a 117 mil 569 mdp.

En un año electoral como el de 2018, lo que interesa al ejecutivo estatal es disponer de liquidez para impulsar acciones que favorezcan a su partido. Para el año 2017 el monto presupuestario que se aprobó para el pago de la deuda pública fue de 6 mil 618 mdp (mil 918 para amortización de capital, 4 mil mdp para pago de intereses y 700 mdp para gasto de deuda). Para 2018 se pagarían aproximadamente 6 mil 700 mdp sin refinanciamiento de la deuda y el pago de la deuda con reestructuración y refinanciamiento oscilaría entre 4 mil 640 mdp y 6 mil 180 mdp. Si en las negociaciones de la deuda se logra un año de gracia para el pago de intereses, la amortización de capital ascendería a mil 502 mdp, liberándose 4 mil mdp aproximadamente.

Anteriormente, los fideicomisos habían sido instrumentos financieros por medio de los cuales las entidades y los organismos gubernamentales disponían de recursos públicos que no eran vigilados, ni supervisados por las instituciones encargadas de la transparencia y la rendición de cuentas. A partir de la aprobación de la Ley de Disciplina Financiera y de la reforma del artículo 30 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, las entidades y los organismos gubernamentales están obligados a registrar el refinanciamiento de la deuda pública gestionado por los fideicomisos sin estructura.

Finalmente, corresponde a las instituciones encargadas de la aprobación, transparencia, evaluación y rendición de cuentas hacer un seguimiento minucioso del uso que se hace de los recursos públicos y de la evolución de la deuda en general.