Política

En Veracruz se incumple normativa y no hay medios ni para practicar aborto por violación

julio 28, 2017

Para una mujer en Veracruz acceder a su derecho de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), es prácticamente imposible. Aun cuando una menor de edad esté embarazada producto de una violación, los Servicios de Salud ni siquiera ofrecen esta alternativa, que está contemplada como una casual de aborto en el Código Penal y también se prevé en la Norma 046 de Salud.

A esto se suma que cuando una mujer aborta se le criminaliza, se le enjuicia por homicidio en grado de parentesco y no se le da oportunidad a la debida defensa. Esto coincidieron en señalar activistas quienes urgieron al Congreso del Estado aprobar las reformas propuestas este jueves al Código Penal de Veracruz que plantean: que se defina como aborto la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, que el riesgo de salud de la madre sea una de las causales de aborto y se quite el plazo de 90 días para una mujer interrumpa su embarazo cuando este es producto de una violación sexual.

Cabe recordar que fue la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), la cual ordenó al Ejecutivo presentar estas reformas en el marco de la alerta de violencia de género por agravio comparado que el gobierno aceptó en marzo de este año y fue solicitada por Equifonía AC.

Veracruz, segundo lugar en mujeres que abortan en CDMX

La iniciativa de reforma al Código Penal, presentada por el grupo parlamentario de Morena, señala en la exposición de motivos que la falta de la causal de riesgo de salud en el Código Penal ha permitido un alza en la tasa de muerte materna en el estado.

Las estadísticas revelan que 10.2% de las muertes maternas son causadas por aborto y 27.1%, por causas obstétricas indirectas.

Además se señaló que el plazo de 90 días que actualmente establece el Código Penal para la ILE en los casos de violación sexual es un obstáculo, pues inhibe el derecho de las mujeres a denunciar después del plazo y tomar la decisión de interrumpir su embarazo según el caso.

Hasta el 7 de junio de 2017, más de 389 veracruzanas se habían trasladado a México para interrumpir de manera legal y segura su embarazo. "Esta cifra coloca a Veracruz dentro de los 10 primeros estados en los que la demanda del ILE es alta y plantea una realidad distinta para que el acceso al aborto se vea como un tema de salud pública y no como una política que criminaliza", señala la iniciativa.

Las causales que no se respetan

En los últimos ocho años, la Secretaría de Salud (SS) no se ha reportado un solo caso de Interrupción Legal del Embarazo, lo que significa que acceder a las causales es imposible, o los casos del ILE aun cuando caen en las causales no son respetados por las instituciones, señaló la diputada Tanya Carola Viveros.

Ejemplificó que aun cuando el aborto está establecido como una causal de violación, en Veracruz el derecho esta restringido a un plazo de 90 días, si en ese plazo no se presenta una denuncia, se pierde el derecho.

Informó que en 2015, en Veracruz 487 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz, la gran mayoría producto de violaciones sexuales cometidas por alguien cercano a su entorno familiar, pero a estas menores no se les dio acceso a una ILE.

El plazo de 90 días hace casi imposible que menores de edad violentadas puedan acceder al aborto, "muchas de ellas no se dan cuenta que están embarazadas hasta después de los 90 días, o son presionadas por familiares cercanos y les cuesta mucho tomar la decisión".

Siete mujeres en la cárcel: ONG

Adriana Fuentes Manzo, abogada de la organización civil Equifonía AC, dijo hay por lo menos siete mujeres en Veracruz que están encarceladas por el delito de aborto y por homicidio en grado de parentesco.

Son mujeres que son procesadas bajo el viejo sistema penal y no hay una certeza jurídica de si tienen sentencias condenatorias, o si su proceso legal se llevó conforme a derecho. Se estima que estas mujeres llevan al menos siete años encarceladas sin recibir una sentencia de parte del Poder Judicial, por lo que una de las recomendaciones de la Conavim es la revisión de cada uno de estos casos.

Adriana Fuentes, quien fue abogada coadyuvante en el caso de Reyna Panzo, una indígena de Tehuipango condenada a más 20 años de prisión por aborto, señaló que las características del caso se repiten también en otros donde no se agotan los instrumentos legales y se abandona a las mujeres.

"Lo que detectamos es que las mujeres están siendo procesadas por el delito de homicidio, condenándolas a sentencias de 30 años, en un proceso legal sin perspectiva de género y sin tomar en cuenta el contexto social en que viven las mujeres", señaló.

El Poder Judicial establecerá una comisión donde se revisaran estos casos, y se verificará cuáles fueron las pruebas y los parámetros para sancionar a estas mujeres.

Gobierno tiene hasta el 30 de septiembre o se decreta alerta

Aracely González Saavedra, representante de Equifonía, hizo un llamado a los legisladores locales para atender las reformas planteadas. A la par dijo que están trabajando con el Poder Judicial y la SS para que cumpla la parte que les corresponde, pues la Conavim estableció un plazo hasta el último día de septiembre para cumplir las recomendaciones.

En el caso de que el gobierno de Veracruz incumpla con alguna de las recomendaciones se hará un análisis detallado de los avances y se determinará entonces si se amplia el plazo o se decreta la alerta de violencia por agravio comparado.

Criticó que de entrada el Ejecutivo del estado está incumpliendo una de las recomendaciones, pues la Conavim ordenó que fuera el Ejecutivo quien presentara la iniciativa de reforma al Código Penal, y no lo está haciendo.

Recomendaciones de Conavim

Cabe recordar que el 23 de noviembre de 2016, la Conavim remitió el informe que elaboró el grupo de trabajo encargado del análisis de la alerta de violencia por agravio comparado y dio seis meses al gobierno de Veracruz para cumplir con diversas recomendaciones:

Al Poder Legislativo se le ordena estudiar y revisar la modificación al artículo 149 del Código Penal, 150 y 154.

Las recomendaciones también prevén ampliar las causales de punibilidad del aborto, ahora es posible en caso de sea producto de una violación, peligro de muerte de la madre, alteración del producto o sea causado por imprevisión de la mujer embarazada.

Al Poder Ejecutivo se le obliga a la elaboración y presentación de la iniciativa de reforma del Código Penal, de acuerdo con lo señalado en la propuesta legislativa anterior, realizada a la luz de la normativa internacional aplicable y con perspectiva de género.

A la Secretaría de Salud se le orden divulgar e implantar la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas para el estado de Veracruz y la NOM 046 para la adecuada y diligente atención a víctimas de violencia sexual, garantizando el acceso a la ILE por violación.

Las recomendaciones alcanzan a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz y le exigen remitir inmediatamente a las mujeres víctimas de violación sexual a los Servicios de Salud (Sesver) para que reciban la profilaxis contra infecciones de transmisión sexual, anticoncepción de emergencia y, en su caso, se les practique una ILE.

Al Poder Judicial del estado de Veracruz, las recomendaciones le señalan ejercer un efectivo control de constitucionalidad y convencionalidad, a través de la aplicación de los principios de interpretación conforme y pro persona, en los casos relacionados con el delito de aborto que encuentren bajo su conocimiento.