Política

Grave que el gobierno estigmatice a periodistas

julio 28, 2017

Es cosa seria y grave, no es de juego, cuando quien ejerce el poder público estigmatiza a los periodistas mediante insinuaciones de su involucramiento con la delincuencia organizada, pues ello da pauta para ejercer violencia en su contra, y de ahí surgen, por ejemplo, que nuestro estado esté ubicado como una de las entidades en que ejercer el periodismo es muy peligroso.

Se cuenta, y cuenta mucho, que México se encuentre ubicado como una de las naciones en que ejercer la función de comunicador o activista social representa un serio peligro y la muerte reciente de varios de ellos así lo confirma, por eso, las condenas que se ciernen sobre nuestro país, al gobierno lo tiene sin género de preocupación, sin embargo, queremos hacer que los derechos humanos se respeten en otros países, cuando, en lo interno, somos omisos en grado superlativo, sólo que aquí no pasa nada.

Sin ningún rubro nos robamos las elecciones –casos elocuentes de Salinas de Gortari, Zedillo, Fox Quesada, Calderón y Peña Nieto– saqueamos los recursos públicos para orientarlos a favor de un candidato, o bien eliminamos a las voces disidentes y no pasa nada, salvo la resignación que algún día el túnel cerrado que existe se abra para bien del país.

Por eso vemos que la relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión interamericana de los Derechos Humanos insiste permanentemente en su preocupación por recientes episodios de estigmatización y violencia contra periodistas, lo mismo en Colombia como en México y ha instado a esos estados a fortalecer medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia.

Recientemente, al expresidente colombiano y ahora senador Álvaro Uribe se le hizo fácil acusar a un periodista de estar involucrado en ilícitos que resultan falsos, que tienden a poner en peligro su vida, algo similar a lo que postulaba el ahora cautivo gobernador cuando expresaba que los periodistas sacrificados andaban en malos pasos, es decir, de esa forma se pretende liberar el Estado de la protección que tiene que brindar, no tan sólo a la integridad de la prensa, sino también a cualquier ciudadano.

De ahí que la declaración del gobernador Miguel Ángel Yunes a generalizar que ciertos periodistas estaban ligados con malandros provocó seria molestia en el gremio que, si existen pruebas, que se aporten y se sancione, pues no se vale generalizar lo que ya de por sí constituye un peligro de alto riesgo, que aunado a las distintas formas de agresión, amenazas, hostigamiento, estas declaraciones estigmatizan al comunicador, cuando la obligación del Estado es promover y apoyar de manera activa el pluralismo y la tolerancia propios de una sociedad democrática y de derecho.

Por ello, en la resolución AG/RES.2908 (XLVII.O17), aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en el marco de su cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones, los estados miembros de la organización reafirmaron que " la actividad periodística debe ejercerse libre de amenazas, agresiones físicas o psicológicas u otros actos de hostigamiento", por lo que instaron a implementar medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en esta materia.

En la declaración de principios de la CIDH se asienta con precisión "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

limacobos@hotmail.com / Twitter: @limacobos1