Política

IPE, la transición a un nuevo esquema de pensiones

julio 28, 2017

Indiscutiblemente, la quiebra financiera del IPE es uno de los más graves problemas que enfrenta el estado de Veracruz. Algunos de los más preocupantes se dieron durante la gestión de Javier Duarte cuando era quincenalmente cotidiana su incapacidad para poder pagar a tiempo y en la forma debida las pensiones a los 28 mil pensionado y jubilados.

Derivado del saqueo histórico a que ha sido sometida su reserva técnica y a la inverosímil corrupción con que se ejerció el erario en aquel infausto gobierno, el desequilibrio entre los ingresos que percibe la institución por cuotas y aportaciones y los pagos por pensiones sometió al IPE a una sobrepresión financiera que ya desde comienzos del año anterior, el economista Hilario Barcelata, actualmente director del Instituto advertía que la reserva técnica prácticamente no existe "porque el dinero en cuentas bancarias desapareció y los bienes inmuebles no generan ingresos para el pago de las pensiones".

En dicho diagnóstico establecía que "el déficit de pensiones es actualmente de más de 2 mil millones de pesos (mdp) y crece cada vez más. El gobierno del estado se encarga de cubrirlo mediante subsidios ordinarios y extraordinarios, pero también para él se ha convertido ya en una enorme carga financiera, cada vez más difícil de cubrir. En el futuro inmediato, con este déficit creciente y sin reservas técnicas, no existe forma de que el IPE, por sí mismo, garantice el pago a los pensionados actuales y a los casi 100 mil trabajadores en activo que en muy corto plazo harán crecer de manera acelerada el número de jubilados que demandarán una pensión".

Consideraba también que en estas condiciones, es virtualmente imposible cubrir las obligaciones del IPE con las aportaciones y cuotas de los trabajadores de nueva contratación, "primero, porque el número de trabajadores en activo por cada pensionado es excesivamente bajo (tres por cada pensionado) y se requeriría una proporción superior (de 10 a 1). Segundo, porque sus aportaciones no son suficientes para generar los ingresos que se requieren, ya que en promedio la remuneración individual con que ingresan es más baja que el monto promedio de cada pensión.

Y señala: "Tercero, porque el problema se vuelve más grave cada vez que ingresa un nuevo trabajador, pues el sistema no le está garantizando el pago de la pensión en el largo plazo, ya que para que eso suceda, deberá haber después más trabajadores que serán quienes financien a estos que ahora ingresan. El sistema de seguridad social se convirtió prácticamente en uno de esos fraudulentos sistemas de "Telares de sueños" o "Flor de la abundancia", en el que quien se beneficia es el que está en el nivel más alto de la pirámide, recibe su dinero y sale; el problema es para los de abajo, porque lo único que les garantiza que reciban su dinero es que sigan ingresando más personas después de ellos y que hagan sus aportaciones.

"Cuando este flujo se detiene o cuando alguien ya no hace sus aportaciones, el esquema se colapsa, y los de abajo simplemente se quedan sin el beneficio prometido. El sistema de pensiones de Veracruz se convirtió en una peligrosísima pirámide que transitó del "todos ponen" y "toma uno" o "toma dos", al "todos ponen" y "todos pierden", mientras que al gobierno del estado siempre le tocó el "toma todo".

Barcelata Chávez proponía entonces como imprescindible la inmediata creación de un nuevo sistema de seguridad social en el estado, un nuevo esquema de financiamiento de las pensiones, un nuevo IPE que resuelva el problema de tres grupos de actores fundamentales: "Uno, los casi 30 mil pensionistas que hoy viven de recibir la pensión mensualmente; dos, los casi 100 mil trabajadores activos, algunos de los cuales muy próximamente ya estarán en un proceso de jubilación y que se sumarán a los pensionados, y un tercer grupo lo constituyen los nuevos trabajadores que están a punto de incorporarse y cuyas pensiones no podrían garantizarse con el esquema actual, viejo, obsoleto y saqueado".

Se requiere por ello crear un nuevo sistema de pensiones que dé respuesta a estos tres grupos, garantizando el futuro bienestar de los trabajadores veracruzanos pues el actual tiene un déficit anual superior a los dos mil millones de pesos que el Estado debe cubrir en subsidios ordinarios y extraordinarios. Un reto que debe confrontarse desde todos los niveles gubernamentales y que demanda una pronta respuesta dada su altísima sensibilidad social.