Política

neficiencia y corrupción gravitan contra el sistema penal

julio 17, 2017

En el año 2008 nuestro país entró a la modernidad del sistema penal, al reformar varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo considerado y aplaudido como uno de los grandes logros del Estado mexicano y así se abre el camino al Código Nacional de procedimientos Penales en el año 2014, mediante el sistema acusatorio y oral, asegurando el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de la víctima u ofendido y al imputado, desterrando por siempre y para siempre que la privación de la libertad sea siempre la última de las medidas preventivas y sancionadoras.

Además, los 8 artículos constitucionales reformados precisan que la prisión preventiva deberá aplicarse única y exclusivamente cuando las medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la presencia del imputado en el proceso y la seguridad de las víctimas y los testigos, y el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa –artículo 19 constitucional-, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Desde la fecha de las reformas constitucionales se dio un margen amplio –ocho años– para que los gobiernos de los estados preparen los cuadros que habrían de encargarse del nuevo sistema que venía a sepultar el sistema autoritario, que duró 70 años donde el ministerio público, ahora fiscal, cometía todas las barbaridades del mundo en contra de quien llegara a sospecharse que había participado en algún hecho que la ley tipificaba como delito, es decir, hubo recursos destinados a ese propósito que sin duda se desviaron y, al no existir capacitación, ahora responsabilizan al nuevo sistema penal de que los jueces liberen a los imputados.

La oposición que existe por parte de los gobernadores y las barbaridades que expresa el licenciado Miguel Mancera, jefe de Gobierno, son atroces sobre todo cuando provienen de alguien que tiene doctorados y maestrías en derecho y que se ve que no le ha servido para nada, porque querer matar al perro sin combatir la rabia es abominable, pues este sistema penal garantiza tanto a la víctima como al imputado sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución, como los derechos humanos consagrados en la convención americana, alejando la arbitrariedad y el abuso.

Negarle bondades al nuevo sistema penal acusatorio y oral es urgente, por principio, limpiar los tribunales de compadrazgos y amiguismo –sobre todo las fiscalías– pues quien participe en un juicio público, ya no es más de lo mismo, porque ahora ya no goza de más prerrogativas que el código le concede y lo mismo al imputado, esto es, se da la igualdad plena de las partes, pues en el contradictorio tiene que conocerse la verdad plena, no la histórica que postula Murillo, con esto se acaba la farsa en la que vivimos tanto tiempo y se cometieron miles de injusticias con los acusados.

México estaba rezagado por años en este aspecto, pues en tanto Cuba, minúsculo país, con un régimen dictatorial según las oligarquías internas tiene cien años funcionando, y en Colombia 20 años, en Chile, 10, y las demás naciones de este continente algo similar, es ridículo que en México existan voces, que en su ignorancia, la emprendan en su contra cuando es garantía de que habrá justicia plena, pues el primer respondiente que conoce los hechos no deberá mentir en su informe o involucre a quien nada tiene que ver en los hechos para que purgue una condena injusta, así terminaremos con "el presunto culpable", claro, si somos inútiles para capacitar al personal y mantenemos la corrupción, que se nutre de la mentira y del engaño, además de la simulación, es mejor renunciar a todo y que nada se mueva.

Estas reformas penales obligan a revisar los crímenes que se han cometido con los que purgan condenas injustamente, por lo mismo, se espanta el jefe de gobierno ahora que la suprema corte de la nación ha resuelto, sólo observando la ley, en tesis por contradicción que obliga a todos, que los procesados, bajo el viejo sistema pueden solicitar la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva y conceder medidas cautelares idóneas y proporcionales, lo que les permitirá a muchos reos salir en libertad, no sólo en la Ciudad de México sino en todo el país.

En síntesis, el sistema penal acusatorio y oral es digno de todo elogio, pero si no existen operadores capacitados todo el sistema quedará en evidencia, no por el sistema creado sino por la abulia e irresponsabilidad de los encargados de ponerlo en práctica.