Política

El IPE y sus propuestas de ajuste

julio 13, 2017

El sistema de pensiones del estado es uno de reparto, el cual se caracteriza porque las cotizaciones de los trabajadores en activo se utilizan para financiar las pensiones existentes en ese momento. Actualmente, este sistema atraviesa por una crisis financiera. Esta crisis se ha relacionado con diferentes causas, entre algunas de éstas, se han mencionado el cambio de las condiciones socio-demográficas y económicas y la incapacidad para adaptarse a estos cambios, la inadecuada administración del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), la baja relación entre trabajadores activos a jubilados, la disminución de los salarios, el saqueo de sus finanzas, etc. A partir de las reformas realizadas al IPE y de las recomendaciones planteadas por los valuadores se puede hacer un análisis prospectivo para explorar por donde se orientan los cambios paramétricos.

Por el lado de los ingresos se tiene: Cuotas y aportaciones: actualmente, patrones y trabajadores contribuyen –cuotas y aportaciones– con el 30% del salario de cotización de los trabajadores; aunque, la ley contempla que en 2019 se alcance el 32%. Para que los ingresos se igualen con los gastos, se ha propuesto que la cuotas y aportaciones se eleven un 15% adicional.

Salario. En esta materia no se tienen propuestas concretas. La política salarial nacional se ha caracterizado por una política de contención salarial que ha empobrecido a la clase trabajadora

Empleo. El reducido crecimiento económico y la crisis de deuda pública de la entidad veracruzana se han conjugado para incrementar el número de desempleados. Para equilibrar los ingresos con los gastos se requiere –actualmente– una relación de 5 trabajadores activos por cada jubilado (aproximadamente), lo cual resulta imposible ante la política de reducción de la plantilla laboral sostenida por los últimos gobiernos estatales.

Por el lado de los gastos se tiene: Tasa de reemplazo: Para equilibrar los gastos con los ingresos se requiere que el total del pago de pensiones disminuya al 60%; es decir, que se reduzca en un 40%.

Edad de jubilación y tiempo de cotización. La ley 287 establece que el trabajador tendrá derecho a la jubilación con 30 años de servicio y 65 años de edad. No obstante, esta situación solo se aplica para la generación en transición; por ello, se ha recomendado que todos los que se pretendan jubilar cumplan con estas condiciones.

En líneas anteriores se supuso que solo se cambiaba uno de los parámetros; pero el cambio de diferentes parámetros puede conseguir los mismos efectos. Es decir, se puede cambiar conjuntamente las cuotas y aportaciones, la tasa de reemplazo, incorporar a un mayor número de cotizantes y generalizar la edad de jubilación y el número de años cotizados por los trabajadores que establece la ley 287.

Aunque no se cuenta con un documento específico de las reformas que implementará la actual administración del IPE, ya se tiene conocimiento de algunas acciones que se han puesto en marcha y el anuncio de algunas posibles reformas. En primer lugar, se propuso en el Programa Estatal de Finanzas Públicas (PEFP) 2017-2018, la posibilidad de la adopción del sistema de cuentas individuales. Esta propuesta tuvo un abierto rechazo y permitió la unión de los representantes sindicales y de las asociaciones de pensionados en contra de ella.

Además, se propuso la de creación de una Sociedad Financiera Popular (SOFIIPO). Esta financiera funcionará –según propuesta original del actual director– con los recursos de la venta de los bienes inmuebles y con la recuperación de los recursos que adeuda el gobierno al Instituto. Por un lado, de la venta de los bienes inmuebles se pretende vender 20 de los 45 inmuebles que actualmente pertenecen al IPE. Por el lado de la deuda de gobierno, se pretende que el gobierno pague al IPE los casi 8 mil millones de pesos que le adeuda; si estos recursos se otorgarán a préstamo a la tasa que pagan los pensionados, se tendrían mil 200 millones anuales. Cabe aclarar que los recursos adicionales que se pretende que genere la Sociedad Financiera aliviarán las finanzas del instituto, pero no resolverán su crisis financiera.

En el PEFP 2017-2018, se incorpora un diagnóstico del IPE en donde se argumenta que los gastos del IPE han aumentado debido a que se paga el seguro social a los pensionados y no cotizaron por esta prestación social; además, se expone que las pensiones aumentan debido a su indexación con el índice nacional de precios y porque, se paga aguinaldo sin haber cotizado para este. De lo anterior se infiere que estas áreas serán objeto de revisión por la administración actual del Instituto.

Una propuesta que es ampliamente acogida por la base trabajadora se refiere a la defensa de la pensión como derecho humano. En términos constitucionales, el Estado mexicano debe "promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos" (artículo primero constitucional).

Esta es una oportunidad valiosa para que tanto los trabajadores afiliados al IPE como los jubilados de este instituto se involucren en la problemática y busquen las opciones de participar desde la trinchera que consideren conveniente. Es el momento de que los trabajadores y los pensionados defiendan sus derechos y que realicen propuestas que aseguren la viabilidad financiera del Instituto a largo plazo.