Política

Autonomía efectiva, no reeleción

julio 01, 2017

Me permito comenzar con una breve anécdota: a finales del año pasado asistí a un Congreso en la Ciudad de México que organizó la Facultad de Derecho de la UNAM sobre estudios constitucionales y derecho procesal en Latinoamérica. Los conferenciantes de dicho evento fueron en su mayoría profesores argentinos de la Universidad de Buenos Aires, con quienes tuve el enorme gusto de intercambiar algunos comentarios sobre el centenario de la Constitución Política de 1917. Después de una serie de elogios que realizaron los catedráticos bonaerenses a la reforma constitucional que llevamos a cabo en materia de Derechos Humanos en 2011, me llamó la atención que expresaran su júbilo y admiración por uno de los principios más importantes que rigen a nuestra Carta Magna: el de no reelección presidencial.

Aunque no tuve tiempo de preguntarles el porqué de su inclinación a este principio, me parece que la respuesta más lógica es que su país, como otros más de América del Sur, llevó a cabo reformas a su texto constitucional que derivaron en la posibilidad de que el titular del poder ejecutivo nacional pudiera reelegirse, como fue el caso del justicialista Carlos Menem. Otros presidentes que se beneficiaron de reformas similares en sus respectivos países, fueron Alberto Fujimori en Perú, Fernando Cardoso en Brasil y Hugo Chávez en Venezuela. Bajo esta lógica, sobran las explicaciones sobre su desacuerdo con la reelección presidencial.

Por otra parte, junto a Colombia, Guatemala, Costa Rica, Paraguay, Honduras y Uruguay, México conserva la prohibición de reelección. Este principio contiene un trasfondo histórico que difícilmente puede cambiar, pues fue uno de los elementos detonantes de la revolución mexicana y que finalmente quedó impreso en el artículo 83 de la Constitución que nos rige, el cual dispone que "El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter interno, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto".

Ahora bien, sobre este precepto creo conveniente aclarar lo siguiente: su finalidad no se limita exclusivamente a evitar que alguien ejerza el poder por más tiempo del que permite la norma; protege a su vez, otros valores democráticos como el buen gobierno, la eficacia y la transparencia. Más allá de sus resultados y la severidad con que queramos juzgarlos, es un hecho que los regímenes a partir de 1933 han sido estables, controlados y se concentraron en gobernar gracias a este principio constitucional. Ante este panorama, es buen momento para plantear la posibilidad de reproducirlo en las instituciones públicas de educación superior, especialmente, en la Universidad Veracruzana.

El día de mañana, la Junta de Gobierno de la UV, hará pública la convocatoria para la designación de un nuevo rector o rectora para el período 2017- 2021. Una vez más, nueve personas tienen la responsabilidad de ascender a quien tomará las riendas de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz por los próximos cuatro años. No obstante, vale la pena reflexionar sobre las condiciones y normatividad que rige este arduo e importante proceso.

Así como otros rectores que la han precedido, la doctora Sara Ladrón de Guevara intentará ejercer su derecho a ser reelecta. La legislación universitaria se lo permite, pero no quiere decir que esta disposición sea lo más viable. Lo cierto es que todo rector que ha buscado ampliar su administración un período más, ocupa el cuarto año de su rectorado para llevar a cabo una campaña política y defender los escasos 3 años que se ocupó realmente de sus funciones. Se vuelve un candidato más. Expectante al futuro y descuidando no sólo su presente, sino el de todos los que integramos la comunidad universitaria.

Poco a poco, la democracia al interior de la UV se ha fortalecido. La renovación que referí hace unos meses y que era imperativa que se diera entre las autoridades de nuestra Alma Máter, principalmente el Consejo Universitario General, ya comenzó. De forma paulatina, como refiere Thomas Frank, the best and the brightest (los mejores y más brillantes) empiezan a ocupar puestos dentro de la estructura del gobierno universitario para inyectar una visión rejuvenecida frente a los retos financieros, de proyección académica y en temas relacionados a la defensa de los Derechos Humanos que tiene la Universidad Veracruzana.

La evidencia empírica de nuestra vida nacional, así como lo que podemos recoger del derecho comparado, nos ha enseñado que para lograr un gobierno eficiente y democrático, no basta con el simple diseño de un plan de desarrollo, pues sin la disponibilidad entera de concretarlo, infectándolo además de intereses personales o de alguna cofradía, se convierte fácilmente en letra muerta. Las universidades no escapan de esta realidad. Por ello, es urgente reformar la Ley Orgánica y la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana para que se derogue la hipótesis de prórroga del periodo rectoral, y que su duración pase de cuatro a seis años.

Lo anterior daría pauta a tener un rectorado eficaz y concentrado, libre de cualquier presión relacionada a su permanencia en el poder, ya que contaría con el tiempo adecuado y, me atrevo a decir, suficiente para alcanzar las metas y objetivos planteados. Muchas personas cuestionan esta tesis con base en las transformaciones políticas en nuestro país, pues con la reforma de 2014, a partir de las elecciones de 2018, los diputados locales y federales, así como los senadores de la República podrán ser reelectos por períodos consecutivos. Esto como un mecanismo de rendición de cuentas en el que los ciudadanos pueden generar una mayor cercanía con sus representantes, así como un medio de ratificación de su labor.

Lo que estas personas pierden de vista es que a diferencia de los diputados y senadores, el rector de la UV no es electo por medio de una votación universal. Es la junta de Gobierno quien lo designa tomando en consideración (en teoría) la opinión de los universitarios durante la etapa de auscultación. En efecto, la idea de que un rector pueda ser reelecto, no sería descabellada si toda la comunidad universitaria participara en el proceso electoral. No como mero espectador, sino como votante activo. Sin embargo, es más probable materializar la propuesta de omitir la reelección y que se amplíe el período rectoral, a que se den las condiciones para una votación universal. Aclaro, es difícil pero no imposible.

Nuestra Casa de Estudios debe ser la cuna de un sano estilo de vida organizacional. Cuestiones que se presentan en su interior, como un sindicalismo en el que sus dirigentes se reeligen reiteradamente, ostentando prácticamente un cargo vitalicio y simulando procesos de elección sin que exista una oposición verdadera y competitiva, deben servir también de referencia para emprender un cambio en la normatividad que rige a la UV y respetar fehacientemente el principio de no reelección. No existe un mejor modo de erradicar las prácticas antidemocráticas que con el ejemplo.

Finalmente, la Universidad Veracruzana está por iniciar una nueva etapa. A pesar de que aún prevalece incierto el tema de nuestra autonomía financiera, debemos comenzar a concebir una universidad diferente. Antes de pensar cómo invertir y cuál es la mejor manera de administrar los recursos públicos que nos sean asignados, debemos ocuparnos en la persona que tomará las decisiones más importantes en estos rubros y no obviar los pendientes a resolver para perfeccionar la democracia universitaria. El paso de cualquier grupo, la determina siempre la velocidad que establezca el líder.

¡Autonomía efectiva, no reelección!.