Política

El impacto del Sistema Electrónico en México y el Sistema Nacional de Transparencia en los últimos 10 años

junio 25, 2017

Hace 10 años, para ser precisos el 20 de julio de 2007, fue enorme el impacto que alcanzó la inclusión del sistema electrónico en la adición al artículo 6º de la Constitución, el cual en el primer párrafo señalaba: "Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, organismo federal, estatal y municipal, es pública" De acuerdo con esto, ningún gobierno o institución pública podría evadir sus responsabilidades en transparencia, subrayo "toda la información", la cual se refiere a toda documentación que dé cuenta del origen, uso o destino del erario público, así también de toda aquella información que dé sustento a las decisiones de los gobiernos, a las facultades y funciones de los servidores públicos, misma que se guarda como evidencia a través de la gestión documental y archivo de cada institución.

Por tal motivo y atendiendo a uno de los principios de la Transparencia que es el de la Máxima Publicidad, en el artículo 6 fracción V se estableció que: "Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos" Con esto, gobiernos e instituciones quedan forzadas a cumplir con las obligaciones de transparencia a través de instrumentos electrónicos predeterminados por la norma como son las páginas electrónicas accesibles a internet.

En ese entonces Becerra (2008) decía que "El mayor reto que presenta la reforma constitucional en este rubro es el de exponer en los portales, instrumentos institucionales de Internet, sus indicadores de gestión, es decir, la manera en que está trabajando y el avance en el cumplimiento de sus metas", un reto titánico que implicaba ya en ese tiempo recursos materiales y humanos, significaba un esfuerzo al interior de las instituciones en la modernización de sus equipos, en capacitación a su personal, en atender y ocuparse desde ya del aumento de la producción de información en formato digital, del crecimiento de programas para la digitalización de documentos y el valor de esta información, para lo cual era imprescindible establecer una política de actuación específica en todas las organizaciones.

Con esta nueva reforma estructural en el 2008, se analizaba lo concerniente a la preservación de información digital y al uso de metadatos para el cometido de conservar el contenido digital. Lo anterior contemplando que el entorno informático evoluciona aceleradamente y que la vida útil digitalizada es de seis a siete años; el motivo, citaba Jiménez, era el envejecimiento de los soportes digitales (hardware) y la obsolescencia de los formatos (software) así como la incompatibilidad con los nuevos sistemas.

La información digital se encuentra en gran riesgo de desaparecer a corto plazo sino se establecen los métodos, políticas y prácticas adecuadas para su conservación. En el 2009, Jiménez y León proponían una política de preservación digital que permitiera: Definir políticas y criterios para determinar qué materiales deben conservarse; diversificar las plataformas en que pueda trabajar ese contenido; establecer mecanismos que permitan darle continuidad al contenido, evitar la pérdida de información y garantizar el acceso.

Hace nueve años preocupaba que las instituciones no elaboraran estrategias de conservación afines con las necesidades del entorno. Las políticas a las que hacían referencia debían controlar desde la selección, creación, vida de la tecnología usada (hardware y software), copias de seguridad, planificación contra desastres y mantenimiento, además de generar recursos digitales estables y confiables.

Actualmente siguen en discusión los temas antes citados, lamentablemente muchas instituciones de gobierno continúan sin invertir en el tratamiento y cuidado de su información física, denuestan la valoración y gestión documental. Se resisten, aún más, a acatar las obligaciones que en materia de transparencia tienen como es el preservar la documentación tanto física como electrónica, algunos confunden el proceso de digitalización con el simple y mecánico escaneo de documentos.

Por si fuera poco, México se encuentra en estatus de rezago en la gestión documental, archivos de muchas dependencias tanto físicos y electrónicos se encuentran vulnerables, invierten mucho dinero en pagar bodegas para almacenar información misma que no saben qué valor o temporalidad tienen, todo por no haber hecho un buen proceso de gestión documental y archivo.

El Artículo 24 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2016), fuerza a los sujetos obligados a "constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad aplicable; promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y Accesibles; fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho a la información y la accesibilidad a éstos; entre otras". Lo anterior lo cito refiriéndome en específico a la información, lo cual pone en jaque a más de una dependencia.

Con la entrada en funciones del Sistema Nacional de Transparencia el 5 de mayo de 2016 el Instituto Nacional de Transparencia, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) pretende regular el sistema electrónico para hacer más ágil y fácil el acceso la información a nivel nacional. Pero depende de la utilización de los medios electrónicos para que sea realmente eficaz. Y es entonces cuando más se habla de establecer políticas, o implementar mecanismos tendentes a mejorar la gestión pública.

Por si fuera poco, el 18 de julio del 2016 se publicó la Ley General del Sistema Anticorrupción, prevista en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la cual el pasado 30 de mayo mediante el comunicado INAI 156/17 se dio a conocer que la Secretaría Ejecutiva del SNA iniciará sus operaciones el 3 de junio próximo. Al momento de la elección del secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comisionado Presidente del INAI, Francisco Xavier Acuña Llamas, señalaba lo siguiente: "Falta recibir del Poder Legislativo General la Ley General de Archivo, sin archivos no existe el sustento material que le dé eficacia al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, y por tanto es fundamental para que se articule con los otros sistemas, el Nacional de Transparencia ya en funciones y el Nacional anticorrupción"

De acuerdo con lo anterior, me parece que las instituciones no han logrado ver el alcance de esta triangulación que está haciendo el Estado, y que repercute rotundamente en sus acciones; todavía muchas instituciones siguen sin acatar los ordenamientos a fondo, algunas por carencia de recursos, otras por la falta de capacitación y sensibilización sobre el tema a altos funcionarios y servidores públicos; otras porque simplemente se rehúsan a proporcionar información, en algunos casos por temor a quedar vulnerables al estar expuesta su información en Internet, y otros tantos porque carecen de ella.

Es necesario de manera urgente implementar acciones para preservar a largo plazo los archivos digitales, porque sin éstos sigue habiendo pérdida de información y un alto costo económico para los gobiernos e instituciones. Lo que hace aún más difícil la rendición de cuentas.