Política

No se investigó multihomicidio de la Narvarte adecuadamente, dice CDHDF 2 años después

junio 22, 2017

Ciudad de México.- A casi dos años del multihomicidio de la colonia Narvarte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) determinó que la investigación de la ejecución del fotoperiodista colaborador de Proceso, AVC Noticias, y Cuartoscuro, Rubén Espinosa; la activista Nadia Vera, además de otras tres mujeres, no fue "adecuada" ni "exhaustiva" y que las autoridades de procuración de justicia violaron derechos humanos fundamentales.

Durante la presentación de la Recomendación 4/2017, la presidenta del organismo, Perla Gómez Gallardo, señaló a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalinos como responsables de la falta de actuación conforme a protocolos nacionales e internacionales en la investigación del crimen ocurrido el viernes 31 de julio de 2015.

Se trata de uno de los crímenes en la capital del país cuya investigación ha sido severamente cuestionada, incluso a nivel internacional, y que ha marcado la gestión del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Y es que, a un mes de que se conmemore el segundo aniversario del caso, la PGJ no ha determinado el móvil del crimen, además de que sólo uno de los tres detenidos como presuntos homicidas está sentenciado y, peor aún, la condena fue impugnada.

Según la CDHDF, en la ejecución de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Alejandra Negrete, la dependencia encabezada por Rodolfo Ríos no agotó todas las líneas de investigación ni tomó en cuenta las características particulares de las víctimas, como su ocupación o sexo, al realizar las diligencias específicas.

"No entendemos por qué no se desagregó para que, por el principio de especialidad de los casos, por lo menos de Rubén y Nadia, fueran llevados a diferentes fiscalías especializadas. Todas se concentraron en la Fiscalía de Homicidios. Sí fue homicidio pero existen modalidades especializadas de éste", aseguró Gómez Gallardo.

La ombudsman explicó que las autoridades ministeriales, policiales y periciales incumplieron con su obligación de proteger la identidad de las víctimas al filtrar a los medios de comunicación partes completas de la carpeta de investigación, así como fotografías de los cuerpos en el lugar de los hechos.

Las filtraciones, dijo, provocaron la violación a la protección de sus datos personales y que los medios de comunicación estigmatizaran y discriminaran a las víctimas. Mencionó como ejemplo el caso de Rubén Espinosa, a quien señalaron como "drogadicto" o de Mile Virginia Martín, por dedicarse al modelaje y ser originaria de Colombia.

Por esas actuaciones, recordó, también se pronunció el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) el 28 de agosto del 2015.

Sin ofrecer detalles, la presidenta de la CDHDF mencionó que la PGJ no realizó las gestiones pertinentes desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos. Reconoció la existencia de irregularidades en la recolección y realización de pruebas y condenó la demora en los avances del caso.

Por ello, afirmó que la dependencia a cargo de Rodolfo Ríos violó los derechos humanos al debido proceso y diligencia; a la vida, verdad y acceso a justicia; así como a la integridad personal y a la memoria a las personas fallecidas, tanto de las víctimas del delito, así como de sus familiares.

Al final de la presentación, Gómez Gallardo exhortó a la PGJ y al TSJ locales a seguir la Recomendación 4/2017 de 18 puntos para garantizar la pronta justicia para las víctimas y sus familiares.

Entre estos destacaron: presentar un plan de investigación para subsanar las faltas en la averiguación; llevar a cabo reuniones de trabajo periódicas con los familiares de las víctimas; agotar todas las líneas de investigación, principalmente, el activismo político de Nadia Vera y el ejercicio periodístico de Rubén Espinosa; indemnización íntegra del daño a los familiares de los fallecidos; actualización de la investigación conforme al Nuevo Sistema de Justicia Penal; capacitación del personal de la PGJ; y asignar responsabilidades del personal responsable de las faltas.