Política

El espionaje infame como paliativo del miedo

junio 21, 2017

La definición autoritaria del Estado mexicano es axiomática. La ciudanía activa, los periodistas, los estudiantes, los sindicalistas independientes lo viven personalmente desde siempre. Ha costado vidas y las sigue cobrando. Miroslava Breach y Javier Valdez, corresponsales de La Jornada son las víctimas más recientes del hipócrita convencimiento autoritario en México. Más los 43 estudiantes desaparecidos por la policía de Iguala con la presencia del Ejército; más los 19 periodistas asesinados en el gobierno de Javier Duarte.

La nota de portada del New York Times del lunes daba cuenta de la investigación de Artículo 19, R3D y Social Tic asistidos por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto en la que demostraron el mecanismo cibernético de espionaje que el gobierno mexicano compró a una empresa israelí para espiar a la sociedad mexicana.

La rampante vocación por la ilegalidad de los gobiernos mexicanos con el espionaje sobre periodistas y ciudadanos incómodos demostrada científicamente.

El escándalo ha cimbrado al indiferente gobierno de Peña Nieto que apenas pergeñó a balbucear en el contexto de la reunión de la OEA en Cancún que "este gobierno es, y seguirá siendo, respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces que se expresan en los medios de comunicación". La Oficina de la Presidencia había previamente publicado un penoso comunicado en el que se lee: ""No hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo". Desde luego que no la hay, ésa es precisamente la característica del software adquirido por el gobierno no para combatir al crimen, sino para espiar a ciudadanos incómodos.

Podrá decir el presidente lo que quiera, pero la nota del New York Times es rotunda y abundante en datos duros.

Desde siempre se sabe de las prácticas ilegales de los gobiernos mexicanos con el dinero público, no sólo en el sentido de su apropiación con fines privados y de enriquecimiento, sino el uso del dinero público para usarlo en contra de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos. Hay fechas significativas en abundancia al respecto: 1968; 1971; todos los años de la guerra sucia, de 1965 con el asalto al cuartel Madera, en Chihuahua, hasta la disolución por muerte o encarcelamiento de los movimientos guerrilleros en Guerrero y Chiapas en la primera mitad de los 70. Es ésa la naturaleza del Estado mexicano y por extensión de todos los demás estados de ésta la simulada Federación.

Veracruz sabe de eso. Precisamente fue el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes, quien como secretario de gobierno organizó El Palomar en palacio de gobierno. Un espacio de oficina dedicado al espionaje de la ciudadanía con fines de control y protección de los intereses de la camarilla en el poder.

La investigación publicada por el New York Times es sustantiva, sí. Pero la esencia de esa actividad ilegal de los gobiernos mexicanos, los ciudadanos la saben en carne propia desde hace mucho tiempo.

Los reflejos autoritarios gubernamentales tienen dos fuentes de origen: una, su incapacidad intrínseca para procesar las diferencias y argumentar sus puntos; dos, la inseguridad oceánica que les provoca una ciudadanía informada y activa.

La situación permanece y sobrevive por una razón elemental: la permisividad de la sociedad que está dispuesta a tolerar autoritarismos mientras no les mellen demasiado el paisaje.