Política

Daño patrimonial de 22 mmdp en 2015; "FGE deberá hacer justicia"

junio 21, 2017

El presidente de la Comisión Vigilancia del Congreso del Estado, Juan Manuel de Unanue Abascal, confirmó que el saldo final del daño patrimonial por el ejercicio fiscal 2015 es de 22 mil 37 millones de pesos.

Por lo anterior, recordó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ha interpuesto un total de 24 denuncias penales contra quien o quienes resulten responsables del mal manejo de los fondos públicos.

En entrevista comentó que sólo se logró justificar el manejo de 16 millones de pesos, y el resto se tendrá que reintegrar a las arcas estatales o se deberán imponer cárcel a los responsables del mal manejo de los fondos públicos.

Recordó que el Orfis observó el manejo financiero por 16 mil millones de pesos y se sumaron observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por ocho mil millones de pesos, por lo que el monto se incrementó en relación a lo que no validó la pasada Cámara.

"Ahora lo que nos corresponde es darle seguimiento a las 24 denuncias que la Fiscalía General del Estado (FGE) haga su trabajo y que se haga justicia para los veracruzanos" dijo que es el saldo final después del proceso de fiscalización del órgano estatal y federal.

En otro tema, descartó que en breve se pueda contratar deuda pública de parte del Ejecutivo, dadas las condiciones de endeudamiento del gobierno del estado, a pesar de que hay una autorización que se validó en diciembre pasado.

"No estoy enterado y se tendría que valorar los créditos a corto plazo, y mientras se vea reflejado en obras y acciones de calidad en beneficio de los veracruzanos y que sean posibles de pagar".

Reiteró que la situación financiera del estado es completa, por lo que tendrán que ser cuidadosos de cómo se gastan los ingresos de Veracruz, "hay que valorar si se llega a dar esa situación y ver para que sería ese recurso".

Afirmó que gran parte del presupuesto se ha destinado para poner en operación los hospitales en el estado, al dotarlos de medicamentos, en mejorar las escuelas y en para el área de seguridad, "son cosas prioritarias".

Evitó hablar sobre la posibilidad de que se estén malversando el presupuesto del estado, al señalar que eso se valorara cuando se revise la cuenta pública, "por el momento no hay foco rojo".

Congreso, sin información

de retiros voluntarios

En el Congreso local no hay información oficial sobre el programa de retiro voluntario que va a desarrollar el gobierno del estado informó el diputado local Amado Cruz Malpica.

En entrevista consideró necesario que no se obligue a los burócratas a dejar sus puestos de trabajo, pues eso sería violatorio a sus derechos laborales adquiridos.

Consideró necesario que se les informe de cuáles serán las condiciones en las que se va a dar la separación de los trabajadores y que se cuente con los fondos necesarios para liquidarlos conforme a derecho.

El legislador de izquierda reconoció que será difícil que se transparente la información a los diputados locales, pues ha sido una constante la opacidad y la falta de datos a dicha soberanía.

Explicó que todos los datos que se han recibido a la fecha son por lo difundió de los medios de comunicación, "cualquier programa implica, como la semántica lo dice, que sea voluntario".

Lamentó que la administración panista esté copiando el mismo modelo que el gobierno de Javier Duarte que obligó al despido de burócratas para reducir la nómina y nunca se reflejó en el gasto corriente.

El legislador de izquierda fue insistente en señalar que el despido de funcionarios no debe impactar en la operación de las dependencias de la estructura de gobierno.

Reconoció que es contradictorio que se hable de liquidar a burócratas, pues eso obliga a tener suficiencia presupuestaria para pagar su salida conforme a derecho y de igual forma criticó que la medida se adoptó después del proceso electoral para evitar el costo político.

Con nuevo programa de jubilación, gobierno ahorrará 600 mdp

En la Gaceta Oficial del Estado, en el número extraordinario publicado el pasado viernes, se plantea un nuevo programa de retiro voluntario para la burocracia estatal, con el que se pretende ahorrar 600 millones de pesos de ahora al 2018.

De acuerdo con lo publicado en dicho documento, el objetivo es utilizar dichos recursos para "subsanar el déficit estructural presupuestal y destinarse a inversión productiva orientada a combatir la pobreza en las comunidades más necesitadas o a fortalecer la seguridad en las escuelas públicas del estado, combatir el "bullying", la desigualdad de género y la discriminación".

Dentro de la estrategia para mejorar la gestión y optimizar los recursos públicos, incluso se publicó un cuadro en el que se establece una fórmula cuyo resultado de la economía del programa del retiro voluntario será igual a la suma de empleados por los recursos pagados al retiro menos el costo anual de pagar esa plaza por los siguientes dos años.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, los servicios personales de la administración estatal pasaron de ser 33 mil 645 millones de pesos en 2011 a 53 mil 221 millones al cierre de 2015, lo que según el documento representa un incremento en sólo cuatro años del 58 por ciento.

Para el 31 de diciembre, también se muestra en una gráfica de la Gaceta Oficial, hubo una disminución en cuanto al número de personal, bajando en al rededor de 2 mil millones de pesos el monto destinado al pago de sueldos.

En la Gaceta Oficial, además, se señala como principal problema el hecho de que al ingresar personal a las dependencias, no se respetan los tabuladores salariales que se establecen en el presupuesto y los jefes de las dependencias y de sus unidades administrativas, deciden los montos a pagar, lo que genera que haya una "gratificación extraordinaria" , la cual "no se asigna en congruencia con el puesto y nivel jerárquico de los trabajadores".

Para poder hacer frente al gasto que representa el programa de retiro voluntario, de acuerdo con la Gaceta Oficial, los recursos serán utilizados del Capítulo 1000, de las dependencias y entidades para el ejercicio fiscal actual.

Aunado al programa del retiro voluntario, se señala que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) aplicará medidas de control en el gasto de servicios personales, con lo que se aplicará una compactación de estructuras, un sistema de registro único de plazas al que se adapten incluso los organismos públicos descentralizados y la concentración de la nómina de la Secretaría de Educación en la Sefiplan.

En este registro único también se establecerán las nóminas del poder Judicial y del poder legislativo, de acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial del Estado.