Política

El Congreso del cambio reprobado en transparencia

junio 15, 2017

El audio del conflicto entre la diputada Cinthya Lobato y el diputado Sergio Hernández se convirtió en una evidencia adicional –a los videos de Eva Cadena– acerca de la opacidad con que se maneja el presupuesto del Congreso del Estado de Veracruz.

Hasta el momento de escribir estas líneas, no se ha tenido conocimiento de una respuesta institucional por parte de la Presidencia del Congreso o de la Junta de Coordinación Política. Esto demuestra la falta de oficio político de las personas que están a cargo de estas instancias de poder. Las respuestas que se han dado al respecto se pueden sintetizar a continuación:

Descalificación. Acusar a la diputada de que tiene intereses políticos diferentes a los que persiguen los miembros del partido; descalificarla por su historia de vida; destacar su actitud vengativa porque no se cumplieron sus intereses mezquinos, etc.

Evitar el problema. A este respecto, existen una gran variedad de declaraciones sobre el tema: "No es obligación de diputados comprobar peso a peso gastos del presupuesto"; "Es un chisme de pasillo, es un enojo realmente que sale de la diputada"; "Los recursos se utilizan para gestiones en los distritos"; "Los diputados pueden usar su bono a discreción y no existe una fiscalización al respecto; etc.

Desviar la atención del problema. Para igualar el piso sobre el supuesto uso de recursos públicos en campañas electorales por parte de los partidos políticos, se involucra también al PRI en estos actos. Se filtra un audio donde se involucra a Héctor Yunes en –un supuesto– acto de corrupción; se trata de involucrar al líder de la bancada del PRI en el desvío de fondos de la "diputada recaudadora"; etc.

La respuesta que más se apega a la institucionalidad fue la que emitió uno de los presuntos implicados en el despilfarro de los recursos del Congreso, Carlos Gabriel Fuentes Urrutia. Para justificar el apego a la ley en el uso de los recursos, el Secretario de Servicios Administrativos y Financieros recurrió a los artículos 17 fracción V y 33 fracción V (Prosa aprisa, 13-junio-2017). En el primer artículo se menciona que los diputados "Recibirán una dieta mensual y las demás percepciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones legislativas, de control, de representación y de gestoría, de conformidad con las disposiciones presupuestales aplicables". En tanto que el siguiente artículo menciona que la Junta de Coordinación Política tendrá la atribución de: "Asignar, en los términos de esta ley, los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los Grupos Legislativos".

Para comprender el punto nodal del problema exploremos como se distribuye el presupuesto del Congreso Estatal. En el año de 2017 el Congreso Estatal dispone de un presupuesto de $ 676 900 000 pesos; de este total de ingresos el 56.42% corresponde a servicios personales; 27.34 % a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; 11.08% a servicios generales; el 3.01% a bienes muebles, inmuebles e intangibles y 2.14% materiales y suministros.

En teoría, el uso de los recursos en el pago de servicios personales y generales, bienes muebles, inmuebles e intangibles y materiales y suministros resultan fácilmente comprobables. El problema se presenta en la comprobación en el uso de los recursos canalizados a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. El monto para este renglón presupuestario asciende a 185 076 000 pesos; de este monto el 96.76% corresponde a subsidios y subvenciones y el resto a ayudas sociales. Debido a la falta de información sobre este renglón presupuestario, se puede inferir que estos recursos se utilizan para cubrir tanto los pagos relativos a las remuneraciones adicionales de los diputados; así como para financiar a las bancadas – $ 19 200 000 anuales para la bancada del PAN, $ 14 400 000 pesos anuales para la bancada de Morena y así sucesivamente- y el resto para otros gastos que se desconocen. Debido a la opacidad en el uso de estos recursos presupuestarios cobran notoriedad las declaraciones de Eva Cadena y de Cinthya Lobato.

En palabras coloquiales, las legislaturas anteriores utilizaban esta partida presupuestal como una forma de institucionalización del moche; sin embargo, no es concebible que la "legislatura del cambio" reproduzca las prácticas que tanto crítica. La aprobación y uso de esta partida presupuestal, tiene las siguientes implicaciones: por un lado, facilita el control político de los diputados y por el otro lado, fomenta el uso clientelar de los recursos públicos. Además, los diputados están violando la fracción II del artículo 82 de la Constitución del estado de Veracruz al percibir una remuneración superior a la del gobernador.

Que esperan los encargados de las instituciones involucradas en la aprobación, transparencia y fiscalización de los recursos públicos –Congreso del Estado, IVAI, Orfis, y en su caso, la Fiscalía Estatal– para investigar hacia donde se canalizaron los recursos destinados a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, así como de los demás recursos ejercidos por la Legislatura Estatal. La pregunta pertinente es la siguiente: ¿Por qué no lo hacen? Usted conoce la respuesta.