Sociedad y Justicia

Se protegen de la justicia empresarios veracruzanos

junio 14, 2017

Concede juez orden de aprehensión contra hermanos Fernández Ávila; Javier Ruiz, en negocios con Borge

Esta semana tres de los más connotados empresarios del estado de Veracruz promovieron juicios de amparo para evitar que la Procuraduría General de la República pueda ejecutar en su contra órdenes de aprehensión. Se trata por un lado de los hermanos xalapeños Justo y Manuel Fernández Ávila; y por otra parte, del veracruzano Javier Antonio Ruiz Anitúa.

En el caso de los primeros dos, ya existe una orden de aprehensión autorizada por un juez, razón por la cual el amparo que obtuvieron es para impedir que la ejecute la PGR; mientras que en el caso de Ruiz Anitúa es un amparo apenas promovido en contra de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Quintana Roo, pues se le vincula con casos de corrupción con los ex gobernadores Roberto Borge y Javier Duarte de Ochoa.

De acuerdo con el expediente 671/2017 del Juzgado Primero de Distrito, el 8 de junio, los hermanos Justo y Manuel Fernández Ávila promovieron el juicio de amparo en contra de una orden de detención, presentación, así como evitar citarlos a juicio. Ha trascendido que la investigación de la PGR en su contra pudiera estar relacionada con un caso ante el fisco o por una posible violación a las normas ambientales federales por construir en lugares protegidos por la ley.

"Los quejosos han solicitado la medida suspensional, de concederse, no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse se les podrían causar daños o perjuicios de difícil reparación; en consecuencia, se concede la suspensión provisional para el efecto de que los quejosos Manuel Fernández Ávila y Justo Jesús Fernández Ávila, no sean obligados a presentarse contra su voluntad ante los fiscales señalados como responsables, hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, quedando en cuanto a su libertad personal a disposición de este Juzgado de Distrito", dice de manera textual parte del expediente.

La suspensión provisional para ambos empresarios xalapeños les costó sólo 5 mil pesos a cada uno, el cual ya fue cubierto, para que surta efecto su amparo. "El monto fijado se estima así, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, consistentes en las órdenes restrictivas de la libertad personal, además de que no se cuenta con elementos que permitan conocer las modalidades y características del delito que se les imputen, dado que reclaman ésta de manera genérica, y tampoco manifestaron en la demanda datos referentes a su situación económica", establece otra parte del expediente.

Originalmente el amparo fue promovido en contra de más de una veintena de autoridades de la PGR, sin embargo el juez federal determinó que algunas eran inexistentes, por lo que únicamente se les protegió de manera provisional ante cualquier orden de detención que pudiera pesar sobre Justo y Manuel Fernández Ávila.

Duarte y Borge embarran a Ruiz

Otro empresario que apenas está tramitando su amparo es Javier Antonio Ruiz Anitúa, hijo de Felipe Ruiz (quizá la persona con mayor fortuna en Veracruz). El 24 de mayo del presente año se abrió el expediente 481/2017 ante el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Boca del Río para ampararse en contra de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Quintana Roo.

Hasta el momento no ha recibido el beneficio de la suspensión provisional y su audiencia constitucional ante el juez federal fue programada para el 26 de junio a las 11 horas. Sin embargo, empresarios de Quintana Roo lo han señalado en los últimos días de que él, junto a su hermano Francisco Ruiz Anitúa, son compadres de los ex gobernadores Roberto Borge y Javier Duarte y se encuentran involucrados en un fraude contra el gobierno de dicha entidad.

El empresario Carlos Mimenza acusó a los veracruzanos de tener sociedades en común, que aglutinan más de 40 empresas entre ellos a través de Grupo Intra. Grupo Intra, explicó el empresario pertenecen a Francisco y Javier Ruiz Anitúa, y se beneficiaron a través de sus filiales a través a la empresa Rumega SA de CV con contratos millonarios.

El domicilio fiscal, aseguró, es una casa de interés social abandonada en Chetumal y está constituida por tres empleados.

Se defiende edil de Moloacán

El alcalde de Moloacán, Omar Ricárdez Chong, afirmó que las propiedades que fueron exhibidas en un video en redes sociales son fruto de la perseverancia y el esfuerzo de más de 25 años de trabajo junto con su esposa.

A través de su página de Facebook, el presidente municipal dijo que los bienes mostrados también pertenecen a sus hijos y otros eran de sus padres, de tal suerte que el material tiene el objetivo de afectar su prestigio y causar daño moral, pues se trata de información dolosa, malversada y falsa.

"Estas propiedades están en posesión desde hace más de 25 años, cuando aún no era alcalde o líder de la honorable Sección 16 del sindicato petrolero", refutó el edil de extracción priísta.

En la publicación realizada en la red social, Ricárdez Chong expuso que en el vídeo lo acusan de enriquecimiento ilícito. Asimismo, dijo que ha obtenido resultados positivos en las auditorías practicadas por el Organismo de Fiscalización Superior (Orfis). "Dichas auditorías no son sólo de estos tres últimos años, sino también de la primera administración que me tocó encabezar del 2005 al 2007. Quiero ser muy claro no se ha cometido ningún delito", afirmó.

El alcalde de Moloacán anunció que en los próximos días presentará una denuncia por los delitos de calumnia y difamación contra quien resulte responsable. Finalmente, Omar Ricárdez agradeció a las personas que confiaron en su esposa, Teresa Estrada Martínez, en las pasadas elecciones; sin embargo, trascendió que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que abanderó su candidatura, impugnó los comicios.