Política

La importancia del trato

mayo 24, 2017

El gobierno del estado ha asentado con claridad la determinación de castigar a los culpables y cómplices del desastre económico financiero dejado por la infausta administración de Javier Duarte.

Si nos atenemos al número de personas en prisión para que enfrenten su proceso, habrá que conceder que el gobierno, en efecto, ha procedido con enjundia en la consecución de su compromiso de campaña. Falta por ver la consistencia de las causas que se imputan a los detenidos y la eficiencia y técnica legal de la fiscalía a cargo de Winckler. Por lo pronto, puede aceptarse que las acciones emprendidas contra ex funcionarios de la administración Duarte han sido razonablemente bien recibidas por la sociedad.

Sin embargo, las causas y casos concretos de agravio que lastiman a parte muy importante de la sociedad siguen sin resolverse. La tarea no es sencilla, son varios miles de casos insolutos herencia de Duarte, más los muchos que se acumulan en el primer semestre de gobierno. Pero no es la ofensiva cifra de asesinatos y desapariciones acumuladas lo que más indigna a la sociedad, sino la incapacidad gubernamental para empatar y sintonizar con los sentimientos de dolor, impotencia y desamparo de la justicia que tienen miles de familiares de desaparecidos y asesinados.

En este punto, la presente administración muestra una indiferencia equivalente a la administración anterior. Simplemente ni lo ve ni los oye.

En consecuencia, varios colectivos hartos de la asintonía gubernamental tomaron ayer la calle frente a las instalaciones de la FGE en exigencia de ser atendidos directamente por el Fiscal.

No ayuda a la tranquilidad social la facilidad y el cinismo con la que personajes públicos, sujetos a la rendición de cuentas, se amparan para impedir siquiera se les interrogue, además de no ser detenidos. Cuáles son las condiciones de un sistema de impartición de justicia que consistentemente se disminuye a sí mismo por conceder amparos con la misma facilidad de una máquina expendedora de comida chatarra en una estación de autobuses.

El asunto se agrava y exacerba los sentimientos de enojo cuando, además de las singularidades del sistema legal mexicano, los familiares y colectivos civiles de búsqueda de desaparecidos que tienen meses solicitando hablar con el fiscal tienen que encajar la indiferencia y lejanía gubernamental porque sus funcionarios simplemente se niegan a hablar con ellos. Particularmente el Fiscal. No hay mucha diferencia en este aspecto con la administración anterior. Y no es decir poco.

Es deseable, además de muy prudente, un cambio de actitud por parte del señor Winckler. Es él quien debe dar la cara a los familiares de las víctimas y reconocer que en el camino es gracias a ellos que se avanza en las investigaciones porque las autoridades están abrumadas y rebasadas.

Se equivoca rotundo el gobierno al despreciar a la sociedad cuando es precisamente por su concurso que se pueda alcanzar la paz en este estado lastimado por sociópatas de avaricia insaciable y patologías violentas.

El castigo es importante sólo si se consigue devolución de lo robado; de otra forma no es más que anécdota. La auténtica diferencia está en la relación gobernante-gobernados; en la calidad de ésta y el compromiso gubernamental no sólo en ser eficiente, sino en ser cercano a los gobernados.

De otro modo la semejanza con lo anterior será demasiado incómoda y costosa. Para todos.