Política

Secuela

mayo 22, 2017

Por la tarde noche de sábado fue detenida Georgina Domínguez Colío, ex vocera de Javier Duarte de infausta historia. Antes de prestar sus servicios al gobierno de Duarte, lo había hecho en Quintana Roo en el gobierno de Mario Villanueva, detenido, encarcelado y luego entregado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Desde el sábado, la mujer duerme en el penal de Pacho Viejo.

La señora Domínguez, junto al resto de sus ex compañeros en el gobierno de Javier Duarte detenidos en Pacho Viejo, personifica la agobiante magnitud de las distorsiones que la autocracia –a la que tienden los gobiernos mexicanos– imprime en la relación gobernante-gobernados.

Fue detenida por el desvío de cantidades ingentes de dinero público, lo que era norma y condición para desempeñar cualquier cargo significativo en aquella administración, por llamarla de alguna manera. El motivo de la detención es importante, desde luego, pero la impronta dejada es una larga estela de violencia contra periodistas, amenazas, indolencias y desprecio para quienes informan a la sociedad. La señora Domínguez fue la ejecutora de la supresión de la opinión crítica e información veraz como constante de gobierno y de alentar la perversión en las relaciones con la sociedad en donde prensa y medios electrónicos de comunicación desempeñan un papel determinante.

Es la impronta de un gobierno autócrata y analfabeto –antipático en el sentido estricto– falto total de empatía con los gobernados y sus necesidades. Desde la precipitación de sus ingresos hasta la completa inseguridad, pasando por el desprecio al derecho de estar informado. La imagen del gobierno anterior recuerda mucho los rostros de carcajadas decadentes en el mural de Orozco, Katharsis, en Bellas Artes.

Hay muy poca distancia entre un gobierno así y los gobiernos militares latinoamericanos de las décadas sesenta, setenta y ochenta. De hecho, el invasivo despliegue permanente de fuerza en las calles por parte de policías estatales, junto con el número de muertos y desaparecidos bien califica la autocracia anterior como neo fascista, pero sin el ropaje ideológico por crasa incapacidad conceptual.

Falta por ver la consistencia de los procesos legales que se enderecen contra los ahora detenidos y desde luego habrá que ver la coherencia priísta al respecto. No basta que el presidente nacional del PRI salga con desfachatez a decir que los corruptos deben devolver lo robado luego de que se autodesignó una liquidación de un millón 200 mil pesos por dos años de trabajo en la CFE, pese que en el manual de trabajo de la institución dice con claridad prístina que si un funcionario se separa "por voluntad propia" las compensaciones sólo aplicarán después de los tres años de servicio.

En el juego de espejos y simulaciones de la convivencia mexicana, los reclamos de irritación y hartazgo de los actores políticos deben tomarse con suspicacia. Siempre.