Política

Imparable, robo de combustibles; se les salió de control a EPN y al narco

mayo 12, 2017

Poza Rica, Ver.- A pesar de los operativos coordinados entre el Ejército, Marina y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), las autoridades federales no han logrado frenar el problema del robo de combustibles en todo el país. Entidades como Veracruz registraron un incremento durante el año pasado y el análisis de los especialistas apunta a que, una vez que el gobierno federal perdió el control de los grupos criminales y éstos de las pequeñas bandas que ellos mismos generaron, dejará de mantener la tutela de la seguridad interior y propiciará espacios para que las empresas que invertirán en el sector energético contraten compañías de seguridad integradas por agentes con experiencia en el combate a organizaciones terroristas; lo que implica un riesgo para las propias comunidades.

De acuerdo con datos abiertos obtenidos por Etellekt Consultores, el problema de robo de combustible creció en Veracruz durante el año pasado, a pesar de que había dejado de figurar entre los primeros cinco lugares a nivel nacional. En 2015, se registraron poco más de 450 tomas clandestinas; sin embargo, en 2016 fueron más de 630 de estas tomas, lo que podría relacionarse con el clima de inestabilidad política en la entidad.

Rubén Salazar, director general de la firma de analistas, refiere que esta situación pudo generarse por los reacomodos en las principales organizaciones delincuenciales en Veracruz y Puebla, donde ladominantes es la de Los Zetas, aunque también tienen presencia el Cartel de Jalisco Nueva Generación en el Puerto, Xalapa y el norte de la entidad.

El crecimiento del mercado negro de los combustibles ha propiciado que se establezcan puntos de venta en las carreteras, cuando anteriormente esta actividad se desarrollaba en la completa clandestinidad y pocos tenían acceso, al amparo de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Existen testimonios de vendedores de combustibles ilícitos, en los que advierten que deben entregar cantidades de dinero diarias a las policías municipales o estatales, para que puedan operar libremente.

México cerró 2016 con más de 6 mil 800 tomas clandestinas, cifra histórica en el país. Desde 2000 a 2016 se ha presentado un total de 26 mil de estas tomas ilícitas; 19 mil de ellas, cerca de 78 por ciento, han ocurrido durante la administración de Enrique Peña Nieto, lo que deja ver que el problema no ha sido prioridad para la administración federal.

Se estima que diariamente son extraídos 24 mil barriles diarios de combustibles, gasolinas o diesel. Cada barril equivale a 159 litros. De éstos, aproximadamente 17 mil barriles son de diesel. No obstante lo llamativa que resulta la cifra, esta cantidad que se extrae de manera ilícita representa no más de 2% de los combustibles que se comercializan diariamente en el país: 830 mil barriles de gasolina y 370 mil de diesel.

Las pérdidas para Pemex son de 2% de las ganancias que obtiene por la comercialización de los combustibles, lo que equivale a cerca de 25 mil millones de pesos, a los cuales se les añaden los costos de reparación de los ductos, cerca de 5 mil millones más. De tal forma, Pemex pierde sólo 30 mil millones de pesos al año por este concepto.

La venta del combustible ilícito representa ganancias de 15 mil millones de pesos al año, lo que resulta superior al margen de ganancia que obtienen los gasolineros, quienes obtienen entre 94 y 96 centavos por cada litro de combustible que venden, en promedio; que en 2016 dejó utilidades por 70 mil millones de pesos.

El crimen organizado, como nuevo competidor –ilícito– en el mercado de los combustibles, recibe ganancias de 15 mil millones de pesos, con un margen de utilidad casi de 100%. Lo único que están gastando es en el pago de protección para poder operar.

Las pérdidas que se generan han sido trasladadas al precio final al consumidor; lo que se demuestra en los precios de los combustibles: al final del sexenio de Felipe Calderón rondaban en 12 pesos, con Enrique Peña alcanzaron los 17 pesos; y se estima que el crecimiento del mercado negro será exponencial en todo el país en los siguientes meses.

"El problema va más allá de las simples perforaciones a los ductos, sino que las autoridades deben investigar quiénes son los principales beneficiarios de este ilícito".

Se les salió de las manos a cárteles

Años atrás, los grupos Cártel del Golfo y Los Zetas propagaron una campaña en comunidades en las que se les decía que tomar el petróleo era legítimo porque era propiedad de la nación, del pueblo; legitimando su actividad y logrando blindarse de los operativos federales.

Esta situación se generó con mayor fuerza en el estado de Puebla, municipios que siempre han sido celosos de la presencia de actores externos. En un principio los integrantes del crimen organizado dejaban abiertas las válvulas de las tomas clandestinas para que la comunidad pudiera surtirse para consumo personal, lo que escaló después a la venta al menudeo.

"Esto se le sale de las manos a Los Zetas; se formaron bandas de huachicoleros, crecieron y formaron su actividad propia. El cártel reaccionó aplicando escarmientos brutales a quienes estaban operando fuera de su control; existen testimonios de que eran quemados vivos junto con el combustible robado, a fin de advertir el destino de seguir actuando libremente", comentó el entrevistado.

Sin embargo, las pequeñas bandas de huachicoleros comenzaron a organizarse y fijaron precios para sus combustibles. Quienes ignoraban estos acuerdos ilegales eran ejecutados por ellos mismos. A principios de 2017 se comenzó a frenar esta actividad pero resurgió con mas fuerza tras el alza a los precios oficiales.

Estas pequeñas bandas se salieron de control a Los Zetas y al gobierno. Esta tendencia ha preocupado a la Federación, lo que se percibe con el envío de tropas de la Policía Militar a los estados en los que se presenta este problema.

México perderá soberanía

Uno de los riesgos que se observan en el análisis de la situación actual, es que el gobierno permita que las empresas que invertirán en el sector energético, desde la extracción hasta la distribución, almacenamiento y venta, contraten sus propias compañías de seguridad privada para brindar la seguridad a sus instalaciones.

Estas empresas podrían incidir en los legisladores para el impulso y aprobación de reformas constitucionales que permitan la contratación de cuerpos de seguridad privada, compuestos por efectivos con experiencia en el combate de grupos terroristas, que han operado en países con situaciones similares a las de México, como Afganistan, Irak o Siria.

Esto implicará renunciar a parte de la soberanía nacional; renunciando el Estado a sus atribuciones. Estos grupos integrados por ex marines, no lograron contener el poder de las organizaciones criminales en otros países.

Otro riesgo es que estas empresas sean orilladas a comprar la protección de las organizaciones criminales que ya operan en estas zonas geográficas, como ya ocurrido en algunos casos documentados.

De igual forma, esta situación podría impulsar la conformación de una Policía Nacional que sustituya a todas las fuerzas locales y estatales, a solicitud de los países de origen de las empresas inversionistas, en virtud de que las corporaciones mexicanas les resultan poco confiables para la operación de estos proyectos de inversión.

El mayor riesgo para la población, y que ya está ocurriendo, como se puede ver en la proliferación de fosas clandestinas en todo el estado, es que el problema se intente resolver mediante operaciones irregulares, como ejecuciones extrajudiciales en contra de estos grupos y en los que podrían participar otros integrantes de la delincuencia organizada.