Política

Se afronta a huachicoleros como parte exclusiva del hampa y no por pobreza

mayo 12, 2017

Los gobiernos federal y estatal responsabilizan a los integrantes del crimen organizado por el robo de combustible y la venta clandestina, sin tomar en cuenta que esto además de ser parte de la inseguridad, se convirtió en un problema económico-social, en el que están involucradas familias en situación de pobreza, que lo convirtieron en un comercio informal, señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Peritos, Directores Responsables de Obras y Corresponsales del estado de Veracruz (AMPDROC) Augusto Zamora Lara.

Sin embargo, lo que las familia en situación de pobreza involucradas en la venta de combustible robado ahora convertida en comercio informal, no miden que está en un "grave" riesgo su seguridad física, en el que se exponen al transportar material flamable, pues no es lo mismo que ofertar playeras o tenis clonados, refirió.

"La situación es terrible y la gente cae en esa situación porque es más barato y lo tienen a la mano, no tienen que moverse hacia alguna gasolinera para comprar, lo más grave es que estos delitos que antes eran de tipo industrial de cierto nivel, ahora ya está a nivel del pueblo de la sociedad en general, están haciendo que la gente apruebe o se vuelvan parte de esta actividad" explicó.

Zamora Lara advirtió que el robo de combustible no es sólo en Puebla, sino en todos los estados de la República mexicana donde pasan los ductos o hay instalaciones de refinerías, en los que se habría de investigar si los concesionarios del transporte público adquieren diesel o gasolina de manera clandestina.

"Es un riesgo físico, toxico, económico en general, no sólo para los empresarios de gasolineras, porque les pega a todos, porque no sabemos si los taxistas o camioneros están usando ese combustible, no hay control, eso es lo más grave y difícil. La venta de combustibles de procedencia ilícita se da en las rancherías y pueblitos, y eso no lo controla nadie", explicó.

Zamora Lara sostuvo que el problema del robo y venta de combustible va más allá de que la delincuencia organizada lo controle, como lo señalan las autoridades, sino que se convirtió en un ingreso para familias en situación marginal, así que los gobiernos federal y estatal deben ser generadores de empleos, de reactivar el campo.

"Hay un efecto social tremendo que no se ve que el gobierno lo esté reconociendo y sobre todo combatiendo, sino que hablan de grupos criminales, que se dedican a la expansión y extracción de combustibles, pero no hablan de la población en general, qué están haciendo para combatir la pobreza en la que se encuentra esa gente que depende de la venta ", explicó.

Refirió que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene responsabilidad en estas acciones de robos de combustible, porque tiene la posibilidad de poner medidas tecnológicas y de detectar dónde se hacen las extracciones en los ductos.

"Eso es público, existen los famosos trazadores, que determina en qué punto de la tubería bajó la presión y ahí está la fuga, no sólo lo pueden determinar con personal físico recorriendo las líneas, sino de manera satelital. Esto no es único en México, ha sucedido en varios países, sobre todo en Colombia, donde han revertido lo que estamos viviendo nosotros, ya lleva años", finalizó.