Política

Desobediencia del Ejecutivo estatal en materia presupuestal

abril 08, 2017

Días antes de la aprobación del Presupuesto de Egresos 2017, el Ejecutivo estatal informó que se estaba revisando el presupuesto para adecuarlo al Plan Veracruzano de Desarrollo y para darle viabilidad financiera, lo cual implicaba la reducción de un déficit público por más de $20,000 mdp. Utilizó esta justificación para solicitar al Congreso local tres meses de prórroga con la finalidad de realizar los ajustes presupuestales que permitan lograr un equilibrio financiero.

El Ejecutivo estatal tenía como fecha límite el 30 de marzo de 2017 para realizar los ajustes necesarios a la Ley de Ingresos para el ejercicio 2017 y al Presupuesto de Egresos para 2017, que fueron aprobados el 30 de diciembre de 2016. En concreto, debería cumplir con lo que establece el Quinto transitorio del Presupuesto de Egresos 2017.

"El Poder Ejecutivo del Estado (…) deberá presentar ante el H. Congreso del Estado una propuesta de ajustes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017, con la finalidad de incorporar en su cuerpo normativo las previsiones que resulten necesarias para cumplir los siguientes propósitos:

I.- Contar con una previsión más real del ingreso que percibirá el Estado, así como establecer una nueva distribución de los recursos asignados a cada una de las unidades presupuestales consignadas en el presente Decreto, que permita sentar las bases para subsanar el déficit estructural del presupuesto y que resulte congruente con la realidad económica que enfrenta la hacienda pública estatal (…)

II.- Incorporar la estructura programática basada en resultados, así como los parámetros cuantificables y los indicadores del desempeño que resulten congruentes con el Plan Veracruzano de Desarrollo y con los programas que deriven de éste (…)

En un oficio dirigido a la presidenta del Congreso estatal, de fecha 30-03-2017, el Ejecutivo estatal manifestó que se aplicará la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos aprobados por el H. Congreso del Estado para el ejercicio 2017; además, sostiene que durante el año se realizarán los ajustes que sean necesarios. Es decir, los 90 días que solicitó para hacer las adecuaciones al presupuesto no fueron suficientes para cumplir con su tarea.

La situación se vuelve confusa porque en el Congreso estatal se aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos y la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos elaborada por la administración pasada. Ante esta situación, algunos analistas critican las declaraciones realizadas por el Ejecutivo estatal relativas a la irresponsabilidad de aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos presentadas por Flavino Ríos Alvarado; asimismo, algunos diputados se cuestionan sobre el trabajo infructuoso que realizaron con las distintas dependencias, organismos descentralizados y organismos públicos autónomos en materia de ajuste presupuestal.

Una vez expuesto lo anterior, resulta conveniente reflexionar acerca de lo que aprobó la LXIV Legislatura en materia de ingresos y gastos públicos. Por el lado de los ingresos públicos, el Congreso estatal aprobó un presupuesto de $101,989 mdp; sin embargo, los ingresos totales ascienden a $108,108 mdp, debido a que en la Ley de Ingresos aprobada se incluyen $6,119 mdp que corresponden al 6% de los ingresos totales en materia de endeudamiento neto.

Por el lado del gasto público se presentó la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos que elaboró la administración de Flavino Ríos Alvarado, en la cual se registra un monto de gasto público de $101,989 mdp; sin embargo, en el apartado referente a los artículos transitorios se sostiene que: "El Ejecutivo del Estado podrá ejercer los recursos del presente ejercicio fiscal mediante una clasificación administrativa del gasto, de conformidad con lo previsto por el artículo 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de acuerdo con el Anexo B". Además, en el Anexo B se incluye un gasto total de $102,732 mdp, cifra superior en $738 mdp al gasto total que registra el presupuesto de la administración pasada.

Al no realizarse los ajustes que mandata el artículo Quinto transitorio de Presupuesto de Egresos 2017 se presenta una grave confusión, puesto que sólo se conoce cuánto gastar –$102,732 mdp– por dependencias y por sector central y se pretende justificar el cómo gastar con el Presupuesto de Egresos que presentó Flavino Ríos Alvarado; no obstante, la propuesta del gobernador interino corresponde a un gasto menor y a otra forma de distribución y topes de gastos públicos. Esta acción estaba predeterminada desde que se solicitó la prórroga de 90 días, debido a que lo que se busca es la utilización del gasto público sin que exista ningún obstáculo que se interponga para ello.

El desacato al artículo Quinto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos tiene las siguientes implicaciones:

1.- Incumplimiento del artículo 26 y de las fracciones XXVII y XXVIII del artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Veracruz.

2.- Incumplimiento del artículo 161 del Código Financiero para el Estado de Veracruz.

La información que presenta la administración gubernamental actual sobre el déficit público resulta poco creíble, debido a que se han manejado cifras diferentes, así como distintas versiones de su origen. Por un lado, se busca la fuente del déficit en la diferencia de un gasto corriente de $65,000 mdp y de los ingresos disponibles, cuyo monto asciende a $46,000 mdp. Por otro lado, al gasto corriente se le suma la deuda pública; así, el déficit público se integra por los gastos heredados de nómina de educación y salud; gastos de operación de dependencias; por mayor costo de la deuda este año; por déficit real del IPE; adeudos a los municipios; presión de recursos a organismos y ramos autónomos; y refrendos para programas federales.

El déficit público se puede reducir a la mitad si se le descuentan los adeudos con los municipios y los refrendos para programas federales, dado que la deuda con los municipios fue negociada y también se puede negociar la condonación o postergación del pago de los refrendos. Asimismo, el gobierno estatal dispondrá de recursos adicionales provenientes de la política fiscal implementada: $1,000 mdp por eficiencia recaudatoria y $1,700 mdp (aproximadamente) por reducción de gasto operativo y por reestructuración de la deuda de largo plazo. Adicionalmente, recordemos que se tiene un superávit público de $5,376 mdp proveniente de la diferencia de los ingresos públicos totales y de los gastos públicos totales.

Pensando maliciosamente, resulta ventajoso para el Ejecutivo estatal desacatar los ordenamientos legales y utilizar estos recursos tan necesarios en estos dos años electorales, y después informar que no fue posible cumplir con los programas públicos debido al enorme déficit público.

Ante esta forma de proceder del Ejecutivo estatal, resulta obligatorio que los miembros de la LXIV Legislatura respeten y hagan respetar la ley. Esto es lo mínimo que se les exige para defender la supuesta autonomía e independencia del Poder Legislativo y el equilibrio entre los poderes.