Política

Privatización de servicios, el juego del dinero

abril 07, 2017

La privatización de los servicios públicos se sostiene, según argumentan sus impulsores, bajo la lógica de que con ello, y ante la falta de recursos de los gobiernos, su prestación mejoraría notablemente, y con la llegada de capital fresco proveniente del ala empresarial se ampliaría la cobertura a la mayor cantidad de gente posible, además del incremento de la productividad, la calidad y la eficiencia.

Otras visiones alertan sobre el impacto social de las privatizaciones, porque conllevan una profunda restructuración de los cuadros y niveles tarifarios y, al mismo tiempo, reformulan el rol del Estado, de prestador de los servicios a entidad concedente y autoridad regulatoria de la operación privada.

La crítica se centra también en que las privatizaciones traen de la mano el aumento real de las tarifas, la deficiencia regulatoria de los organismos públicos y la constante renegociación de las principales cláusulas contractuales, con la consecuente inseguridad jurídica para los usuarios.

Aún se discute hasta qué punto el Estado ha asumido adecuadamente su nuevo rol y, en definitiva, hasta qué punto la privatización de los servicios públicos ha sido socialmente eficiente; pero lo que sí es indudable es que puede emprenderse un análisis a partir de su impacto en el presupuesto de los hogares, y sobre todo en la definición de la relación entre la iniciativa privada prestadora de servicios públicos y los trabajadores de los organismos estatales en extinción bajo ese modelo.

La distribución del gas natural, electricidad, telecomunicaciones, agua y disposición de los desechos sólidos y líquidos son responsabilidades gubernamentales entregadas a la iniciativa privada y, por ende, dejaron de ser uno de los principales instrumentos de política económica de que disponían los gobiernos, ya que modificando tarifas y niveles de inversión, el Estado podía compensar el gasto de grupos de la población marginales, influyendo sobre la distribución del ingreso y el acceso a bienes y servicios básicos.

Ese proceso ya se llevó a cabo en la mayor conurbación del estado, la comprendida en las poblaciones aledañas a Veracruz-Boca del Río; se concretó mediante un proceso de privatización de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado bajo la administración del presidente municipal Ramón Poo Gil, un neofuncionario proveniente del sector privado quien, en alianza con MAS (un consorcio hispano-brasileño en el que participa la multinacional sudamericana Oldebretch), desmanteló el sistema público y despidió a decenas de trabajadores que de la noche a la mañana se quedaron en la calle.

Contrario a lo que debiera suceder, el consorcio MAS no ha mejorado la calidad de la distribución del líquido pero sí anunció un incremento de sus tarifas que, dicho sea de paso, tendrá en la próxima temporada de estiaje una gran prueba para dotar eficientemente el servicio a cientos de miles de usuarios.

No se han tenido los resultados esperados y, con todo y ello, el alcalde Poo Gil anunció ya que en breve estarían dándose los primeros pasos para la desincorporación a la IP del servicio de alumbrado público, bajo una lógica claramente empresarial en la que se sospecha de sus buenas intenciones cuando hay en juego multimillonarios negocios.