Política

Veracruz: déficit público y deuda pública estatal

marzo 13, 2017

La política económica impulsada a nivel nacional por los gobiernos de corte neoliberal durante más de tres décadas han precarizado el nivel de vida de clase trabajadora e impulsado los niveles de pobreza, por un lado y por otro lado, el manejo inadecuado de las finanzas públicas han contribuido a la ampliación de la brecha en la distribución del ingreso entre los ricos y los pobres. Así, se tiene una creciente demanda de satisfactores públicos por parte de la ciudadanía que resulta imposible de satisfacer por la insuficiencia de ingresos y por el mal uso que se hacen de estos.

En Veracruz se reproduce esta situación de manera ampliada; la situación resulta preocupante porque el estancamiento económico y el déficit creciente en la cobertura de las necesidades sociales de los ciudadanos se enfrentan a unas finanzas públicas colapsadas. El manejo desordenado de las finanzas públicas por las administraciones gubernamentales anteriores, se manifestó en un déficit público permanente y en un incremento constante y explosivo de la deuda pública estatal. En conjunto, el déficit público, la deuda pública estatal de corto y de largo plazos se presentan como los principales retos que enfrenta la gestión gubernamental actual en materia de finanzas públicas. A continuación revisaremos las principales acciones que se están impulsando para controlar el gasto público; la reestructuración de la deuda pública estatal y el trato que se le ha dado a la deuda de corto plazo.

Déficit público y ajuste del gasto corriente.

Hasta el momento solo se conoce el monto total del presupuesto de egresos de 2017 y los topes máximos asignados a las dependencias del gobierno del estado. El presupuesto de egresos que presentó el gobierno estatal y a su vez, aprobó el Congreso local el 30 de diciembre de 2016 asciende a 102 mil 732 millones de pesos. En este sentido, el presupuesto de egresos para el año de 2017 aumentó en mil 25 millones de pesos, respecto al presupuesto de egresos de 2016. En este presupuesto de egresos resulta destacable el aumento del gasto destinado a educación con mil 463 millones de pesos y a salud con 496 millones de pesos. Por otra parte, disminuye el monto de ingresos destinados al sector central en mil 25 millones de pesos.

La justificación de la elaboración de un nuevo presupuesto se sustentó en el argumento de que el presupuesto presentado por Flavino Ríos Alvarado registraba un déficit público –según los funcionarios públicos– superior a los 20 mil millones de pesos. La administración gubernamental actual ha manifestado que implementará una política de austeridad para hacer frente a este problema de orden financiero. Esta política se orienta a la disminución del gasto corriente, afectando principalmente a las partidas relativas a servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Sin embargo, el incremento del gasto público resulta indicativo de una política fiscal expansiva; habría que conocer la política de racionalización del gasto que impulsará la actual gestión para disponer de mayores elementos de evaluación.

Reestructura y refinanciamiento de la deuda pública estatal

En el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto se contempla la reestructuración y/o refinanciamiento de 46 mil millones de pesos; correspondiente a 21 obligaciones financieras por un monto de 41 mil 529 millones de pesos y a cuatro obligaciones financieras –bonos cupón cero– que representan un monto de 4 mil 52 millones de pesos.

De acuerdo a la información presentada por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), el gobierno estatal tiene que enfrentar en 2017 compromisos financieros por un monto de 5 mil 686 millones de pesos correspondientes al servicio de la deuda pública de largo plazo. Por otro lado, se dispone de 6 mil 164 millones de pesos correspondientes a 6% autorizado en la Ley de Ingresos del Estado para 2017. Por su parte, con el proceso de reestructuración de la deuda pública estatal se pretende lograr un período de gracia en donde solo se paguen los intereses de la deuda; así como la extensión del plazo en el que se pagará la deuda, lo cual permitirá reducir el pago anual por concepto de amortización del capital.

¿Qué uso tendrán los recursos liberados por la reestructuración y/o refinanciamiento de la deuda? En la iniciativa presentada originalmente (24-01-2017) no se incorporó ningún párrafo que indicara el destino que tendrían los recursos excedentes obtenidos por el proceso de reestructuración y/o refinanciamiento de la deuda pública estatal. Debido a que la aprobación de la comentada iniciativa requiere el voto de las fracciones legislativas del PRI y de "Juntos por Veracruz", la fracción legislativa del PAN tuvo que negociar la incorporación en el dictamen de un párrafo que mencionara que los recursos excedentes se destinaran a cubrir los compromisos financieros que tiene el gobierno estatal con los municipios de la entidad. Así, en el párrafo segundo del artículo décimo segundo de la iniciativa de reestructuración de la deuda pública estatal se establece que: "De existir remanentes, éstos se aplicarán preferentemente para la terminación de las obras públicas que se encuentren inconclusas o devengadas en el ejercicio fiscal 2016 respecto de Fondo de Infraestructura Social Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito federal de los 212 Municipios, y estatal." Una vez que las fracciones legislativas del PRI y del PAN convinieron los términos en que se debería presentar la iniciativa con proyecto de decreto, se espera que la reestructuración de la deuda pública estatal se apruebe el próximo 14 de marzo del año en curso.

Deuda pública estatal de corto plazo

De acuerdo a la información de Sefiplan, los pasivos al tercer trimestre de 2016 ascendían a 46 mil 398 millones de pesos. Estos pasivos se integraban por: mil 959 millones de pesos de servicios personales (descuentos vía nómina); 8 mil 666 millones de pesos de proveedores y contratistas; 2 mil 346 millones de pesos de participaciones y aportaciones pendientes de pago a los ayuntamientos; 18 mil 866 millones de pesos de transferencias pendientes de pago; 9 mil 363 de retenciones (Impuesto Sobre la Renta y SAR); 3 mil 438 millones de pesos de otras cuentas por pagar (pasivos de OPD); 49 millones de pesos Fondos de Administración; mil 535 otras provisiones (recursos pendientes de reintegrar a la federación) e ingresos por clasificar 175 millones de pesos. Por su parte, en el 4° Informe Trimestral del Gasto Público de 2016, se registraba un monto de 52 mil 123 millones de pesos correspondiente a las "cuentas de orden" y se destacaba que la calendarización de pagos que resulten procedentes se realizará cuando estas cuentas se encuentren plenamente verificadas y respaldadas con documentos comprobatorios y justificativa que reúna los requisitos legales conforme a las disposiciones normativas.

Una vez que se tiene una perspectiva amplia de la problemática por la atraviesan las finanzas públicas estatales se puede inferir la pertinencias de las medidas de política impulsadas por el gobierno actual. En este sentido, la reestructuración de la deuda representa una medida coyuntural que permite aligerar el servicio de la deuda; no obstante, el problema financiero que se tiene en el presente se transfiere al futuro con la esperanza de que se mejore la situación. Sin embargo, las finanzas públicas estatales presentan problemas estructurales que rebasan las medidas inmediatistas –como la reestructuración de la deuda- y requieren reformas que impulsen la generación de ingresos públicos y la mejora en el destino y uso del gasto público. Esperamos que los legisladores que los legisladores empiecen a preocuparse sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas estatales n