Política

Mirador xalapeño: La deuda pública de Veracruz y la nueva pluralidad democrática

febrero 12, 2017

La sombra de Javier Duarte no cesa de oscurecer la vida pública de Veracruz. El gobernador prófugo dejó una deuda que, aparentemente, ahora toca a todos pagar. Sin embargo, si analizamos a fondo de las cosas, tal vez no seamos todos los que debamos sufragar esos créditos.

En agosto del año pasado, Hilario Barcelata había hecho un análisis que hoy vale la pena recordar. Según las cuentas de este distinguido economista veracruzano, los créditos bancarios y bursátiles en la época de Duarte llegaron a sumar 42 mil millones de pesos (mdp). Pero a ese monto había que añadir 43 mil mdp, una cifra que la Auditoria Superior de la Federación calculó como parte del daño patrimonial que Duarte había ocasionado a las finanzas del estado y que sería preciso devolver al gobierno federal porque no se había conseguido comprobar su ejercicio.

Así, sólo por esos dos conceptos, tendríamos una deuda de 85 mil mpd. Sin embargo, Barcelata estimaba que la deuda también comprendía otros rubros (pasivo circulante, Universidad Veracruzana, impuesto a la nómina, entre otros) y, en su conjunto, ascendía a casi 167 mil mpd.

Gómez Pelegrini, el último secretario de finanzas de Duarte, aseguraba que la deuda ascendía 87 mil mdp y que, de ese monto, 41 mil mpd correspondían a deuda de largo plazo. Es decir, podemos imaginar, que esa parte de la deuda comprendía los créditos financiados por la banca privada. Además, en sus declaraciones, este funcionario afirmaba que Duarte desvió buena parte de los recursos federales para cubrir el gasto corriente. Sin embargo, lo que Pelegrini nunca pudo esclarecer era a qué se dedicaba ese gasto corriente. La discrecionalidad con que el gobernador disponía de los recursos públicos era alarmante. A pesar de que sus propios funcionarios advertían la gravedad de la situación, nada ni nadie pudo detener su comportamiento depredador.

Hoy que contamos con un Congreso plural, donde las cosas ya no se resuelven de forma autoritaria, cumpliendo solo las instrucciones del Gobernador, tenemos la oportunidad de ver las cosas con más calma y con mayor profundidad.

En estas circunstancias, es preciso diferenciar las posiciones que los congresistas pueden asumir en relación a un tema tan importante. Es evidente que si los legisladores del PRI y sus aliados (Panal, Verde, AVE) abren la boca para decir que les preocupa la transparencia, no pueden hacerlo de modo convincente. Durante años lo que menos les preocupó fue la transparencia y la rendición de cuentas. Vergüenza deben sentir al hablar de esos temas: si no hay capacidad de autocrítica, entonces tampoco hay capacidad de hablar con sinceridad. En su caso, sus opiniones se orientan solo al propósito de bloquear el desempeño de un gobierno que no es de su partido.

En el caso de los diputados del PAN, es claro que su principal preocupación es allanarle el camino a su jefe. A éste le urge presentar algún resultado. Pero si algo debe distinguir la nueva etapa en que estamos, es la posibilidad de eludir el mandato autoritario. Exigir que el Congreso se pliegue a las solicitudes del Ejecutivo porque este tiene prisa no es buen argumento. La prisa no es buena consejera. Por correr, lo estamos viendo, el nuevo gobierno tropieza con harta frecuencia.

El tema de la deuda es sumamente delicado, y a todos nos conviene revisar a fondo y con calma la composición de los créditos. Si es preciso reestructurar, es conveniente ver cómo hacerlo. Se trata de explorar los modos en que todos los veracruzanos ganemos. Y esta es la preocupación de los legisladores de Morena. Atendiendo a las exigencias de sus electores, sus argumentos apelan a la necesidad de analizar el destino de los fondos que el mandatario veracruzano solicita. Ya vimos que entregar una carta en blanco a una autoridad estatal solo contribuye a reproducir la discrecionalidad y el uso arbitrario de los recursos públicos.

El Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Sociales (Coneval) y la Auditoria Superior de la Federación están, desde hace tiempo, impulsando una gestión más transparente y ordenada de los recursos públicos en todas las entidades federativas. Veracruz, por desgracia, es una de las entidades donde más atraso padecemos en ese terreno. El Sistema Nacional Anticorrupción busca, precisamente, generar procedimientos que impidan que los presupuestos públicos se sigan ejerciendo de forma opaca. Yunes Linares debe entender que en Veracruz la sociedad civil está harta de que los fondos públicos se utilicen sin vigilancia y sin rendir cuentas. Pedir tiempo para que se examinen a fondo las cosas, es algo sensato: ahí está en juego el futuro de las finanzas estatales. Más vale que nos acostumbremos a vivir bajo una nueva pluralidad democrática.