Política

Autonomía Universitaria y el Centenario de la Constitución

febrero 06, 2017

La coincidencia de los recientes acontecimientos que involucran el tema de la autonomía universitaria con los festejos del Centenario de nuestra Constitución Política de 1917, me permite sumarme a las reflexiones que giran en torno a esta gran fiesta jurídica, ya que dentro del discurso crítico doctrinario en materia constitucional, de quienes no están de acuerdo con la histórica tendencia de modificar la Constitución al ritmo de los proyectos que posee cada administración, yacen ciertos aspectos que me parecen importantes y que desarrollaré a continuación.

Al término de la Revolución mexicana, nuestro país experimentó los estragos de una guerra civil y una larga etapa de inestabilidad política que puso a prueba a la Constitución que todavía nos rige. Poco a poco, la Federación absorbió las facultades en materia laboral y educativa que poseían los estados bajo el argumento de justicia social que, aunado a la extensión del período presidencial de 4 a 6 años, dio lugar a un presidencialismo excesivo.

Por consiguiente, y para justificar la sobrecarga de potestades del Ejecutivo Federal, se hicieron importantes reformas que ampliaron una importante gama de derechos, tales como seguridad social, vivienda, el reconocimiento del sufragio femenino e incluso la autonomía universitaria. Al mismo tiempo que avanzaban las reformas, la constitución aumentaba en tamaño y complejidad, al grado que se tornó imposible para el ciudadano un seguimiento puntual sobre su actualización. Nuestra Ley Suprema se convirtió en un texto elaborado por y para tecnócratas.

No obstante, fue hasta la década de los 80 cuando se marcó aún más la tendencia de modificar la Constitución adecuándola a los programas de la clase gobernante. Así, nuestra Carta Magna ha sido el libro de autógrafos de la élite política, debido a que son altamente perceptibles las modificaciones que han realizado al texto constitucional, y que pareciera tienen por objeto subrayar su paso por la historia. Este fenómeno se reproduce a su vez en las entidades federativas.

En ambos niveles, tanto federal como local, la Constitución es la norma más flexible del sistema jurídico mexicano. Las modificaciones a sus preceptos son producto de una incorrecta fórmula institucional y democrática, pues son los gobiernos quienes deben adaptarse a los mandatos constitucionales y no éstos últimos a las disposiciones de los gobernantes.

En efecto, aun cuando podemos reconocer ampliamente los avances en rubros vitales y de interés público que se materializan en la norma suprema, no debemos descuidar cuando los intereses cupulares se sobreponen al bienestar común y han arrojado como resultado una Constitución desordenada, poco coherente y contradictoria. Incluso quedan tareas pendientes de muchos años, como la ley reglamentaria en materia de autonomía universitaria que durante años se ha reclamado en distintos foros nacionales.

Lo anterior dista mucho de ser una mera ocurrencia de su servidor. Actualmente, se discuten las alternativas que tenemos frente a un texto constitucional que ha sufrido durante muchos años los embates de reformas y adiciones inconsistentes a su naturaleza. El instrumento jurídico que, en un inicio, fue un documento inteligible para la sociedad, pareciera ahora una herramienta del poder.

De forma paralela, tampoco debemos perder de vista que la Constitución General de la República es la antesala del constitucionalismo local: lo que solucionemos a nivel federal, facilitará los pendientes que debamos resolver a nivel estatal. En tal sentido, una celebración tan importante como los 100 años de nuestra Carta Magna, nos debe obligar a la reflexión sobre las instituciones púbicas en México; la eficacia normativa de una Ley suprema dependerá siempre de su vínculo con la realidad actual. Encomendar el progreso y crecimiento de una nación a un texto anacrónico, es una acción destinada al fracaso.

En conclusión, estoy optimista ante el hecho de que la autonomía universitaria en nuestro estado no se vea nuevamente vulnerada. Pero ajustar la mira hacia la renovación normativa que ofrezca respuestas a la inequidad, pobreza e impunidad, como males latentes que permean el Estado de derecho, será siempre un ejercicio responsable y la mejor forma de homenajear la vida constitucional de México ■