Política

Mirador xalapeño

febrero 04, 2017

◗ Seguridad e injusticia en Veracruz

En un entorno de gran desigualdad y pobreza, los veracruzanos hemos visto cómo la inseguridad ha experimentado una escandalosa proliferación en diversas regiones de nuestro territorio. Las instituciones de seguridad y justicia viven un ciclo de baja institucionalidad que contribuye a la expansión de la impunidad.

De acuerdo a diversos estudios, en Veracruz conviven dos modelos de violencia. Uno, en aparente repliegue, que prosperó en la época de los caciques ganaderos, sobre todo en regiones –como las sierras– donde la disputa por la tierra abría frentes a la colonización y la acumulación originaria; y otro, en notable auge, que crece desde que nuestro país se incorpora a los tratados de libre comercio y se subordina a la estrategia norteamericana de combatir al narcotráfico con métodos militares.

La dinámica reciente de fortalecer las instancias de seguridad pública para enfrentar la proliferación del crimen organizado, ha ocurrido en detrimento de las instancias que garanticen la vigencia del estado de derecho. Así, la situación en el ámbito ha adquirido notas trágicas: no se atiende el reclamo de la población que padece la extorsión y el secuestro, pero se multiplica la presencia de cuerpos de seguridad con propósitos de control político.

Todos somos testigos de que por nuestras calles y avenidas pasean de modo constante camionetas donde, con ostentación absurda, los soldados disfrazados de policías exhiben sus armas como si fueran a entrar en combate, mientras que en las áreas donde en realidad se alberga el crimen, ellos brillan por su ausencia. Pareciera que el propósito real de sus frecuentes rondines por nuestro espacio urbano es más que amedrentar a los criminales, espantar a los ciudadanos.

Como ha observado Alberto Olvera, en México las instituciones de la seguridad pública han sido históricamente muy frágiles y han servido al propósito central de garantizar la dominación política. Desde su punto de vista, la reconstrucción de las mismas en el proceso de transición democrática ha sido sumamente ineficaz y tiene una lentitud desesperante en relación a las urgencias que ha planteado en años recientes el ominoso empoderamiento de la delincuencia organizada. Para Olvera este hecho hace perentoria la necesidad de construir las instituciones de la seguridad ciudadana, es decir, aquellas que garantizan la convivencia colectiva en un marco jurídico e institucional en donde los derechos humanos de los ciudadanos sean realmente protegidos y garantizados.

Todo esto viene a cuento porque Arturo Bermúdez, funcionario del gobierno Duarte, en el que actuó como titular de la Secretaía de Seguridad Pública (SSP), fue detenido ayer. Se le acusa de enriquecimiento ilícito, aunque él se había amparado para protegerse de acusaciones de abuso de autoridad y tráfico de influencias. Según se dice, pagó un millón de pesos para proteger su libertad. Incluso, su abogado estima que se ejerció violencia innecesaria en contra de su defendido. Sin embargo, cabe recordar que en el periodo en que el señor Bermúdez se desempeñó como funcionario, hubo mucha violencia innecesaria en contra de los ciudadanos. Todavía seguimos esperando que se esclarezca la terrible violencia que se ejerció contra un grupo de estudiantes, jóvenes que celebraban un cumpleaños en el domicilio de uno de ellos. A pesar de las evidencias que indican que esa violencia provino de las áreas de seguridad pública, la justicia sigue esperando. Probablemente necesita una inversión millonaria para cumplirse.