Política

Corrupción y la gazmoñería canadiense

febrero 01, 2017

Desde que se autorizó la operación de controversial mina Caballo Blanco en Actopan, La Jornada Veracruz ha dado seguimiento y documentado los daños que hacen estas empresas creadas ex profeso en los países donde operan. Canadá depreda en otros de los que jamás permitiría en su propio territorio la minería metálica a cielo abierto, la cual está absolutamente prohibida en Canadá, Estados Unidos y Europa. Pero a los gobiernos y empresas de esos países les importa un comino lo que hacen en otros lados, especialmente en América Latina y África.

Pese a la muy abundante documentación que existe sobre los impactos de estas empresas en el mundo y en el territorio nacional, gobiernos formados por funcionarios corruptos continúan autorizando este tipo de explotaciones.

Justo ayer en la contraportada de La Jornada se consignaba la nota de una minera canadiense que utilizó guardias privados armados para desalojar con armas a los pobladores de Chalcahuites en Zacatecas.

Hasta agosto de 2015 había en el país 26 mil 64 títulos de concesiones que implicaban una superficie total de 30.68 millones de hectáreas. Sobre éstas el gobierno federal solo hace 200 visitas de inspección anuales. El Centro de Análisis e Investigación Fundar y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han alertado que los concesionarios mineros no están obligados a esclarecer el volumen de su producción. El dinero que pagan las empresas mineras en impuestos, ni si quiera alcanza el uno por ciento de lo que obtienen en ganancias. De los más de 1.2 billones de pesos que obtuvieron entre 2008 y 2013, las empresas mineras dieron al gobierno 0.6 por ciento por concepto de impuestos.

Los gobernantes y funcionarios autorizan este tipo de proyectos por la inmensa corrupción y cantidades de dinero para untar la mano que se destina.

En Veracruz ninguno de los proyectos mineros explotados por empresas canadienses, ni ningún otro, han respetado en absoluto ningún acuerdo de protección ambiental. No hay ninguna razón en absoluto que justifique la existencia de tales proyectos en territorio nacional y menos en Veracruz. La única razón que los explica es la inmensa corrupción de los encargados de velar por el interés nacional.