Política

Prueba referencial

enero 25, 2017

En México la consistencia y coherencia son atributos poco valorados por quienes están en posición de tomar decisiones. El poder les hace suponer exenciones y privilegios similares o idénticos a quienes se critica cuando no se está en el poder.

Tal parece ser el caso del fiscal Winckler, a quien la defensa del joven repatriado Diego Cruz acusa de ser juez y parte por ser el abogado que representa a la joven abusada.

El asunto no es menor. Sobre la base de los ofrecimientos hechos por este gobierno y por los temas sustantivos que articularon su plataforma de campaña, la administración estatal está obligada a ser impecable en sus procedimientos. Especialmente en asuntos socialmente sensibles y de alto impacto, como es el caso de los llamados Porkys de Costa de Oro.

Si las acusaciones del abogado son precisas o exageradas, está por verse, pero el hecho que el hoy fiscal haya sido en algún momento representante de la afectada puede ensuciar un caso que exige ser impoluto, tanto por la visibilidad que tuvo la víctima como por el costo que pudiera tener para el gobierno.

Hace unos días un juez federal concedió un amparo a otro de los implicados que podría significar su liberación dentro de poco.

Entre huidas de los acusados, recapturas, privaciones de la libertad, amparos, y apelaciones el caso fue referencial durante la administración anterior en cuanto al uso del poder de influencia para evadir responsabilidades.

Con todo, hubo recapturas y sentencias. Más por presión social sobre un gobierno con demasiados saldos pendientes que por la acción eficiente de la procuración de justicia. El hoy fiscal fue abogado en el caso. Esto obliga a que los procedimientos que emprenda como fiscal sean procedimentalmente impecables si no se quiere frustrar las muchas expectativas puestas en el gobierno actual. Menos ahora que parecen acercarse tiempos turbulentos.