Política

Autoridades, implicadas en 6 de 10 casos de desaparición; el delito "nos superó": Segob

enero 25, 2017

Policías y autoridades de gobierno son señaladas de participar en seis de cada 10 casos de desapariciones de personas en el estado de Veracruz, reconoció el fiscal especial de Atención a Denuncias de Desaparición de Personas, Luis Eduardo Coronel Gamboa.

En entrevista, reconoció que los colectivos de familiares de desaparecidos tienen mayor información de la situación y la cifra varía entre la de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la de los colectivos, porque mientras la dependencia oficial sostiene que son seis de cada 10 casos, los colectivos señalan que son nueve de cada 10 de desapariciones en las que participan las autoridades y policías.

Al participar en el Tercer Foro Internacional en Materia de Desaparición Forzada de Personas, el fiscal especial dijo que si bien el año pasado se conoció de la intervención de los elementos policíacos en los hechos de Tierra Blanca y de Papantla, hay otras desapariciones donde también se acreditó la participación de servidores públicos.

Sin embargo, dejó ver su preocupante desconocimiento y responsabilidad del tema de las personas desaparecidas en la entidad. Después de ser cuestionado por los medios de comunicación, sacó una tarjeta de su saco pero no aparecía la respuesta, entonces pidió a sus auxiliares una hoja de datos para poder responder.

Su corta edad no le exime de su inexperiencia y para salir del paso dijo no en todos los casos se comprueba la participación de las autoridades; sin embargo, reconoció que son los policías los principalmente señalados por los familiares de los desaparecidos.

Leyendo datos que en los últimos 10 años, de 2006 a 2016, se tienen registradas 5 mil 934 desapariciones; de esa cifra, 3 mil 501 personas fueron localizadas y 2 mil 433 personas aún no han sido halladas.

Integrantes de varios colectivos dijeron que desconocen cómo será su desempeño, ya que a la fecha no se ha reunido con ellos, pero con los antecedentes que tiene a su paso en la Comisión Estatal de Protección a Periodistas (Ceapp) y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), lamentan que poco se pueda avanzar y que las promesas del gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, queden en buenos deseos y promesas de campaña.

Desaparición forzada no ha podido ser enfrentada: Segob

El delito de desaparición forzada "nos superó y no pudimos enfrentarla" y que el reto que México tiene es la erradicación de la desaparición forzada de personas, reconoció el director de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo Sepúlveda Iguíniz.

Al participar en el Tercer Foro Internacional en Materia de Desaparición Forzada de Personas, el funcionario federal dijo que el tema más importante dentro de la política, de los retos, de los problemas de derechos humanos que enfrenta México es el de las personas desaparecidas y es causa del daño y la profunda afectación de los derechos humanos, y del sufrimiento en el que muchas personas de nuestro país actualmente viven.

"El tema de las desapariciones, como sociedad, como autoridad, nos tomó de sorpresa y no pudimos enfrentarlo, hoy necesitamos de un nuevo marco legal y constitucional, hay que hacer que se impulse esa legislación, sobre todo a las víctimas".

Sepúlveda Iguíniz comentó que con las desapariciones forzadas no sólo sufren las víctimas, sino también sus familiares más cercanos y todo su entorno, por ello, es importante atender esta situación.

Hay dos tareas: por un lado la búsqueda, las circunstancias que la vida les ha presentado, y hacer lo necesario para que a nadie más le ocurra esto, "como sociedad estamos convocados a cambiar las condiciones, las circunstancias (…) de manera que esto que ha truncado la vida de ustedes –refiriéndose a familiares de desaparecidos– se convierta en una fuerza para aquello que es necesario para que no pueda volver a ocurrir".

En Orizaba sólo hay 6 agentes para investigar

A pesar de que Orizaba es uno de los 212 municipios del estado con mayor número de personas desaparecidas, la Policía Ministerial sólo cuenta con seis elementos para realizar búsqueda de personas, por ello no se podrá hacer búsqueda en cuatro puntos de fosas que anónimamente fueron denunciados, acusaron integrantes del Colectivo de Familias de Desaparecidos.

Ana Lilia Jiménez Sandoval y Eloísa Campos Castillo también son integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Fosas Clandestinas, ellas junto con familias de la región han encontrado dos fosas clandestinas, una en agosto y otra en septiembre, pero no hay resultados de los restos hallados, porque son predios grandes, "por eso exigimos al Congreso del Estado presupuesto real para tener peritos y lo que conllevan estas búsquedas, porque nosotros les ahorramos trabajo a las autoridades.

"Ellos dicen que no tienen el recurso económico para realizar el perfil genético, para dar identificación a los restos encontrados, del equipo de búsqueda ministerial apenas se cuentan con seis elementos en la zona Orizaba-Córdoba, son más de 15 municipios los que tienen que cubrir, tres se reparten en Orizaba-Acultzingo y tres para Córdoba-Omelaca-Huatusco. Tres personas para la zona de Orizaba, se nos hace irrisorio y eso no lo contempla el Congreso".

De manera anónima les han llegado informes de más puntos de fosas para ir a buscar, el problema es que no hay personal que le dé identificación a los restos, "ellos mismos nos dicen ‘ya párenle, ya no destapen, nos tienen colapsados’ y efectivamente ya no hay ni ministerial que resguarde puntos ni personal de periciales que pueda procesar esto".

Cuatro puntos son los que están pendientes, pero hasta que nos den resultado de lo que hemos entregado y de lo que se hizo en la primera brigada nacional, entonces continuaremos, así las madres deberán seguir esperando a que la Fiscalía General del Estado realmente atienda el problema de los desparecidos.

Las madres de familia de Orizaba y Córdoba están solas en su lucha por encontrar a sus familiares, porque tampoco las autoridades municipales les apoyan: "el alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, y su secretario son los que nos ponen trabas para seguir con nuestra lucha, no contamos con el apoyo de esa instancia municipal, por el contrario son los que nos hostigan. Hay alto índice de desaparición pero las propias autoridades han provocado el miedo para que no se denuncie, son pocas las familias que denuncian".

En la Unidad Integradora, los fiscales les dicen a los familiares que se esperen 24 o 72 horas, "si es un jovencito que a lo mejor es un berrinche, si lo regañaron, que si la niña se fue por capricho, todavía sigue existiendo eso. Seguimos pugnando nosotros por que se le dé pronta atención a la familia, así aparezca el chico, joven, señor, a cinco horas de una denuncia, pero que hagan su trabajo".

Guerra contra el narco, perpetua problema, dice jurista uruguayo

El jurista de Uruguay Pablo Galain Palermo dijo que México no podrá salir del problema de personas desaparecidas hasta que no frene la guerra contra el narcotráfico, porque uno de los problemas es que antes había otras rutas de la droga, pero ahora la ruta es por México para acercarla al país más consumidor de drogas, que es Estados Unidos y otra de las apuestas es la protesta social.

Al participar en el Tercer Foro Internacional en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que se llevó a cabo en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), el jurista dijo que se debe empezar a afrontar el problema del narcotráfico de otra forma y renunciar un poco a la guerra contra las drogas, guerra contra el terrorismo, porque en el fondo son guerras contra los ciudadanos, "terminan siendo a la larga guerras contra nosotros mismos, además que son una fuente de financiación para terminar estas situaciones, Estados Unidos las financia y lo hace para disminuir los consumidores de la sustancia y nosotros ponemos las víctimas y algunos se quedan con las ganancias".

Quizá hay que repensar los modelos regulados de drogas, hay que empezar en mercados que ya no sean apetecibles para el crimen organizado y desmoralizar las discusiones sobre drogas, para discutirlos en espacios más amplios en los cuales la pacificación y participación ciudadana sea uno de los objetivos a lograr a partir de la regularización.

"La solución en México también viene de parte de la movilización ciudadana y por ahí empieza, quizá a veces por los estados que están un poco omisos, el Estado que no tiene una norma como Uruguay una norma constitucional que permite a los ciudadanos exigirle al Estado acciones, es la movilización social, el reclamo continuo, es el agotamiento de la vida institucional del país y pasar a las vías internacionales, por ejemplo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"A veces esas presiones internacionales y ese amparo que no puede uno encontrar en su propio país, lo puede encontrar en la comunidad internacional", dijo el doctor en derecho penal internacional.