Política

Plantea gobernador saldar pasivo estatal en 50 años; su gestión no absorberá pago

enero 25, 2017

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, envió al Congreso local una solicitud de autorización para reestructurar la deuda pública de Veracruz hasta por un monto de 42 mil millones de pesos, los cuales podrían ser liquidados hasta en un periodo de 50 años, de los cuales su administración no erogaría ni un solo peso, pues pediría dos años de gracia para comenzar a pagar.

La propuesta del mandatario plantea la posibilidad de saldar los actuales 21 créditos bancarios o bursátiles con uno o varios nuevos, o bien, renegociar los existentes con mejores condiciones de pago.

Como garantía de pago ofrece prácticamente todos los ingresos de Veracruz, pues enumera las participaciones y aportaciones federales, los ingresos propios como el Impuesto a la Nómina o el cobro de derechos, e incluso cualquier otro fondo que llegue a la entidad.

En la solicitud de autorización, plantea un decreto con 13 artículos, en los que detalla los permisos que requiere para refinanciar la deuda pública, a través de la celebración de nuevas operaciones de endeudamiento.

De igual forma solicita el permiso para la realización de los actos jurídicos que resulten pertinentes para llevarlas a cabo en los términos más convenientes para la entidad, a través de la emisión de obligaciones o de la suscripción de contratos de empréstito con las entidades del sistema financiero o personas morales mexicanas.

Incluso se abre la posibilidad para que los nuevos créditos contratados por la administración de Yunes Linares para saldar la deuda existente, también puedan ser renegociados en cualquier momento.

Se precisa que el destino de los recursos obtenidos por medio de las operaciones autorizadas será únicamente la reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública. Esto ya sea mediante el pago anticipado o mediante la modificación de los términos y condiciones de los contratos de crédito o de los títulos que se encuentren vigentes, así como para el pago de proveedores de servicio, la creación de fondos de reserva, el pago de penalidades por pago anticipado y la contratación de títulos o mecanismos de cobertura, entre otros gastos conexos de los financiamientos.

Para saldar la nueva deuda estableció que de manera complementaria a la afectación de fondos federales, afecte, ceda y comprometa, sea o no de forma irrevocable, cualquier fuente de ingresos propios derivados de impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, o de sus respectivos accesorios, para destinarlos como fuente de pago, o garantía, o ambas.

El gobernador reitera que de ser necesario podrán realizarse el número de operaciones que resulten pertinentes por medio de la emisión de títulos o de la suscripción de contratos de crédito con las entidades del sistema financiero mexicano o personas morales mexicanas, por hasta 42 mil millones, más gastos conexos de los financiamientos que podrán sumarse al monto de los mismos.

De acuerdo con el documento, las obligaciones financieras se fijarán con las tasas que más convengan a la Hacienda estatal, considerando las proyecciones que las agencias especializadas en el ámbito financiero tengan sobre el comportamiento futuro de los mercados mexicanos.

Yunes Linares advierte que el estado tiene cuantiosos compromisos de deuda pública de largo plazo por el orden de 42 mil millones de pesos, además de los pasivos circulantes que aún están siendo revisados.

En específico, establece que de acuerdo con la información consignada en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, Veracruz tiene 21 obligaciones financieras constitutivas de deuda pública con un plazo promedio de 226 meses, que hasta el 30 de septiembre de 2016 registraban saldos pendientes cuya suma total ascendía a la cantidad de 41 mil 529 millones 580 mil 201 pesos.

Para efectuar la reestructuración de la deuda pública, adelanta que se instrumentará la creación de los fideicomisos necesarios, los cuales se sujetarían a los términos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.