Política

Negó pasada legislatura apoyo a 13 ediles para resolver laudos laborales

enero 13, 2017

Durante noviembre y diciembre de 2016 y los primeros días de enero de 2017, la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, da cuenta de que la Diputación Permanente de la LXIII Legislatura Local les negó a 13 ayuntamientos partidas especiales o recursos extraordinarios para pagar los laudos laborales que han perdido en los juicios contra los trabajadores despedidos que cada administración entrante acostumbra practicar; sólo a tres permitió utilizar recursos del Fortamun y a dos más a vender automóviles y maquinaria para liquidar sus obligaciones.

Los afectados con la decisión de los legisladores salientes son los de Veracruz, Coatzacoalcos, Boca del Río, Benito Juárez, Chinameca, Hidalgotitlán, José Azueta, Tres Valles, Actopan, Playa Vicente, Ixmatlahuacan, Moloacán y Yecuatla; mientras que los consentidos fueron Minatitlán, Tecolutla, Acayucan, Coatzintla y Maltrata.

Sin embargo, la lista es mayor e incluye a otros municipios como los de Juchique de Ferrer, El Higo, Coatepec, Poza Rica, José Azueta y hasta Xalapa entre otros, quienes adeudan más de cientos de laudos a trabajadores despedidos injustificadamente por un monto calculado en más de 2 mil millones de pesos, además que a los ediles a quienes los jueces federales les han aplicado multas por incumplimiento de ejecutorias y de no pagarles hasta podrían hacerse acreedores de inhabilitaciones para ocupar un cargo público o llegar hasta la cárcel por el delito de desacato a una sentencia de amparo.

Esta situación ha ocasionado que al menos se les haya impuesto más de 100 multas a los 14 ediles de los ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río por no pagar las condenas de los laudos de los juicios laborales que perdieron por haber despedido injustificadamente a los trabajadores los presidentes municipales del PRI Jon Gurutz Rementería Sempé (2007-2010) y Carolina Gudiño Corro (2010-2013) y en Boca del Río por Salvador Manzur Díaz (2010-2013) y el propio alcalde en funciones Miguel Ángel Yunes Márquez (2007-2010), el monto equivalente a unos 500 mil pesos divididos entre los 28 ediles.

De esta manera, los alcaldes del PRI Ramón Poo Gil, de Veracruz, Joaquín Caballero Rosiñol y el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, entre otros podrían ser culpables del delito federal de desacato previsto en el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece: "se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión (…) V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo".