Política

Decisión, solidaridad, oportunidad

diciembre 18, 2016

El calamitoso estado de las cosas en las que las últimas administraciones priístas dejaron a Veracruz junto con la irritante falta de empatía por parte del secretario de propósito múltiple, José Antonio Meade, quien con toda claridad le dijo a los veracruzanos que pueden endeudarse aún más para medio sobrellevar las cosas, llevaron al gobierno panista de Yunes Linares a sugerir la eventualidad de abandonar el pacto de coordinación fiscal. Un acuerdo entre los estados y la Federación con propósitos de regular convenios de coordinación impositiva por medio de los cuales los estados limitan sus potestades tributarias a favor de la Federación, a cambio de obtener una participación en los ingresos fiscales federales.

Dicho de otro modo, los estados renuncian a parte sustantiva de su soberanía a favor de la Federación o, dicho de modo más preciso, a la discrecionalidad del gobierno federal priísta.

La Ley de Coordinación Fiscal que enmarca tal renuncia a la soberanía existe desde los años 70. En 1978, José López Portillo impulsó este acuerdo en el que cada estado federado conviene con la Federación en que renuncian a la administración de los dos impuestos más importantes en materia de recaudación: el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado a favor del gobierno federal. Nada menos. Esto ha hecho desde entonces que éste controle algo así como 80 por ciento de los ingresos fiscales totales generados en el país, lo que de forma natural deja a los estados y municipios en la completa dependencia e indefensión y es justo lo que explica la inmensa dependencia diferenciada de los estados.

Como es natural, siendo un gobierno federal priísta y gobiernos priístas los que han dejado a Veracruz en las actuales condiciones, los diputados locales más conspicuos rechazaron la posibilidad con el penoso argumento de que esto es una República. Precisamente por eso, porque México es una república federativa, todos los convenios y la ley misma de coordinación fiscal son aberrantes.

Se balbucea y agita el fantoche de la inestabilidad, lo que sugiere un inquietante desconocimiento sobre las bases federativas y sus propósitos. Se pertenece a un acuerdo por conveniencia y si el acuerdo no conviene o resulta lesivo al interés propio, se abandona o deshace el acuerdo. No es difícil de entender. Decisión racional, le llaman.

Abandonar unilateralmente el acuerdo de coordinación fiscal ante la ingratitud insensible del gobierno federal por lo que Veracruz aporta a la unión federal no es una mera idea suelta. Es perfectamente factible. Más si se considera que el gobierno federal es completamente corresponsable –cómplice es un concepto más preciso– de las deliberadamente perjudiciales decisiones del gobierno anterior. En ambos casos, tanto la administración pasada como la federal, cometieron crímenes de estado contra Veracruz. De ahí, derivan todavía varios más.

Una cosa debe quedar clara para los gobernados veracruzanos: el gobierno de Enrique Peña Nieto es completamente corresponsable de la calamidad veracruzana.

En un espacio editorial anterior se decía que frente a la magnitud de los problemas de depauperación y recesión profunda que enfrentamos, no es momento de regateos ideológicos ni de mezquindades políticas. Esto es una crisis de Estado que, por lo demás, con todo y la gravedad terminal de la crisis que enfrentamos, es una espléndida oportunidad para redefinirnos y reconfigurarnos institucionalmente.