Política

Agravó duartismo el desplazamiento interno forzado; niega Estado problemática: experta

diciembre 12, 2016

El Estado mexicano carece de voluntad política para desarrollar medidas integrales de protección y asistencia a los desplazados dentro de su mismo territorio, su respuesta sólo atenúa los efectos de la problemática creciente, señaló Laura Rubio Díaz-Leal, especialista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); actualmente, Veracruz es el cuarto lugar nacional en desplazamiento interno, sobre todo a raíz de la violencia durante el duartismo.

En la cuarta sesión del Seminario Permanente Sobre Migración Internacional (Sepmig), coordinado por el Colegio de la Frontera Norte (Colef), y a través de una videoconferencia con sede en Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, donde se enlazaron instituciones de educación superior como el Colegio de México (Colmex), el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), el Colegio de Michoacán (Colmich) y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), la especialista acusó que el gobierno federal sigue deslindándose de su responsabilidad.

La investigadora destacó que hoy en día existen desacuerdos entre las autoridades en la materia que más allá de dar soluciones provocan que la atención al fenómeno de movilidad interna sea deficiente, tanto en México como en otros países en los que se presenta.

"A un nivel conceptual y jurídico preocupa el tiempo que se pierde para elaborar una política de asistencia, mientras gobernantes, funcionarios públicos y demás están debatiendo en que si la definición de ‘desplazamiento’ es o no adecuada, se abandona a miles de mexicanos", expresó.

Hoy en día, refieren datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hay 26.4 millones de personas desplazadas, lo que significa que se moviliza una cada segundo; el gobierno de la República, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), estima que para el presente año hay en el país 35 mil 433 víctimas, donde entre los estados expulsores destacan Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Veracruz.

Sin embargo, de las 16 entidades del país implicadas en este fenómeno, Veracruz se distingue en la zona del Golfo; en la región norte: Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila; en el "Triángulo Dorado": Chihuahua, Durango y Sinaloa; en "Tierra caliente": Michoacán y Guerrero; en el centro de la República: Morelos y Estado de México, y en el sureste Chiapas.

De acuerdo a la CNDH, para este año mil 131 personas han salido de Veracruz en esta modalidad; por su parte datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2014 y del Consejo Nacional de Población (Conapo), refieren que 22.4 por ciento de la migración interna por violencia de ese año (185 mil 936 ciudadanos) abandonaron la entidad veracruzana, lo que indica que han sido más de 40 mil personas durante el gobierno de Javier Duarte, periodo caracterizado por exabruptos de toda índole.

Durante su presentación "Desplazamiento interno forzado: debate conceptual y avances en la protección y asistencia de sus víctimas", la académica explicó que se plantean tres causas de la movilidad interna: violencia (en todas sus manifestaciones), catástrofes naturales y cuestiones ambientales provocadas por el hombre (como proyectos de desarrollo económico a gran escala y sus repercusiones en los ecosistemas).

"El quererse proteger de esas causas o amenazas es igual de legítimo que la victimización misma", comentó al recordar que a las autoridades mexicanas rechazan esta premisa puesto que amplía el universo de población perjudicada, de esta manera elude su compromiso con dicho sector.

Asimismo, expuso que el desplazamiento se da de manera coercitiva o involuntaria, es decir, que ante un acto de violencia o situación perjudicial perpetrada contra los allegados o población cercana a quien decide migrar de su sitio de origen, su razonamiento es preventivo e indispensable mas no como algo deseado.

A su vez, las implicaciones económicas y sociales para absorber a las víctimas resultan desgastantes para las familias afectadas que deben reinsertarse en un nuevo ambiente, situación que requiere un esfuerzo político de las entidades para gestionar y aplicar recursos que coadyuven a su progreso.

En este sentido, lamentó que la comunidad internacional se encuentre "atada de manos" respondiendo al principio diplomático de la soberanía, "si el Estado no reconoce la problemática de desplazamiento interno y no asume su responsabilidad, las organizaciones internacionales, humanitarias y demás no pueden intervenir y ayudar a resolverla".

Puntualizó que la victimización directa provoca daños y pérdidas irreparables a las familias frente a la transgresión de múltiples derechos, diferentes tipos de violencia y embates ambientales que no únicamente provocan necesidades materiales y humanitarias, sino también consecuencias psicosociales.

En materia jurídica, enfatizó, el conflicto reside en la forma de tipificar un fenómeno para realizar un padrón legítimo de las víctimas, de manera que al contar con dicho registro sean acreedoras de reparación, "el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tiene que aceptar que el desplazamiento interno es un hecho ‘victimizante’ autónomo".

Mencionó que naciones como Perú, Honduras y Colombia tienen ventaja legislativa sobre México en la clasificación sobre el fenómeno y acciones para evitar la vulnerabilidad, "una cosa es reconocer a las víctimas, como sí ha ocurrido con pocas familias en el país, y otra es enfrascarnos en la discusión semántica".

Rubio Díaz-Leal dijo que además se debe lidiar con la negación del Estado mexicano al desplazamiento interno, ya que los legisladores rechazan su existencia al vincularla con países como Somalia o Colombia, "no les gusta ni remotamente que haya una categoría que los ponga en un estado similar, estamos hablando de orgullo histórico pero tiene consecuencias humanitarias gravísimas. Para darle una connotación voluntariosa los gobiernos prefieren el término migración".

Recordó que el riesgo se diferencia socialmente según factores como la raza y etnicidad, riqueza, propiedad, educación, edad, género, salud y exposición a la violencia, lo que resulta en asentamientos de riesgo, detrimento patrimonial y privaciones de su estatus económico anterior, ya que muchas familias desplazas que pertenecían a la clase media vieron reducidas sus oportunidades en diversos rubros.

Por añadidura, dio a conocer que el despojo se recrudece para estos grupos, ya que aquellos que lograron conseguir créditos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se enfrentan al menoscabo de sus bienes, puesto que algunas de sus casas se hallan en procesos de judicialización y la burocratización impide resoluciones para adquirir el beneficio en el lugar a donde se trasladan.

Inseguridad, la principal causa

Laura Rubio, también consultora del Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados (IDMC-NRC por sus siglas en inglés), remarcó que entre las principales causas del desplazamiento interno en México se encuentran la inseguridad y violencia con agravante en términos de delitos de alto impacto.

Sobresale el miedo fundado a la victimización; desapariciones forzadas y secuestros; trata de personas y extorsión; cobro de cuotas o "de piso" por parte de células de la delincuencia organizada; desalojo ilegal de campesinos por cárteles de la droga o autoridades corruptas.

Aunado, violencia directa: víctimas de fuego cruzado, familiares de personas asesinadas y también están aquellas de alto perfil con movilidad transfronteriza: parientes de autoridades locales como alcaldes, funcionarios públicos, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y empresarios ricos ejecutados o amenazados.

Del 2009 al 2015, indicó, al menos 287 mil 358 ciudadanos han sido desplazadas en México y se han registrado entre 157 y 165 eventos de desplazamientos masivos (más de 10 familias juntas), aunque estos son únicamente los registrados en la prensa, empero se calcula que sean más debido al temor al acecho y por la autocensura al presentar casos específicos; los éxodos internos se han agravado a raíz de los operativos de seguridad del Estado.

No obstante, añadió, la multiplicidad de causales hace a este tema difícil de diagnosticar y, de la misma manera, se suman los casos por motivos de intolerancia religiosa, sobre todo por parte de la Iglesia Católica a comunidades protestantes; en este aspecto son preponderantes Jalisco y Chiapas.