Sociedad y Justicia

La crisis de derechos humanos en la nación se extiende a movilidad humana: académico

noviembre 28, 2016

La crisis de derechos humanos que padece el Estado mexicano y la impunidad se está expandiendo al sistema migratorio, alertó Salvador Lacruz, especialista del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en el marco de la tercera sesión del Seminario Permanente Sobre Migración Internacional (Sepmig), organizado por el Colegio de la Frontera Norte (Colef).

A través de una videoconferencia con sede en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Golfo), donde se enlazaron instituciones de educación superior e investigación como el Colegio de México (Colmex), el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM) y el Colegio de Michoacán (Colmich), el académico disertó sobre las formas de violencia perpetradas contra los migrantes, principalmente por actores estatales.

El coordinador del área de Incidencia en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, ubicado en Tapachula, Chiapas, consideró que la situación del refugio en México se está tornando cada vez más insostenible, ahora también atajada con la nueva ola migratoria que acaece en el sur de México ante la llegada de haitianos y africanos, en su mayoría provenientes de El Congo, y de cara al panorama poco optimista que se advierte ante el cierre de fronteras con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos.

Durante su presentación "La crisis de refugio en México: la violencia institucional contra quienes huyen de las violencias", explicó que si bien los centroamericanos provienen de ambientes hostiles y atropellos estructurales de variada índole, como precariedad económica y la constante amenaza de grupos criminales, en el trayecto hacia una vida mejor son presas de otro tipo de exabruptos dada las clandestinidad de su travesía.

Comentó que existen diversos obstáculos que impiden a los inmigrantes transitar rumbo a sus objetivos debido a las políticas desarrollados por el Estado mexicano, "lo primero que queremos denunciar son los muros legales, en forma de ley de migración y en forma de otros instrumentos legales como son los Memorándum de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) y el CA-4 (Convenio Centroamericano de libre movilidad) estos habilitan formas de deshacerse rápidamente de las personas que llegan a México buscando protección".

Aunado, externó, la simulación constante del Estado en la materia, "decir que todo está bien, que tenemos estupendas leyes y tratados firmados con magníficas instituciones, pero que la realidad respecto a la teoría es bien clara".

La debacle en materia de garantías individuales que experimenta todo aquel que reside en territorio mexicano es un elemento esencial que reproduce las violencias económicas, sociales y culturales en el fenómeno de la movilidad humana, "la crisis absoluta y generalizada de derechos humanos que padecemos en México trasciende en la cuestión migratoria y el acceso al derecho de asilo (…) es un país en donde la detención arbitraria, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición, la tortura en el marco de la privación de la libertad, el desplazamiento forzado interno campa a sus anchas", lamentó.

Salvador Lacruz manifestó que el contexto de total impunidad en la República, sumando al deficiente compromiso del Estado para responder a sus responsabilidades como nación soberana abona a empeorar el escenario global migratorio, en el entredicho de la respuesta neoliberal a la política y la economía, que marca la pauta para las acciones emprendidas que impiden a centroamericanos obtener refugio.

Asimismo dijo, los últimos informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de desplazamiento forzado en el Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) han constatado que las condiciones de vida en dichos países que, sin tener guerras declaradas, viven un estado de conflicto agravado, provocando el éxodo masivo de los connacionales.

En el caso de El Salvador, ejemplificó, las condiciones de violencia llegan a tal punto en el que se ha señalado que 90 por ciento del territorio es controlado por los grupos del crimen organizado que operan en la zona.

Si bien la mayor parte de los residentes en el Triángulo Norte son afectados por la delincuencia organizada, la población mayormente perjudicada es de origen indígena o es afrodescendiente, sobre todo en Honduras, y las mujeres sufren de persecución sistemática tanto por estas sociedades laceradas por los exabruptos como por las células delictivas.

Sobre la situación de destino que todavía impera en la mayoría de los migrantes con el llamado "sueño americano", expresó que la nación se ha convertido en cuna de miles que no logran llegar hasta Estados Unidos, "hoy México es no sólo un país de tránsito de personas que intentan cruzar la frontera norte, sino uno de acogida. El marco geopolítico de México, entre el huracán que hoy es el Triángulo Norte y Estados Unidos determina mucho las normas a nivel global en materia de políticas migratorias, a México en estos momentos le corresponde ser el guardián de la frontera sur", enfatizó.

Entre los principales tipos de atropellos cometidos contra migrantes que han identificado enlistó el robo –consumado en múltiples ocasiones por las mismas autoridades– abusos sexuales y extorsión; por otro lado, aunque no se registra con tanta frecuencia, hay casos de secuestros, asesinatos y desapariciones acaecidas en territorio mexicano, ejecutadas por cárteles locales, en ocasiones vinculados con corporaciones del Estado.

Asimismo, Lacruz criticó que las acciones y objetivos del Programa Integral Frontera Sur (PIFS), presentado en agosto 2014 por el gobierno de Enrique Peña Nieto, hayan convertido al Instituto Nacional de Migración (INM) en un ejército de agentes federales con infraestructura para el control y verificación de migrantes, cuyos mayores esfuerzos se con enfocan en la detención y registro de los mismos.

"La manera en la que se materializa la deportación eficaz es en los Caitfs (Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo) que han establecido un cinturón fronterizo adentro del territorio mexicano y hay otros en proyección que ponen una frontera en medio, lo que no afecta sólo a la población migrante sino a toda la población local; estos centros y buena parte de los recursos del programa llegan en forma de cooperación norteamericana con la Iniciativa Mérida y otros programas más opacos".

El investigador advirtió que este despliegue corporativo podría ampliarse hacia una militarización de la zona que responda a mayor control social ante las reformas estructurales implementadas por el gobierno federal, sobre todo la relativa a energéticos, lo que provocará mayores conflictos y enfrentamientos con la ciudadanía.

"Si bien no es ilegal la detención por razones migratorias, desde el punto de vista del derecho internacional, al final, tal y como se practica en países como México, es claramente desproporcionado, es claramente innecesario y es claramente violatorio de los derechos humanos; ni qué decir del caso de los niños, sobre todo los no acompañados y necesitados de protección eso sí que es directamente ilegal, como señala la CIDH", remarcó.

De esta manera también recordó que durante diversas épocas México ha sobresalido a nivel internacional por su acogida de migrantes, como en la década comprendida entre 1930 y 1940, cuando el país recibió a cerca de 80 mil españoles–coherente con el inicio del franquismo–, incluso cuando aún no se establecían los cánones de derecho de asilo global; además, destacó que en los años 80 igualmente albergó a guatemaltecos y chilenos –con la llegada de la dictadura militar de Augusto Pinochet– y a su vez con la guerra civil salvadoreña.

No obstante, concluyó, "lo que el Estado mexicano no asume, que sí hizo en momentos históricos pasados, es su responsabilidad en la crisis de refugiados, no asume los compromisos que tiene firmados, en términos de derecho internacional como en la Convención de Ginebra para personas refugiadas, o instrumentos regionales como La Declaración de Cartagena, o la más reciente Declaración de Brasilia que instan a proteger a las personas refugiadas que llegan a su territorio y que facilite su acogida y llegada".

Durante el intercambio académico se mencionó, además, el beneficio del hampa al interceptar a los migrantes con el tráfico de personas, así como los mecanismos disuasivos de refugio de las diversas instancias encargadas al otorgar permisos temporales y solicitudes de traslados.