Política

Intentan secuestrar a hijo de ex dirigente del SNTE

noviembre 23, 2016

Poza Rica, Ver.- El hijo del ex diputado federal Gaudencio Hernández Burgos fue herido de bala por sujetos desconocidos frente a su domicilio, luego de que impactaran el vehículo en el que se trasladaba junto con su madre, quien resultó ilesa.

Los hechos ocurrieron frente al domicilio del también ex secretario general de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Jaziel Gaudencio conducía la camioneta CRV e iba acompañado de su madre, cuando fueron impactados por un automóvil tipo Versa.

Tras el golpe, los sujetos dispararon en repetidas ocasiones, mientras la esposa de Gaudencio Hernández lograba escapar y salir ilesa, no así su hijo, que recibió disparos en la espalda.

Acto seguido, fue trasladado por sus vecinos a una clínica particular, donde ingresó de inmediato a quirófano. Su estado se reportaba como grave.

El ex diputado federal ha guardado total hermetismo hacia las autoridades que tratan de investigar el móvil, además de que no se había interpuesto la denuncia correspondiente. Trascendió que se pudo tratar de un intento de secuestro.

Impunidad, carta de presentación del nuevo Sistema Penal

Advierte la Barra de Abogados de Poza Rica respecto a los elevados índices de impunidad imperantes en este distrito judicial a partir de mayo de 2015, cuando entrara en vigor el nuevo Sistema Penal Acusatorio; periodo en el que se han registrado más de 800 homicidios dolosos y de los cuales no existen personas vinculadas a proceso y menos sentenciadas.

De acuerdo con el presidente de la Barra de Abogados, Carlos Pantoja de la Cruz, el nuevo Sistema Penal no ha rendido los frutos esperados, primero porque no se cuenta con la infraestructura necesaria, los responsables de la procuración e impartición de justicia son las mismas personas del anterior sistema y no tuvieron la capacitación requerida para el cumplimiento de sus obligación, pero además carecen de las herramientas necesarias. Sin contar que se siguen presentando iguales o peores vicios, documentados.

El abogado destaca los niveles de impunidad que se registran a partir de su implementación en este distrito, que incluye a los municipios de Coatzintla, Cazones, Poza Rica y Tihuatlán. "A la fecha han ocurrido más de 800 homicidios dolosos, de los cuales, no existen procesados, no hay personas vinculadas a proceso y mucho menos sentenciados. Uno de los homicidios que más impactaron a la población fue el de los dos sacerdotes", caso del cual, si bien fueron detenidos los presuntos homicidas, fuera de esta región, no hay una sentencia hasta el momento.

Como este caso, señala, "hay cientos más de personas que fueron privados de la vida y que finalmente no hay sentenciados por estos delitos, la Fiscalía General del Estado (FGE) se ha convertido en mera, estadística; sólo para contabilizar el número de muertos pero no logra integrar carpetas de investigación para poder determinar los responsables". Esto ha permitido que la delincuencia siga cometiendo este tipo de ilícitos porque no hay una consecuencia legal.

Esta situación genera desconfianza entre la ciudadanía, que deja de denunciar los delitos graves, primero porque teme una represalia y segundo, porque anticipa que no se investigará y dará con los responsables.

Señala que en el caso de los homicidios sólo se realizan las primeras diligencias, oficiosas, que es el levantamiento del cadáver y las certificaciones de los médicos legistas, pero fuera de ello las policías ministeriales no realizan más investigaciones; no hay entrevistas con testigos, no hay peritajes.

"Los peritos no cuentan con las herramientas necesarias para realizar su trabajo e inclusive, tienen miedo de investigar, en virtud de que el Estado no les otorga las garantías necesarias, a nadie".

Además, advierte que las Unidades Integrales de Procuración de Justicia se han convertido en un blanco fácil, ya que no cuentan con las medidas de seguridad pertinentes. "En el turno nocturno, el fiscal de guardia llega a estar solo con su auxiliar, no hay mayor vigilancia, lo cual es demasiado riesgoso para ellos mismos".

Mientras tanto, los abogados ven mermada su productividad y por lo tanto en su reputación, ya que las personas buscan la asesoría legal y piden resultados, pero los procesos dependen de las autoridades.

Considera que existe una deficiencia en la procuración y la impartición de justicia, en virtud de que los operadores del sistema siguen siendo los mismos que estaban con el sistema anterior. "Los actuales fiscales, jueces, estaban en el anterior sistema. Es como si la FGE tratara de cargar un nuevo sistema operativo en un computador viejo, por lo que no ha funcionado".

A pesar de que el fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras ha señalado que desde 2014 a la fecha han sido depurados más de 600 elementos de la Fiscalía, Pantoja de la Cruz señala que la mayoría de la veces, los funcionarios que son denunciados por malas prácticas, sólo son cambiados de adscripción e inclusive algunas ocasiones simplemente no sucede nada.