Política

Corrupción

noviembre 23, 2016

Hace unos meses el presidente Peña Nieto definió la corrupción en México como un problema cultural. Es impreciso, la corrupción existe en cualquier sistema de convivencia social política, pero tal la incidencia es completamente distinta entre sociedades; en algunos es alta, como México, en otros, como Suecia, es significativamente menor. El asunto no está en los valores culturales ni en la genética de la población, sino en los arreglos institucionales que la solapan o la combaten. La obligatoriedad de transparencia y su verificación es parte sustantiva de los mecanismos disuasivos que la desalientan.

Cuando la corrupción se presenta en la esfera gubernamental tanto como en la de los particulares no significa que la corrupción sea un problema endémico de una sociedad, sino que la explicación hay que buscarla en la eficiencia y operatividad de las instituciones. Una institucionalidad débil en donde las reglas del juego son maleables por los funcionarios que dirigen las instituciones suele significar una elevación importante en el costo de la honradez.

Está también la corrupción que cumple formalmente con las normas jurídicas, pero que la propia legalidad permite o alienta la corrupción. Es el caso de la permisividad de márgenes de discrecionalidad administrativa no sometidos a control y vigilancia de agencias independientes.

La corrupción como constante en los intercambios sociales no obedece, pues, a un mal intrínseco en la cultura de los pueblos, sino a la reproducción de reglas que alientan los acuerdos informales para acelerar o evadir trámites o sanciones por faltas cometidas. Eso, es debilidad institucional; cuando los incentivos para los arreglos informales y las apropiaciones patrimonialistas del dinero y bienes públicos son incentivados por la improbabilidad del castigo o cuando la eventual sanción es compensada por los beneficios obtenidos en arreglos informales al margen de las reglas del juego.

Es precisamente esa debilidad institucional la que ha permitido el arribo, reproducción y permanencia de varias administraciones paradigmáticamente corruptas en Veracruz en un ambiente favorable propiciado por la poca participación en los asuntos públicos de una sociedad agraviada tanto por las administraciones como por su propia indiferencia.